Abogados niegan la experiencia de Jiménez

Sólo faltan trámites formales para que Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia alperovichista, empiece a desempeñarse como ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Ante la inminente asunción del futuro jefe de los fiscales penales provinciales, el Colegio de Abogados salió a expresarse “en alerta”, y advirtió que denunciará “el avasallamiento” del Poder Ejecutivo sobre la Justicia en organismos nacionales e internacionales. “No se le conocen actitudes concretas de independencia ni imparcialidad”, afirmaron los letrados Francisco García Posse (presidente) y Rodolfo Moisá (prosecretario) en un comunicado de prensa.

Además, objetaron los dichos de Jiménez, quien había señalado que posee “más años en la Justicia que en la política”. “Esto no responde en absoluto a la verdad. Por el contrario, es necesario tener en cuenta que como secretario de Gobierno (período 1992/1995) y ministro de Gobierno (2003/2014) acredita 14 años, durante los cuales ha tenido directa intervención en la designación de más de la mitad de los magistrados y fiscales que hoy están en ejercicio de sus funciones”, dijeron García Posse y Moisá.

La semana pasada, la Legislatura aprobó el pliego -elevado por el gobernador- para la designación de Jiménez como ministro fiscal, en reemplazo del jubilado Luis De Mitri. En opinión del Colegio de Abogados, “la llegada a un alto cargo del Poder Judicial de un funcionario y militante político proveniente del riñón del Gobierno sólo puede tener el propósito de borrar los límites que establece el régimen republicano”. “Con este modo de obrar, los ciudadanos verán consagrada la impunidad más abyecta”, agregaron los letrados.

También se mostraron preocupados por la conformación de la Junta Electoral Provincial (JEP), que tendrá entre sus miembros al presidente de la Corte (Antonio Gandur), al vicegobernador (el cargo lo ejerce el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado) y al ministro fiscal. La incorporación de Jiménez a este órgano generó rechazo entre los abogados. “La pertenencia (del ex funcionario alperovichista) a la JEP instala el fundado temor a una actuación desequilibrada y proclive a beneficiar al partido político al cual pertenece”, indicaron García Posse y Moisá. Remarcaron que cumplirá el rol de jefe de los investigadores penales. “La designación de Jiménez constituye una grave injerencia del PE en la Justicia, que a despecho del principio de separación y equilibrio de los poderes del Estado, compromete su independencia”, añadieron.