Por Roberto Delgado
08 Agosto 2014
La impunidad, esa palabra que late dolorosamente en Tucumán en casos como el asesinato de Paulina Lebbos, está asentada silenciosa y masivamente en el sistema de investigación penal. Edmundo Jiménez dio una confusa pero sintomática interpretación de la palabra al responsabilizar a los jueces por la condena o la liberación y quitar responsabilidad a los fiscales, y puso el dedo en la llaga: para él, la impunidad está al final del proceso.
Casualmente, el mismo día de sus declaraciones -el martes pasado- sentenciaron a 20 años de prisión a “Garrón” Romero, el autor del homicidio de Silvia Castillo de Roselló. Y en el juicio se supo que un tiroteo en el barrio Juan XXIII, una causa conexa al crimen, jamás había sido investigado. La pesquisa dormía en la Fiscalía II, entonces a cargo del hoy jubilado Carlos Albaca, a quien Alberto Lebbos señala como el garante de la impunidad en el asesinato de su hija.
Esa casualidad de la falta de investigación de un tiroteo puede convertirse en tendencia si se escarba un poquito en otros casos. Entre los más notorios de los últimos tiempos, están el de la adolescente violada por su cuñado, y cuya pesquisa durmió seis años en un cajón de una fiscalía, hasta que fue descubierto de casualidad por la nueva fiscala -hace pocas semanas el cuñado abusador fue condenado-; y la causa de la desaparecida Pamela Laime, buscada desde 2000 y asesinada y enterrada como NN en el cementerio del Norte. Pésimos contactos entre fiscales, por no hablar de mala pesquisa judicial, generan suspicacias en el hecho de que en aquellos mismos días del año 2000 no se haya vinculado una desaparición con el hallazgo de un cuerpo asesinado a hachazos.
Esas casualidades forman parte de un todo bastante inquietante, que fue señalado con dureza por el fiscal de Concepción Edgardo Sánchez en octubre pasado, durante la reunión de la Comisión de Reforma del Código Penal. Dijo que el sistema escritural burocrático sigue la lógica del expediente, que atrasa el proceso -en promedio, las investigaciones duran no menos de cuatro meses, explicó-; no hay estadísticas ni controles a esas investigaciones (lo cual debería hacer el ministro fiscal) y los fiscales no atienden debidamente el interés y los problemas de la víctima. No sólo eso: especificó que el sistema escritural y burocrático, lleno de recursos y apelaciones, está agravado por la existencia de una sola Cámara de Apelaciones (que entiende en los recursos de más de 54.000 casos al año) y afecta negativamente la realización de los juicios orales.
Edmundo Jiménez no desconoce este informe del fiscal Sánchez, puesto que el ex ministro de Gobierno integra la Comisión de Reforma del Código Penal.
Hay quienes dirán que se trata del sistema. La fiscala Adriana Giannoni se quejó de que no ven las caras a las víctimas, que archivan arbitrariamente el 60% de las causas, que firma 300 causas por día y que elevan causas a juicio sin saber cómo las defenderán.
La camarista María del Pilar Prieto reclama, por su parte, porque en los juicios se ven obligados a dictar un alto grado de absoluciones a causa de investigaciones mal hechas. Dice que sólo su cámara dictó 32 absoluciones en los últimos tiempos y sostiene que si hay causas bien investigadas se debe a la casualidad, a fiscales que son la excepción, porque -sostiene- ni ellos ni los ayudantes fiscales van a los lugares de los hechos, escudados en la burocracia de sus oficinas. Y reclama control de parte del Ministerio Público: afirma que el ex ministro fiscal Luis De Mitri jamás lo ejerció.
Lo seguro es que el sistema ayuda a que cualquier malintencionado en la Justicia encubra cosas, y es trabajo del ministro fiscal evitarlo, en vez de acusar al último eslabón de la cadena de un sistema colapsado. Impunidad es una palabra demasiado grande para ponerla al final del proceso. Está envenenando todo.
Casualmente, el mismo día de sus declaraciones -el martes pasado- sentenciaron a 20 años de prisión a “Garrón” Romero, el autor del homicidio de Silvia Castillo de Roselló. Y en el juicio se supo que un tiroteo en el barrio Juan XXIII, una causa conexa al crimen, jamás había sido investigado. La pesquisa dormía en la Fiscalía II, entonces a cargo del hoy jubilado Carlos Albaca, a quien Alberto Lebbos señala como el garante de la impunidad en el asesinato de su hija.
Esa casualidad de la falta de investigación de un tiroteo puede convertirse en tendencia si se escarba un poquito en otros casos. Entre los más notorios de los últimos tiempos, están el de la adolescente violada por su cuñado, y cuya pesquisa durmió seis años en un cajón de una fiscalía, hasta que fue descubierto de casualidad por la nueva fiscala -hace pocas semanas el cuñado abusador fue condenado-; y la causa de la desaparecida Pamela Laime, buscada desde 2000 y asesinada y enterrada como NN en el cementerio del Norte. Pésimos contactos entre fiscales, por no hablar de mala pesquisa judicial, generan suspicacias en el hecho de que en aquellos mismos días del año 2000 no se haya vinculado una desaparición con el hallazgo de un cuerpo asesinado a hachazos.
Esas casualidades forman parte de un todo bastante inquietante, que fue señalado con dureza por el fiscal de Concepción Edgardo Sánchez en octubre pasado, durante la reunión de la Comisión de Reforma del Código Penal. Dijo que el sistema escritural burocrático sigue la lógica del expediente, que atrasa el proceso -en promedio, las investigaciones duran no menos de cuatro meses, explicó-; no hay estadísticas ni controles a esas investigaciones (lo cual debería hacer el ministro fiscal) y los fiscales no atienden debidamente el interés y los problemas de la víctima. No sólo eso: especificó que el sistema escritural y burocrático, lleno de recursos y apelaciones, está agravado por la existencia de una sola Cámara de Apelaciones (que entiende en los recursos de más de 54.000 casos al año) y afecta negativamente la realización de los juicios orales.
Edmundo Jiménez no desconoce este informe del fiscal Sánchez, puesto que el ex ministro de Gobierno integra la Comisión de Reforma del Código Penal.
Hay quienes dirán que se trata del sistema. La fiscala Adriana Giannoni se quejó de que no ven las caras a las víctimas, que archivan arbitrariamente el 60% de las causas, que firma 300 causas por día y que elevan causas a juicio sin saber cómo las defenderán.
La camarista María del Pilar Prieto reclama, por su parte, porque en los juicios se ven obligados a dictar un alto grado de absoluciones a causa de investigaciones mal hechas. Dice que sólo su cámara dictó 32 absoluciones en los últimos tiempos y sostiene que si hay causas bien investigadas se debe a la casualidad, a fiscales que son la excepción, porque -sostiene- ni ellos ni los ayudantes fiscales van a los lugares de los hechos, escudados en la burocracia de sus oficinas. Y reclama control de parte del Ministerio Público: afirma que el ex ministro fiscal Luis De Mitri jamás lo ejerció.
Lo seguro es que el sistema ayuda a que cualquier malintencionado en la Justicia encubra cosas, y es trabajo del ministro fiscal evitarlo, en vez de acusar al último eslabón de la cadena de un sistema colapsado. Impunidad es una palabra demasiado grande para ponerla al final del proceso. Está envenenando todo.
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