Por Álvaro José Aurane
26 Julio 2014
En Derecho, moral y política (su monografía póstuma), el enorme jurista argentino Carlos Nino emprendió una cruzada contra el positivismo, para el cual el derecho no tiene nada que ver con la moral ni con la política. No le incumbe lo que “debería ser”. Sólo está para ser aplicado porque lo respalda la fuerza del Estado, más allá de si es derecho justo o injusto.
Nino se mostró hostil contra esto. Sostuvo que el derecho está atravesado por la moral y la política. Por eso, nuestra Constitución Nacional habla de “justicia” y de “igualdad”. Son la política y la moral las que han impugnado leyes de facto, las que han abolido leyes de la democracia en favor de abominables protagonistas de la dictadura, y las que influyeron para fulminar institutos infames introducidos por la reforma alperovichista en la Constitución tucumana.
Lo de Nino no es mera teoría. Que el derecho pueda concebirse como un producto ajeno a la política o la moral, o como creación que porta política y moral en su ADN, determina dos grupos de ideas justificatorias de la democracia.
En un lado, ubicó las concepciones que se enfocan en el interés particular de los individuos y que son pesimistas respecto de que la democracia pueda enaltecerse cambiando ese individualismo por mayor imparcialidad. Sus defensores presuponen un escepticismo ético, con justificaciones de la democracia moralmente neutras. La política democrática se vería como un área de la actividad social independiente de la moral, en la que no se trataría de determinar qué soluciones para los conflictos sociales fueran justas, o moralmente correctas, sino, simplemente, de llegar a acuerdos y equilibrios entre los diversos intereses en pugna, advierte Nino.
En ese lado está la concepción de democracia del poder tucumano, así como el derecho provincial. Lo probó el martes la Legislatura.
Fábricantes de antinomias
Plantea Nino que hay cuestiones innegociables. Puestos en pugna, un esclavista y un abolicionista no aceptarán equilibrio alguno. Ninguno admitirá que una persona pueda ser libre durante un tiempo y esclava durante otro tanto. Pero en Tucumán todo se relativiza. Hasta el punto de fabricar antinomias impensables.
La Legislatura pautó que el derecho a tener vivienda colisiona con el deber de los gobernantes de administrar con transparencia los dineros públicos. En un hecho que divorcia derecho y moral pública, el oficialismo alumbró una especie única de derecho: la ley que no manda.
El objeto de la norma es el barrio Manantiales Sur: 2.500 viviendas a cargo de constructoras que no ganaron la contratación mediante licitación pública. El alperovichismo resolvió financiar esas empresas que él mismo eligió con un aporte no reintegrable de $ 30 millones, una medida de legalidad infinitamente dudosa. Así que decidieron brindar argumentos morales: a cambio de esa plata, el Estado exigirá que se adelanten los plazos de entrega y eso obligará a las firmas a contratar más personal, así que habrá más trabajo digno para los tucumanos.
Entonces aprobaron la ley que faculta al Ejecutivo a suscribir el siguiente convenio con los contratistas: “acordar, de ser posible, un adelantamiento de la fecha de finalización de las obras”. ¿De ser posible? O sea, les regalan $ 30 millones a condición de que, de ser posible, cumplan con lo que el gobernador no planteó como posibilidad sino como exigencia. De no ser posible, ahí tienen los $ 30 millones igual.
Tucumán es cuna de la potencial legalidad.
En el orden nacional, a un vicepresidente lo procesan por presuntas maniobras con una imprenta de billetes a nombre de supuestos testaferros. Aquí, sólo citarán a declarar a un funcionario nacional denunciado de presunto enriquecimiento ilícito con bienes a su nombre consignados en su declaración jurada, de ser posible. Si no, lo declararán inocente, nomás.
Aquí, la Justicia ordena tomar muestras de ADN a todos los mencionados en las hipótesis del aberrante crimen de Paulina Lebbos, de ser posible. Si no, algún hijo del poder se declarará a disposición de la Justicia pero seguirá sin someterse a esa prueba un mes después.
Aquí, en 2009, la Corte pidió el juicio político para una fiscala de Concepción por considerar que incurrió, en forma reiterada, en falta de cumplimiento de las funciones a su cargo. Este año, la Corte sumarió a un fiscal de la capital y determinó que incurrió en reiteradas irregularidades, retrasos inexplicables, inacción infundada, que afectaron en forma esencial la adecuada resolución de los hechos del caso (de Paulina), pero no pidió la destitución, sino que lo investigara un juez, así que el cuestionado funcionario judicial tuvo tiempo para jubilarse con el 82% móvil. En siete años, ese fiscal sólo acusó a una persona en la causa “Lebbos”: culpó a la víctima de “intrépida sexual”. Porque aquí esclarecerán ese homicidio e irá preso alguien más que un ladrón de gallinas, de ser posible. Si no, renta previsional anual de 600.000 pesos.
