Proponen renunciar a la cláusula RUFO

Proponen renunciar a la cláusula RUFO

Bonistas que aceptaron la reestructuración trabajan con un banco en una propuesta firme

22 Agosto 2014
NUEVA YORK.- Un grupo de bonistas reestructurados de deuda argentina están trabajando para remover la cláusula llamada RUFO, que impide que el emisor ofrezca mejores términos a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda, uno de los obstáculos para que el país llegue a un acuerdo con fondos que la demandaron.

Argentina, que cayó en cesación de pagos tras no llegar a un acuerdo con los acreedores holdouts, ha argumentado que la cláusula no le permite ofrecer mejores términos a los acreedores no reestructurados que a los que acudieron a los canjes de 2005 y 2010.

Christopher Clark, un socio del bufete Latham & Watkins, que asesora a bonistas con más de 5.200 millones de euros en deuda argentina, dijo a IFR que están trabajando en una solicitación de consentimiento por la cláusula.

“Estamos avanzando y trabajando con Deutsche Bank para progresar lo más rápido que sea posible en solicitación”, dijo Clark a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Si esto sucede, el país latinoamericano tendría la chance de acercar posiciones y de salir del entuerto legal en el que los dejó el juez de Nueva York Thomas Griesa, cuando convalidó un reclamo judicial de los acreedores que no aceptaron ninguno de los canjes que ofreció el gobierno de Argentina.

Ante esta situación, el magistrado de Estado Unidos impidió que el país que gobierna Cristina Fernández de Kirchner realice los pagos los acreedores que si aceptaron la reestructuración de la deuda. Por ello, los acreedores que tienen los títulos reestructurados buscan la forma de destrabar los pagos. En esta cesación de pagos, Argentina depositó los fondos en los bancos de Estados Unidos para que cobren los acreedores, pero Griesa impide que sean entregados hasta tanto no se cumpla con su fallo judicial.

Desde que esto sucedió, hace más de dos meses, acreedores y funcionarios del gobierno argentino buscan una forma de limitar los efectos de la cesación de pagos sin poder conseguirlo hasta el momento. (Reuters-Especial)

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