20 Agosto 2014
JUSTIFICACIÓN. Vanoli debió salir ayer a reconocer que la jefa de Estado mezcló una ley que pena la especulación con el financiamiento al terrorismo. telam (archivo)
BUENOS AIRES.- El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, salió a aclarar ayer que hablar de la aplicación de la Ley Antiterrorista contra la imprenta Donnelley (cuya casa matriz tiene domicilio en Delaware, Estados Unidos) fue una “confusión”, y aseguró que el planteo judicial realizado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) es por la presunta “quiebra fraudulenta” de la firma.
Los dichos de Vanoli se producen justo cuando la oposición busca firmar un dictamen para derogar la ley, que ya se sancionó en medio de una fuerte polémica.
“Se derivó una confusión a partir del uso del término antiterrorista. La denuncia que estaría haciendo la AFIP tiene que ver con quiebra fraudulenta, que se está investigando en el juzgado del juez Daniel Rafecas”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Del Plata.
Vanoli añadió que “como derivación de la quiebra fraudulenta podría llegar a aplicarse un artículo del Código Penal, el 309, de la Ley 26.733, que es la Ley de Delitos Económicos y penaliza prácticas fraudulentas”.
“Esa ley fue aprobada en conjunto con la Ley de Financiamiento del Terrorismo, la posterior, la 26.734 y de ahí deriva la confusión. Esto no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, aclaró.
Vanoli, que también se encargó de desmentir el tema en otra entrevista en radio Nacional. “No hay ninguna actuación antiempresaria, este Gobierno es el que más ha favorecido a las empresas”, afirmó el funcionario.
En rigor, la que habló de “Ley Antiterrorista” en contra de Donnelley fue la presidenta, Cristina Fernández, el 14 de agosto último, durante el acto de lanzamiento del “Plan Vivir Más Cerca”, en la Casa Rosada (Ver: “Una conspiración”).
La jefa de Estado vinculó a los dueños de la imprenta de capitales estadounidenses con los “fondos buitre” y alertó que pretendían poner al Gobierno “de rodillas”.
Hasta EEUU
Vanoli, en cambio, sí ratificó la decisión del Gobierno nacional de denunciar el caso Donnelley ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). “Es una empresa que cotiza en EEUU, y ante la posibilidad de una quiebra fraudulenta, es imprescindible y nuestro deber de lealtad con un organismo par, como la SEC, dar información de lo que sucede”, justificó. “El juez de la quiebra garantizará que la empresa siga en marcha y los trabajadores sigan con trabajo”, indicó Vanoli.
Quieren derogarla
La oposición aprobó ayer, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, un dictamen para tratar en el recinto la derogación de la Ley Antiterrorista. La iniciativa fue votada por la mayoría de los partidos anti “K” que integran el cuerpo, que encabeza Patricia Bullrich (PRO), excepto el Frente Renovador, que decidió presentar un dictamen propio. Sin embargo, se prevé que el tratamiento en Diputados sea adverso a la oposición, ya que el Frente para la Victoria conserva la mayoría en la Cámara Baja. (DyN)
Los dichos de Vanoli se producen justo cuando la oposición busca firmar un dictamen para derogar la ley, que ya se sancionó en medio de una fuerte polémica.
“Se derivó una confusión a partir del uso del término antiterrorista. La denuncia que estaría haciendo la AFIP tiene que ver con quiebra fraudulenta, que se está investigando en el juzgado del juez Daniel Rafecas”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Del Plata.
Vanoli añadió que “como derivación de la quiebra fraudulenta podría llegar a aplicarse un artículo del Código Penal, el 309, de la Ley 26.733, que es la Ley de Delitos Económicos y penaliza prácticas fraudulentas”.
“Esa ley fue aprobada en conjunto con la Ley de Financiamiento del Terrorismo, la posterior, la 26.734 y de ahí deriva la confusión. Esto no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, aclaró.
Vanoli, que también se encargó de desmentir el tema en otra entrevista en radio Nacional. “No hay ninguna actuación antiempresaria, este Gobierno es el que más ha favorecido a las empresas”, afirmó el funcionario.
En rigor, la que habló de “Ley Antiterrorista” en contra de Donnelley fue la presidenta, Cristina Fernández, el 14 de agosto último, durante el acto de lanzamiento del “Plan Vivir Más Cerca”, en la Casa Rosada (Ver: “Una conspiración”).
La jefa de Estado vinculó a los dueños de la imprenta de capitales estadounidenses con los “fondos buitre” y alertó que pretendían poner al Gobierno “de rodillas”.
Hasta EEUU
Vanoli, en cambio, sí ratificó la decisión del Gobierno nacional de denunciar el caso Donnelley ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). “Es una empresa que cotiza en EEUU, y ante la posibilidad de una quiebra fraudulenta, es imprescindible y nuestro deber de lealtad con un organismo par, como la SEC, dar información de lo que sucede”, justificó. “El juez de la quiebra garantizará que la empresa siga en marcha y los trabajadores sigan con trabajo”, indicó Vanoli.
Quieren derogarla
La oposición aprobó ayer, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, un dictamen para tratar en el recinto la derogación de la Ley Antiterrorista. La iniciativa fue votada por la mayoría de los partidos anti “K” que integran el cuerpo, que encabeza Patricia Bullrich (PRO), excepto el Frente Renovador, que decidió presentar un dictamen propio. Sin embargo, se prevé que el tratamiento en Diputados sea adverso a la oposición, ya que el Frente para la Victoria conserva la mayoría en la Cámara Baja. (DyN)
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