Por Roberto Delgado
18 Julio 2014
Carlos “Alito” Assán tiene dos caminos: o cumple con su palabra y usa la inconstitucional ley de contravenciones policiales y detiene a los que arrojan basura en la vía pública, o bien no cumple con lo que prometió, no detiene a nadie y sólo se limita a limpiar los grandes basurales, tarea que podría durar lo que su Secretaría de Saneamiento: con suerte, hasta el fin del mandato de José Alperovich. Ninguno de los dos caminos conduce a solucionar el problema, que es la formación constante de vaciaderos de residuos.
Assán puede promover que su propuesta se haga realidad, pese a las voces que se oponen a que se use la Ley de Contravenciones porque es arbitraria y ha sido declarada inconstitucional por la Corte de Justicia nacional. Pero en esta provincia impera antes que nada la Ley no escrita del Relativismo, que permite que la Policía siga usando las contravenciones para llenar las comisarías de detenidos (hay 500 personas alojadas en calabozos de seccionales). Mientras, la Legislatura (que desempolva leyes tratando de “parchar” la situación) espera que Alperovich dé el visto bueno para que se estudien los diferentes proyectos que desde hace cuatro años van y vienen para modificar la Ley de Contravenciones. No sólo es una cuestión de sumisión legislativa al Poder Ejecutivo, sino que, al igual que en el país, se desconoce el asunto. Esta ley policial de la dictadura es sencilla y complicada a la vez: en teoría sirve para resolver pequeñas infracciones al orden, pero los políticos no están muy seguros de que la basura, los ruidos molestos, los disfraces de carnaval o el comportamiento de los adolescentes al salir del colegio sean asuntos policiales.
Es correcto que los políticos duden: si ponemos 600 policías a custodiar los 200 basurales clandestinos, ¿quién custodiará en serio a la comunidad para prevenir robos como los que sufre periódicamente la farmacia Avenida? ¿Quién patrullará calles como Córdoba al 200, para tratar de prevenir que los vecinos resulten asaltados y quebrados como el dramaturgo Guillermo Montilla?
Los políticos dudan y en esa duda rige la ley del Relativismo. Por eso Assán y la Policía podrán aplicar la ley inconstitucional para detener a quienes arrojen basura.
Pero acá empieza otra duda: ¿a quién van a detener? ¿A los adolescentes que van con carritos a tirar desperdicios, como los que el miércoles a la siesta llenaban el terreno de Don Bosco al 4.100? ¿Y dónde van a alojar a los detenidos? ¿En las comisarías, junto a los delincuentes? La otra opción sería que en vez de detenerlos los multen. ¿Cómo le cobrarán la multa a un adolescente con carrito que vive al día con pocos pesos? Y además no está claro qué se va a hacer con los vecinos que contratan los carritos, porque nudo del asunto está en la generación de basura, no en el transporte. Hace años se hizo un registro de los 500 carritos y jardineras que circulan por la capital para saber qué hacen. Nada quedó de esa experiencia.
Ya se ha intentado poner policías en los basurales y detener a infractores. Las pruebas fracasaron. Es que no es asunto de seguridad, sino una cuestión que la Municipalidad no ha sabido resolver. Aunque desaparecieran los carritos la demanda para arrojar basura se mantendrá porque es un servicio que está fuera de las reglas y porque la ley del relativismo jamás sanciona esas infracciones.
La Secretaría de Assán es una muestra de falta de diagnóstico de un intríngulis social. La urbanista Jane Jacobs plantea que la ciudad funciona más allá de la planificación fría de escritorio y que frente al conflicto permanente la estrategia es involucrar a la comunidad en la dinámica urbana. O sea: si no se estudia en serio con vecinos y carreros las causas de la generación de basureros clandestinos, los infractores ganarán la guerra de la basura.
Assán puede promover que su propuesta se haga realidad, pese a las voces que se oponen a que se use la Ley de Contravenciones porque es arbitraria y ha sido declarada inconstitucional por la Corte de Justicia nacional. Pero en esta provincia impera antes que nada la Ley no escrita del Relativismo, que permite que la Policía siga usando las contravenciones para llenar las comisarías de detenidos (hay 500 personas alojadas en calabozos de seccionales). Mientras, la Legislatura (que desempolva leyes tratando de “parchar” la situación) espera que Alperovich dé el visto bueno para que se estudien los diferentes proyectos que desde hace cuatro años van y vienen para modificar la Ley de Contravenciones. No sólo es una cuestión de sumisión legislativa al Poder Ejecutivo, sino que, al igual que en el país, se desconoce el asunto. Esta ley policial de la dictadura es sencilla y complicada a la vez: en teoría sirve para resolver pequeñas infracciones al orden, pero los políticos no están muy seguros de que la basura, los ruidos molestos, los disfraces de carnaval o el comportamiento de los adolescentes al salir del colegio sean asuntos policiales.
Es correcto que los políticos duden: si ponemos 600 policías a custodiar los 200 basurales clandestinos, ¿quién custodiará en serio a la comunidad para prevenir robos como los que sufre periódicamente la farmacia Avenida? ¿Quién patrullará calles como Córdoba al 200, para tratar de prevenir que los vecinos resulten asaltados y quebrados como el dramaturgo Guillermo Montilla?
Los políticos dudan y en esa duda rige la ley del Relativismo. Por eso Assán y la Policía podrán aplicar la ley inconstitucional para detener a quienes arrojen basura.
Pero acá empieza otra duda: ¿a quién van a detener? ¿A los adolescentes que van con carritos a tirar desperdicios, como los que el miércoles a la siesta llenaban el terreno de Don Bosco al 4.100? ¿Y dónde van a alojar a los detenidos? ¿En las comisarías, junto a los delincuentes? La otra opción sería que en vez de detenerlos los multen. ¿Cómo le cobrarán la multa a un adolescente con carrito que vive al día con pocos pesos? Y además no está claro qué se va a hacer con los vecinos que contratan los carritos, porque nudo del asunto está en la generación de basura, no en el transporte. Hace años se hizo un registro de los 500 carritos y jardineras que circulan por la capital para saber qué hacen. Nada quedó de esa experiencia.
Ya se ha intentado poner policías en los basurales y detener a infractores. Las pruebas fracasaron. Es que no es asunto de seguridad, sino una cuestión que la Municipalidad no ha sabido resolver. Aunque desaparecieran los carritos la demanda para arrojar basura se mantendrá porque es un servicio que está fuera de las reglas y porque la ley del relativismo jamás sanciona esas infracciones.
La Secretaría de Assán es una muestra de falta de diagnóstico de un intríngulis social. La urbanista Jane Jacobs plantea que la ciudad funciona más allá de la planificación fría de escritorio y que frente al conflicto permanente la estrategia es involucrar a la comunidad en la dinámica urbana. O sea: si no se estudia en serio con vecinos y carreros las causas de la generación de basureros clandestinos, los infractores ganarán la guerra de la basura.
Temas
Tucumán
Lo más popular
