20 Agosto 2014
Aleardo Laría - Columnista de DyN
BUENOS AIRES.- El esfuerzo presidencial por encubrir la realidad económica y social ha dado lugar a un nuevo acto de prestidigitación. Como el anuncio de Cristina Fernández (CFK) de aplicar la Ley Antiterrorista a la filial de una empresa estadounidense lucía desatinado, tuvo que salir el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a desmentirlo. Todo fue por una “confusión”, alegó, pero el video del discurso presidencial no deja dudas sobre el propósito original de CFK. La costumbre de improvisar contribuyó al desaguisado.
La Presidenta, en su alocución del 14 de agosto, dijo que aplicaría la Ley Antiterrorista (26.734), pero invocó -erróneamente- el artículo 309 de la Ley 26.733, que penaliza la intermediación financiera ilegal. En realidad, quería citar el artículo 308 de esa Ley, que se refiere a las maniobras para modificar los precios de las acciones utilizando noticias falsas, combinándolo con el artículo 3 de la Ley 26.734, que incrementa las escalas de los delitos cuando se cometen para aterrorizar a la población.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella añadió luego otro disparate al respaldar los fundamentos de la acusación y anunciar que el organismo va a ir por los activos internacionales de la compañía.
Sorprende la endeblez del argumento “K”, de que habría un “entramado mafioso internacional” para crear “un clima de pánico y terror en la población” con el cierre de empresas, añadiendo que el “caso Donnelley” fue una maniobra de los “fondos buitre”.
Además, la decisión de la empresa no fue sorpresiva, ya que Donnelley advirtió de su situación en septiembre de 2013, proponiendo una “recuperación productiva” y un “plan preventivo de crisis” que fue rechazado por la Comisión Interna. Ahora bien. La Presidenta afirma que a su izquierda está solo la pared, ignorando a los grupos sindicales de izquierda anticapitalista que están medrando con la crisis.
De este modo, las empresas se ven acosadas por la intransigencia sindical, que en su fantasía aspira al “control obrero”, y por los desvaríos de una Presidenta que amenaza con aplicarles la Ley Antiterrorista si enfrentan una situación de insolvencia a la que han sido empujadas por la actuación irresponsable sindical. En este clima y con estos antecedentes, se aspira que vengan empresas multinacionales a invertir en Vaca Muerta. Suena raro ¿no? (DyN)
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