Aquí, un ministro provincial ordena pagarle $ 800.000 a una fundación que, de ser posible, existe. Si no, ordena el pago igual. Y alguien con voz y léxico idéntico al de un legislador oficialista dirá que hay irregularidades en todas las cooperativas del plan Argentina Trabaja, y que una ministra se encarga de “tapar” los presuntos entuertos. De ser posible, no será un parlamentario hijo de un ministro (esa supuesta confesión clandestina sería tan grave como imaginar, siquiera, una hipotética comida secreta entre el gobernador tucumano y el jefe de Gobierno porteño en la casa del vicegobernador de la provincia). Si no, el mandatario provincial prometerá una auditoría, cuando en realidad ya había sido dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación...
De ser posible, todos son iguales ante la ley.
El valor de lo impersonal
Si no sorprende que la democracia pavimentadora invoque razones de moral pública para alumbrar normas que de eso no tienen nada, sí resulta pasmoso que plasme disvalores en el espíritu de las leyes. Ocurrió, también, alrededor de “Manantiales Sur”, pero en otra disposición parlamentaria: la que amplió los límites de la capital para mudar ese barrio a un municipio.
Eso sí, los disvalores no fueron sólo los referidos en las denuncias de radicales, republicanos y demócrata-cristianos acerca de que todo se reduce a una desvergonzada maniobra electoral para incorporar nuevos electores a un distrito donde el oficialismo perdió en octubre. Tampoco se trató de los reparos del amayismo, que denunció que jamás le consultaron la medida ni le dijeron cuánto presupuesto le agregarán para atender la nueva circunscripción. Por cierto, esa escaramuza le puso algo de color a la afásica política comarcana, con José Alperovich declarando “roñosa” la capital, y Domingo Amaya renegando de los obsecuentes. Pero en el peronismo local no hay ruptura a través de los medios, sino de las encuestas. En los pasillos gubernamentales pretenden que a Hugo Haime le encargaron que volviera a medir al intendente capitalino (víctima de un ataque más que colorado en Amaicha del Valle). En los resultados de esa muestra comenzará a gestarse la reconciliación definitiva o la pelea final.
Lo grave de la ley que agranda la capital radicó en buena parte de los argumentos oficialistas, que se sintetizan en que Manantiales Sur debía pasar a la capital para gozar de más y mejores servicios que los que recibiría si se mantuviera fuera de San Miguel de Tucumán.
Es decir oficializaron que Tucumán tiene dos clase de ciudadanos: los capitalinos y los de segunda. Los vecinos del interior, que tienen más representantes en la Legislatura (30) que los citadinos (19), sólo van a recibir servicios de primera si vuelvan a ampliar los límites capitalinos para que abarquen toda la superficie provincial. ¿Qué clase de política es, exactamente, la que naturaliza semejante desigualdad? ¿Cuál moral pública es la que reinterpreta el principio de igualdad para aclarar, en los hechos, que algunos son más iguales que otros?
Si es difícil acertar cuál es la verdad, no es tan complicado advertir que todo es mentira. El oficialismo dice que el cambio llevará bienestar a Manantiales Sur, mientras el gobernador casi declara la capital como hábitat insalubre. Mientras, ya se cocina -cuanto menos en la Legislatura- la idea de ampliar los límites municipales de Yerba Buena, el otro municipio donde el alperovichismo conoció la derrota hace 10 meses, para anexarle la populosa Villa Carmela.
Ciertas instituciones (la representación, la división de poderes, la descentralización territorial y el consentimiento periódico del electorado políticamente activo) son mecanismos que impiden la monopolización del poder por parte de algún grupo de interés, enseñó Nino. Estaba contrapesando las teorías justificatorias de la democracia para las cuales no hay diferencias relevantes entre los intereses económicos y los sociales. Justificaciones que adoran los partidos políticos identificados con grupos económicos.
