25 Abril 2014
“(...) Sus acciones y omisiones produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas y aseguraron impunidad para sus autores”. Esa es parte de la acusación fiscal que pesa sobre el ex juez federal N°1 de Tucumán (1974- 1984), Manlio Torcuato Martínez, detenido desde la noche del miércoles en el penal de Villa Urquiza. Por orden del actual juez federal N°1, Daniel Bejas, permanecerá con prisión preventiva hasta el inicio del juicio por la segunda parte de la causa “Romero Niklison” .
En la primera parte, en 2011, el Tribunal Oral Federal (TOF) local condenó a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz a prisión perpetua por los asesinatos durante un allanamiento de militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen).
El fiscal federal Carlos Brito consideró que la instrucción contra el ex magistrado está concluida y que se contaría con pruebas suficientes para probar las supuestas omisiones en la investigación del episodio. Por ello, requirió en las últimas horas la elevación a juicio de la causa.
De acuerdo con Brito, el entonces funcionario judicial “acompañó con su inacción las prácticas genocidas del plan militar, legitimando con sus omisiones funcionales la impunidad que gozaron por años los represores responsables”.
Luego de una apelación de Martínez, la Cámara había confirmado el procesamiento por ser sospechoso de no investigar, encubrir crímenes, abusar de su autoridad y por privación ilegal de libertad de una persona. También había hecho lugar a la solicitud de la fiscalía de ampliar el procesamiento por asociación ilícita.
La investigación había cobrado impulso a partir de comentarios del fallecido represor Antonio Bussi en una indagatoria de 2009 ante Bejas y en una audiencia, en 2010, de la causa “Jefatura I”. En ambas ocasiones, Bussi había defendido sus actos invocando la supuesta intervención de Martínez en algunos de ellos.
En diversas indagatorias, el ex juez Martínez había negado haber sido parte del sistema represivo y haber encubierto el accionar policial. En 2013, había manifestado a LA GACETA: “(se pretende) imponer una brutal hegemonía de la mentira, en desmedro de documentos que acreditan lo contrario a lo que se está diciendo (sobre mí). Lo más grave es que califica a las Fuerzas Armadas en asociación ilícita, y no se especifica nada. ¿Quiénes son mis supuestos socios? Nadie lo dice”.
En la primera parte, en 2011, el Tribunal Oral Federal (TOF) local condenó a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz a prisión perpetua por los asesinatos durante un allanamiento de militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen).
El fiscal federal Carlos Brito consideró que la instrucción contra el ex magistrado está concluida y que se contaría con pruebas suficientes para probar las supuestas omisiones en la investigación del episodio. Por ello, requirió en las últimas horas la elevación a juicio de la causa.
De acuerdo con Brito, el entonces funcionario judicial “acompañó con su inacción las prácticas genocidas del plan militar, legitimando con sus omisiones funcionales la impunidad que gozaron por años los represores responsables”.
Luego de una apelación de Martínez, la Cámara había confirmado el procesamiento por ser sospechoso de no investigar, encubrir crímenes, abusar de su autoridad y por privación ilegal de libertad de una persona. También había hecho lugar a la solicitud de la fiscalía de ampliar el procesamiento por asociación ilícita.
La investigación había cobrado impulso a partir de comentarios del fallecido represor Antonio Bussi en una indagatoria de 2009 ante Bejas y en una audiencia, en 2010, de la causa “Jefatura I”. En ambas ocasiones, Bussi había defendido sus actos invocando la supuesta intervención de Martínez en algunos de ellos.
En diversas indagatorias, el ex juez Martínez había negado haber sido parte del sistema represivo y haber encubierto el accionar policial. En 2013, había manifestado a LA GACETA: “(se pretende) imponer una brutal hegemonía de la mentira, en desmedro de documentos que acreditan lo contrario a lo que se está diciendo (sobre mí). Lo más grave es que califica a las Fuerzas Armadas en asociación ilícita, y no se especifica nada. ¿Quiénes son mis supuestos socios? Nadie lo dice”.
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