Los futuros habitantes del “Manantial Sur” votarán en escuelas de San Miguel de Tucumán

“No soy de aquí, ni soy de allá”, entonaba con un profundo sentido filosófico el fallecido cantautor Facundo Cabral. Los legisladores del bloque alperovichista Tucumán Crece bien podrían utilizar este estribillo para describir un asunto mucho más terrenal. Esta semana, oficialistas presentaron un proyecto de ley para ampliar los límites del municipio de San Miguel de Tucumán, con el fin dar jurisdicción a la Capital sobre el “Manantial Sur”, un barrio de 2.500 viviendas que se divide sobre territorio de esta ciudad y de las comunas de El Manantial y de San Felipe y Santa Bárbara.

“Este es el segundo emprendimiento habitacional en importancia de esta gestión, después de Lomas de Tafí. Con los límites actuales, los vecinos quedarán repartidos, y las comunas de El Manantial y San Felipe y Santa Bárbara no tienen capacidad de infraestructura para atender el mantenimiento de todos los servicios para 2.500 casas. Por eso, el objetivo es que todos pasen a ser dependientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, advirtió el legislador oficialista José Gutiérrez, presidente de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales. El lunes a las 10, este comité se reunirá para dar dictamen a la iniciativa, que fue elaborada por los alperovichistas Alfredo Quinteros, Gutiérrez, Roque Álvarez, Marcelo Caponio y Manuel Fernández.

Está previsto que este proyecto de ley llegue al recinto en la sesión del martes. A un año de las elecciones, en la oposición ya empezaron a levantar voces de queja por la iniciativa, pues entienden que las intenciones del oficialismo son electorales. El año pasado, en los comicios para diputado nacional, la lista del Frente para la Victoria que encabezaban Juan Manzur y Osvaldo Jaldo perdió en San Miguel de Tucumán con la fórmula de los radicales José Cano y Silvia Elías (Acuerdo Cívico y Social). “Quitarle este complejo habitacional a la comuna de El Manantial para dárselo a la Capital es una maniobra de especulación electoral el alperovichismo, que busca recuperar votos usando a la gente que necesita una vivienda”, dijo el legislador Ariel García (UCR).

Modificación normativa

En febrero de 2013, con los terrenos ya expropiados, el bloque oficialista impulsó la norma para avalar la construcción de 2.500 casas en el proyecto “Manantial Sur”, denominado provisoriamente de esta manera porque está situado hacia el sur de la Capital. Sin embargo, la superficie del emprendimiento está compartidos por otras jurisdicciones.

El proyecto de ley presentado por el oficialismo apunta a modificar la ley N° 5.530 (Ley de Límites y Categorización de las Municipalidades).

El texto aconseja reemplazar párrafos de esta norma, vigente desde 1983, para establecer los nuevos puntos norte y sur de San Miguel de Tucumán. Con esto, los futuros residentes del “Manantial Sur” (las propiedades aún no han sido adjudicadas) pasarán a votar en los circuitos de la capital en 2015.

“Bajo ningún punto de vista es una cuestión política. Conocemos las posibilidades de las comunas, y no pueden cumplir con todos los servicios para tanta cantidad de viviendas”, afirmó Gutiérrez, vicepresidente del bloque oficial.

García opinó en forma contraria. “Hace pocos días, el ministro (del Interior, Osvaldo) Jaldo se llevó el pavimento de El Manantial para otras calles. Ahora se quieren llevar directamente a la gente a otro municipio, sólo para tener más votos”, aseveró. Y agregó que “quien no tiene límites es el alperovichismo”: “en lugar de darle a El Manantial la categoría de municipio que corresponde por la cantidad de habitantes que residen, lo que buscan es reducir su terreno”.

Impulso financiero

Existe otra iniciativa referida a la obra “Manantial Sur” que será tratada en la sesión del martes. Esta semana, el gobernador José Alperovich advirtió sobre el envío al parlamento de un proyecto de ley para convalidar un impulso financiero de hasta $ 30 millones para las empresas adjudicatarias de esas obras habitacionales. El oficialista Álvarez, presidente del bloque Tucumán Crece, explicó que, gracias a esta participación estatal, las constructoras podrán terminar las tareas cuanto antes. “Se trata de un adicional compensatorio, y es ‘hasta por’ la suma de $ 30 millones”, detalló el taficeño.

Agregó que las sumas se distribuirán de manera proporcional entre las firmas, según la cantidad de casas que deban realizar. “Para gozar de este beneficio, (las empresas) tienen que suscribir con el Ejecutivo un convenio por el que asumen el compromiso de no interrumpir la ejecución, y de ser posible, de acordar un adelantamiento de la fecha de finalización de la obra”, afirmó el referente peronista.