Nino les formuló una objeción general: no distinguen entre los intereses personales, que benefician al individuo y sus allegados, de los intereses impersonales. Estos son preferencias acerca de estados de cosas que son considerados buenos o justos para el conjunto de la sociedad, definió. Las teorías justificatorias de la democracia que los reivindican son la soberanía popular y la democracia deliberativa. Para ellas, moral, política y derecho no son antónimos.
Nino se mostró hostil contra esto. Sostuvo que el derecho está atravesado por la moral y la política. Por eso, nuestra Constitución Nacional habla de “justicia” y de “igualdad”. Son la política y la moral las que han impugnado leyes de facto, las que han abolido leyes de la democracia en favor de abominables protagonistas de la dictadura, y las que influyeron para fulminar institutos infames introducidos por la reforma alperovichista en la Constitución tucumana.
Lo de Nino no es mera teoría. Que el derecho pueda concebirse como un producto ajeno a la política o la moral, o como creación que porta política y moral en su ADN, determina dos grupos de ideas justificatorias de la democracia.
En un lado, ubicó las concepciones que se enfocan en el interés particular de los individuos y que son pesimistas respecto de que la democracia pueda enaltecerse cambiando ese individualismo por mayor imparcialidad. Sus defensores presuponen un escepticismo ético, con justificaciones de la democracia moralmente neutras. La política democrática se vería como un área de la actividad social independiente de la moral, en la que no se trataría de determinar qué soluciones para los conflictos sociales fueran justas, o moralmente correctas, sino, simplemente, de llegar a acuerdos y equilibrios entre los diversos intereses en pugna, advierte Nino.
En ese lado está la concepción de democracia del poder tucumano, así como el derecho provincial. Lo probó el martes la Legislatura.
Fábricantes de antinomias
Plantea Nino que hay cuestiones innegociables. Puestos en pugna, un esclavista y un abolicionista no aceptarán equilibrio alguno. Ninguno admitirá que una persona pueda ser libre durante un tiempo y esclava durante otro tanto. Pero en Tucumán todo se relativiza. Hasta el punto de fabricar antinomias impensables.
La Legislatura pautó que el derecho a tener vivienda colisiona con el deber de los gobernantes de administrar con transparencia los dineros públicos. En un hecho que divorcia derecho y moral pública, el oficialismo alumbró una especie única de derecho: la ley que no manda.
El objeto de la norma es el barrio Manantiales Sur: 2.500 viviendas a cargo de constructoras que no ganaron la contratación mediante licitación pública. El alperovichismo resolvió financiar esas empresas que él mismo eligió con un aporte no reintegrable de $ 30 millones, una medida de legalidad infinitamente dudosa. Así que decidieron brindar argumentos morales: a cambio de esa plata, el Estado exigirá que se adelanten los plazos de entrega y eso obligará a las firmas a contratar más personal, así que habrá más trabajo digno para los tucumanos.
Entonces aprobaron la ley que faculta al Ejecutivo a suscribir el siguiente convenio con los contratistas: “acordar, de ser posible, un adelantamiento de la fecha de finalización de las obras”. ¿De ser posible? O sea, les regalan $ 30 millones a condición de que, de ser posible, cumplan con lo que el gobernador no planteó como posibilidad sino como exigencia. De no ser posible, ahí tienen los $ 30 millones igual.
Tucumán es cuna de la potencial legalidad.
En el orden nacional, a un vicepresidente lo procesan por presuntas maniobras con una imprenta de billetes a nombre de supuestos testaferros. Aquí, sólo citarán a declarar a un funcionario nacional denunciado de presunto enriquecimiento ilícito con bienes a su nombre consignados en su declaración jurada, de ser posible. Si no, lo declararán inocente, nomás.
Aquí, la Justicia ordena tomar muestras de ADN a todos los mencionados en las hipótesis del aberrante crimen de Paulina Lebbos, de ser posible. Si no, algún hijo del poder se declarará a disposición de la Justicia pero seguirá sin someterse a esa prueba un mes después.
Aquí, en 2009, la Corte pidió el juicio político para una fiscala de Concepción por considerar que incurrió, en forma reiterada, en falta de cumplimiento de las funciones a su cargo. Este año, la Corte sumarió a un fiscal de la capital y determinó que incurrió en reiteradas irregularidades, retrasos inexplicables, inacción infundada, que afectaron en forma esencial la adecuada resolución de los hechos del caso (de Paulina), pero no pidió la destitución, sino que lo investigara un juez, así que el cuestionado funcionario judicial tuvo tiempo para jubilarse con el 82% móvil. En siete años, ese fiscal sólo acusó a una persona en la causa “Lebbos”: culpó a la víctima de “intrépida sexual”. Porque aquí esclarecerán ese homicidio e irá preso alguien más que un ladrón de gallinas, de ser posible. Si no, renta previsional anual de 600.000 pesos.
