Jugada oficial: apuntan a congelar fondos buitre

Jugada oficial: apuntan a congelar fondos buitre

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hizo lugar a presentaciones realizadas por Argentina y el Citibank, en contra de la decisión del juez Griesa de habilitar el pago a tenedores reestructurados “por única vez” de títulos emitidos bajo legislación nacional. La UIF justificó la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso de la imprenta Donnelley

FOCO DE CONFLICTO. La imprenta Donnelley, que se presentó en quiebra, se convirtió en el centro de la pelea entre el Gobierno y los fondos buitre. reuters FOCO DE CONFLICTO. La imprenta Donnelley, que se presentó en quiebra, se convirtió en el centro de la pelea entre el Gobierno y los fondos buitre. reuters
16 Agosto 2014
BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional movió otra pieza en la partida del ajedrez jurídico-político con los fondos buitre. La denuncia penal anunciada por la presidenta, Cristina Fernández, para que se aplique la llamada Ley Antiterrorista en el caso de la imprenta Donnelley, por una supuesta quiebra fraudulenta, tendría a uno de los representantes de los holdouts relacionado con esa empresa multinacional.

La denuncia ante la Justicia federal por “alteración al orden económico y financiero”, también se la presentó ante la SEC (la comisión de valores estadounidense), a la que Donnelley informó de su quiebra, donde “tendrán que justificar la pérdida de U$S 20 millones”, dijo el jueves la Presidenta.

Ayer, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, explicó los alcances de la presentación. Afirmó que si el juez acepta la figura de “terrorismo” en la denuncia contra la gráfica Donnelley, pedirá el congelamiento de los activos de sus accionistas en la Argentina y en el resto de los países miembro del GAFI. Este Grupo de Acción Financiera Internacional lo integran 26 países, incluido EEUU, y dos organismos internacionales: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Lo que permite la ley

“Si el juez acepta la figura de terrorismo, a nosotros nos habilita como UIF a pedir el congelamiento de los fondos”, remarcó Sbatella.

El funcionario explicó que cuando en una causa aparece la figura de terrorismo, la UIF tiene que actuar. Precisó que es el organismo encargado de “accionar contra el financiamiento” de estos delitos.

Luego apuntó que la ley permite que se congelen los fondos de los terroristas, y añadió: “también que los implicados pasen a formar parte de un listado internacional”.

“Por lo tanto, podemos pedir al resto de los países del GAFI que también congelen los fondos”, advirtió Sbattella, en referencia a los fondos buitre involucrados en la supuesta maniobra.

Cristina señaló el jueves al hablar en la Casa Rosada que el fondo buitre NML, de Paul Singer, uno de los litigantes y al que el juez Thomas Griesa les dio la razón, transfirió el 13% de una multinacional que está en la Argentina al fondo de inversión Blackrock, propietaria de acciones de Donnelley, con lo cual estimó que “hay un entramado casi mafioso a nivel internacional”.

En coincidencia con la mandataria argentina, Sbattella subrayó que un grupo de empresas que integran los fondos buitre en el país, intenta aterrorizar a la población, tratando de poner en jaque al Gobierno nacional.

“Ellos utilizan el camino del enriquecimiento basado en la estrategia de la extorsión”, puntualizó el titular de la UIF, quien afirmó que la empresa gráfica denunciada “hizo una quiebra fraudulenta, con el agravante de aterrorizar a la población”.

Destacó que “en la acción de la empresa, está el ataque al orden económico y financiero, pero también la extorsión”, y precisó que “son las amenazas que hizo públicamente el dueño de esta empresa”.

La Presidenta había señalado que la imprenta, que cerró las puertas de su filial en la Argentina hace 10 días y dejó en la calle a 400 trabajadores, pidió “la quiebra el viernes 8 de agosto y el auto de quiebra salió el lunes 11; fue una quiebra expres”. “Hasta el juez Griesa es más lento”, ironizó Cristina y agregó: ”aquellos que quieran una quiebra rápida, ya saben dónde ir”.

Según el Gobierno nacional, Donnelley no presentaba problemas financieros y tenía todos sus papeles al día, por lo que a partir de esos datos decidió aplicar por primera vez la llamada ley antiterrorista.

La operatoria

“Parece muy fuerte la figura utilizada, pero es la única que pone en tela de juicio todas las actitudes de los fondos buitre en sus propiedades a nivel internacional”, aseguró Sbatella.

En declaraciones radiales, el funcionario agregó que la operatoria de los fondos buitre a través de sus empresas repartidas en el mundo es siempre la misma: “desestabilizar, hacer bajar acciones, tenerlas y luego cobrarles a los países por valores que no pueden pagar nunca”.

En este sentido, remarcó que el cierre de empresas (como en este caso la quiebra) es una de las herramientas que utilizan para “desestabilizar países”, como intentan hacerlo con la Argentina.

Sbatella explicó que el pedido de aplicación de la Ley Antiterrorista fue en base a dos cuestiones legales: el delito precedente y el agravante. “En este caso existe un delito precedente, que es la estafa fraudulenta, y un agravante, que es el hecho de que se atemorice a la población con el default y se impida al Estado nacional hacer un acto, o dejar de hacerlo”, consignó el funcionario.

Sbatella resaltó la importancia de que la Argentina tenga esta ley que contempla delitos económicos y advirtió que además de Donnelley, “hay otras empresas de los fondos buitre con operaciones en nuestro país, que ya están identificadas”. (Télam)

Comentarios