28 Junio 2014
La inseguridad es uno de los asuntos que más desvelan a los tucumanos. Los delincuentes no tienen límites ni respetan edades, tampoco lugares y en muchos casos desafían hasta la misma autoridad. Han llegado a robar en templos religiosos, en casas o negocios ubicados a pocos metros de comisarías; las escuelas también son blanco de sus tropelías. En Concepción, varios establecimientos educativos están a merced de los cacos y de los vendedores de droga.
En notas que publicamos en los últimos días, dimos a conocer la preocupación de los padres por la inseguridad en la escuela N° 387 “Arturo Illia”, ubicada en el acceso a La Perla del Sur, situación que también padece la escuela agrotécnica “Ludovico Tusek”, que se halla en el km 2 sobre la ruta 65, que une esa ciudad con Alpachiri. En este último establecimiento, los alumnos denunciaron que sufren robos constantes de material de trabajo. También los asaltan cuando entran y salen del local escolar. El edificio, que cuenta con 10 aulas y cinco talleres, tiene vigilancia privada los días de semana, por las noches, pero no los fines de semana.
El intendente admitió la existencia de episodios de vandalismo y afirmó que es un asunto que depende de la Policía. “Ya hablamos para que refuercen la vigilancia. Hay muchos establecimientos que se ven afectados, especialmente los de la periferia. Con o sin cerca perimetral, la droga entra y está poniendo en peligro a los chicos y jóvenes”, afirmó. Contó que a un establecimiento del barrio Promeba tuvieron que instalarle en dos oportunidades las instalaciones eléctricas. “Incluso, estamos viendo de hacerles una instalación móvil porque siempre los dejan a oscuras”, acotó el jefe del municipio.
El jefe de la comisaría de Concepción dijo que no puede poner un policía en los más de 30 establecimientos de todos los niveles, que se hallan bajo su jurisdicción. “Hacemos rondas, pero no podemos quedarnos constantemente en las escuelas porque no contamos con personal suficiente para eso. Sería imposible: tenemos que cumplir con las consignas judiciales, las paradas en la calle, entre otras cosas”, afirmó. También contó que elaboraron diseñaron un plan junto a la Municipalidad para poder hacer rondas en todos los establecimientos educativos, especialmente en los horarios de entrada y salida de clases. Agregó que la semana pasada detuvieron a dos menores cuando estaban robando en el quiosco, mientras hacían patrullajes por la escuela Haimes. Sobre la venta de droga, afirmó que la Dirección General de Drogas Peligrosas se está ocupando del asunto.
La realidad está reflejando una desigualdad de recursos humanos para velar por la seguridad de los tucumanos en el interior de la provincia. Si el jefe policial se queja por la falta de efectivos en una de las ciudades más grandes e importantes de Tucumán, qué puede esperarse de las localidades más chicas o de los pueblos. También desnuda una vieja falencia que es actuar sobre el hecho consumado por ausencia de un mapa del delito. Una eficiente tarea de inteligencia sería detectar de qué zona de la ciudad provienen, tanto los cacos como los dealers, y actuar en consecuencia. Un buen trabajo en prevención y una policía comunitaria que estuviera en permanente contacto con los vecinos, y una Justicia colaborarían para hacer descender los índices de latrocinio y generar mayor confianza en las autoridades.
En notas que publicamos en los últimos días, dimos a conocer la preocupación de los padres por la inseguridad en la escuela N° 387 “Arturo Illia”, ubicada en el acceso a La Perla del Sur, situación que también padece la escuela agrotécnica “Ludovico Tusek”, que se halla en el km 2 sobre la ruta 65, que une esa ciudad con Alpachiri. En este último establecimiento, los alumnos denunciaron que sufren robos constantes de material de trabajo. También los asaltan cuando entran y salen del local escolar. El edificio, que cuenta con 10 aulas y cinco talleres, tiene vigilancia privada los días de semana, por las noches, pero no los fines de semana.
El intendente admitió la existencia de episodios de vandalismo y afirmó que es un asunto que depende de la Policía. “Ya hablamos para que refuercen la vigilancia. Hay muchos establecimientos que se ven afectados, especialmente los de la periferia. Con o sin cerca perimetral, la droga entra y está poniendo en peligro a los chicos y jóvenes”, afirmó. Contó que a un establecimiento del barrio Promeba tuvieron que instalarle en dos oportunidades las instalaciones eléctricas. “Incluso, estamos viendo de hacerles una instalación móvil porque siempre los dejan a oscuras”, acotó el jefe del municipio.
El jefe de la comisaría de Concepción dijo que no puede poner un policía en los más de 30 establecimientos de todos los niveles, que se hallan bajo su jurisdicción. “Hacemos rondas, pero no podemos quedarnos constantemente en las escuelas porque no contamos con personal suficiente para eso. Sería imposible: tenemos que cumplir con las consignas judiciales, las paradas en la calle, entre otras cosas”, afirmó. También contó que elaboraron diseñaron un plan junto a la Municipalidad para poder hacer rondas en todos los establecimientos educativos, especialmente en los horarios de entrada y salida de clases. Agregó que la semana pasada detuvieron a dos menores cuando estaban robando en el quiosco, mientras hacían patrullajes por la escuela Haimes. Sobre la venta de droga, afirmó que la Dirección General de Drogas Peligrosas se está ocupando del asunto.
La realidad está reflejando una desigualdad de recursos humanos para velar por la seguridad de los tucumanos en el interior de la provincia. Si el jefe policial se queja por la falta de efectivos en una de las ciudades más grandes e importantes de Tucumán, qué puede esperarse de las localidades más chicas o de los pueblos. También desnuda una vieja falencia que es actuar sobre el hecho consumado por ausencia de un mapa del delito. Una eficiente tarea de inteligencia sería detectar de qué zona de la ciudad provienen, tanto los cacos como los dealers, y actuar en consecuencia. Un buen trabajo en prevención y una policía comunitaria que estuviera en permanente contacto con los vecinos, y una Justicia colaborarían para hacer descender los índices de latrocinio y generar mayor confianza en las autoridades.
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