Aquí, un ministro provincial ordena pagarle $ 800.000 a una fundación que, de ser posible, existe. Si no, ordena el pago igual. Y alguien con voz y léxico idéntico al de un legislador oficialista dirá que hay irregularidades en todas las cooperativas del plan Argentina Trabaja, y que una ministra se encarga de “tapar” los presuntos entuertos. De ser posible, no será un parlamentario hijo de un ministro (esa supuesta confesión clandestina sería tan grave como imaginar, siquiera, una hipotética comida secreta entre el gobernador tucumano y el jefe de Gobierno porteño en la casa del vicegobernador de la provincia). Si no, el mandatario provincial prometerá una auditoría, cuando en realidad ya había sido dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación...
De ser posible, todos son iguales ante la ley.
El valor de lo impersonal
Si no sorprende que la democracia pavimentadora invoque razones de moral pública para alumbrar normas que de eso no tienen nada, sí resulta pasmoso que plasme disvalores en el espíritu de las leyes. Ocurrió, también, alrededor de “Manantiales Sur”, pero en otra disposición parlamentaria: la que amplió los límites de la capital para mudar ese barrio a un municipio.
Eso sí, los disvalores no fueron sólo los referidos en las denuncias de radicales, republicanos y demócrata-cristianos acerca de que todo se reduce a una desvergonzada maniobra electoral para incorporar nuevos electores a un distrito donde el oficialismo perdió en octubre. Tampoco se trató de los reparos del amayismo, que denunció que jamás le consultaron la medida ni le dijeron cuánto presupuesto le agregarán para atender la nueva circunscripción. Por cierto, esa escaramuza le puso algo de color a la afásica política comarcana, con José Alperovich declarando “roñosa” la capital, y Domingo Amaya renegando de los obsecuentes. Pero en el peronismo local no hay ruptura a través de los medios, sino de las encuestas. En los pasillos gubernamentales pretenden que a Hugo Haime le encargaron que volviera a medir al intendente capitalino (víctima de un ataque más que colorado en Amaicha del Valle). En los resultados de esa muestra comenzará a gestarse la reconciliación definitiva o la pelea final.
Lo grave de la ley que agranda la capital radicó en buena parte de los argumentos oficialistas, que se sintetizan en que Manantiales Sur debía pasar a la capital para gozar de más y mejores servicios que los que recibiría si se mantuviera fuera de San Miguel de Tucumán.
Es decir oficializaron que Tucumán tiene dos clase de ciudadanos: los capitalinos y los de segunda. Los vecinos del interior, que tienen más representantes en la Legislatura (30) que los citadinos (19), sólo van a recibir servicios de primera si vuelvan a ampliar los límites capitalinos para que abarquen toda la superficie provincial. ¿Qué clase de política es, exactamente, la que naturaliza semejante desigualdad? ¿Cuál moral pública es la que reinterpreta el principio de igualdad para aclarar, en los hechos, que algunos son más iguales que otros?
Si es difícil acertar cuál es la verdad, no es tan complicado advertir que todo es mentira. El oficialismo dice que el cambio llevará bienestar a Manantiales Sur, mientras el gobernador casi declara la capital como hábitat insalubre. Mientras, ya se cocina -cuanto menos en la Legislatura- la idea de ampliar los límites municipales de Yerba Buena, el otro municipio donde el alperovichismo conoció la derrota hace 10 meses, para anexarle la populosa Villa Carmela.
Ciertas instituciones (la representación, la división de poderes, la descentralización territorial y el consentimiento periódico del electorado políticamente activo) son mecanismos que impiden la monopolización del poder por parte de algún grupo de interés, enseñó Nino. Estaba contrapesando las teorías justificatorias de la democracia para las cuales no hay diferencias relevantes entre los intereses económicos y los sociales. Justificaciones que adoran los partidos políticos identificados con grupos económicos.
Nino les formuló una objeción general: no distinguen entre los intereses personales, que benefician al individuo y sus allegados, de los intereses impersonales. Estos son preferencias acerca de estados de cosas que son considerados buenos o justos para el conjunto de la sociedad, definió. Las teorías justificatorias de la democracia que los reivindican son la soberanía popular y la democracia deliberativa. Para ellas, moral, política y derecho no son antónimos.
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