25 Abril 2014
La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) cuestionó la gestión del Gobierno provincial ante la Nación, por la homologación de la Emergencia Agropecuaria nacional. La medida, según dijo la entidad, llevaría “alivio financiero y también fiscales” para el productor, teniendo en cuenta las estimaciones negativas de producción en la región y la actual presión fiscal.
“El pasado 11 de abril remitimos una nota al ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, en la cual planteamos el malestar que genera en el sector rural la falta de tratamiento a nivel nacional, por segundo año consecutivo, de las emergencias agropecuarias decretadas a nivel provincial”, expresó ayer la entidad en un comunicado. El Gobierno inició el trámite de la disposición en la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios.
En la nota, la SRT resaltó la importancia que tiene para el sector la resolución federal: “genera una serie de alivios impositivos y financieros para los productores”. “Nos produce preocupación y malestar ante la falta de eficacia de los funcionarios provinciales para lograr beneficios para nuestra provincia ante la Nación, y que ya han sido otorgados a gobiernos de jurisdicciones vecinas, donde también trabajan productores tucumanos”, insistió.
La organización rural hizo hincapié, justamente, la irresolución en la gestión del Poder Ejecutivo (PE), frente a los resultados de otras provincias. “Ya consiguieron la Emergencia Agropecuaria Santiago del Estero y Jujuy (Resolución 29-2013), y otras provincias como Catamarca; Chaco, Santa Fe, Río Negro, Buenos Aires, Salta y La Rioja (Resolución 992-2013). Santa Fe y Río Negro (Resolución 999-2013) antes lograron el reconocimiento nacional”, dijo la SRT.
El Gobierno local oficializó entre febrero y marzo la Emergencia provincial para las producciones de limón, azúcar, paltas, frutillas y hortalizas. Por ejemplo, la medida fue formalizada para el citrus debido a la caída estimada de la capacidad de producción de alrededor de un 50%, respecto de 2013, como consecuencia de las heladas del período anterior. En el azúcar, los relevamientos técnicos detectaron daños en los cañaverales.
El año pasado, se había confirmado el estado de emergencia para las campañas 2013 de soja, maíz, poroto, pasturas implantadas y verdeos estivales, denominadas cultivos de verano.
Para esos casos, la ley provincial dio concesiones como la postergación de obligaciones fiscales y bancarias con organismos provinciales, y la suspensión de los procedimientos judiciales y administrativos promovidos por cobro de créditos estatales, entre otras. La normativa fijó, además, que el Ejecutivo tramite créditos para la continuidad de las explotaciones, mediante el agente financiero, la Caja Popular de Ahorros.
El cumplimiento de los beneficios de la norma ha estado sujeto a la obtención por parte de los productores del Certificado de Emergencia Agropecuario, que es expedido por la Dirección de Agricultura de Tucumán. En el ministerio informaron que menos de un 25% logró certificar los daños y problemas en las superficies cultivadas, en las distintas actividades. El caso de excepción fue la agroindustria citrícola, un sector de mayor concentración productiva. Este paso administrativo está vinculado también a la medida nacional.
“El pasado 11 de abril remitimos una nota al ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, en la cual planteamos el malestar que genera en el sector rural la falta de tratamiento a nivel nacional, por segundo año consecutivo, de las emergencias agropecuarias decretadas a nivel provincial”, expresó ayer la entidad en un comunicado. El Gobierno inició el trámite de la disposición en la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios.
En la nota, la SRT resaltó la importancia que tiene para el sector la resolución federal: “genera una serie de alivios impositivos y financieros para los productores”. “Nos produce preocupación y malestar ante la falta de eficacia de los funcionarios provinciales para lograr beneficios para nuestra provincia ante la Nación, y que ya han sido otorgados a gobiernos de jurisdicciones vecinas, donde también trabajan productores tucumanos”, insistió.
La organización rural hizo hincapié, justamente, la irresolución en la gestión del Poder Ejecutivo (PE), frente a los resultados de otras provincias. “Ya consiguieron la Emergencia Agropecuaria Santiago del Estero y Jujuy (Resolución 29-2013), y otras provincias como Catamarca; Chaco, Santa Fe, Río Negro, Buenos Aires, Salta y La Rioja (Resolución 992-2013). Santa Fe y Río Negro (Resolución 999-2013) antes lograron el reconocimiento nacional”, dijo la SRT.
El Gobierno local oficializó entre febrero y marzo la Emergencia provincial para las producciones de limón, azúcar, paltas, frutillas y hortalizas. Por ejemplo, la medida fue formalizada para el citrus debido a la caída estimada de la capacidad de producción de alrededor de un 50%, respecto de 2013, como consecuencia de las heladas del período anterior. En el azúcar, los relevamientos técnicos detectaron daños en los cañaverales.
El año pasado, se había confirmado el estado de emergencia para las campañas 2013 de soja, maíz, poroto, pasturas implantadas y verdeos estivales, denominadas cultivos de verano.
Para esos casos, la ley provincial dio concesiones como la postergación de obligaciones fiscales y bancarias con organismos provinciales, y la suspensión de los procedimientos judiciales y administrativos promovidos por cobro de créditos estatales, entre otras. La normativa fijó, además, que el Ejecutivo tramite créditos para la continuidad de las explotaciones, mediante el agente financiero, la Caja Popular de Ahorros.
El cumplimiento de los beneficios de la norma ha estado sujeto a la obtención por parte de los productores del Certificado de Emergencia Agropecuario, que es expedido por la Dirección de Agricultura de Tucumán. En el ministerio informaron que menos de un 25% logró certificar los daños y problemas en las superficies cultivadas, en las distintas actividades. El caso de excepción fue la agroindustria citrícola, un sector de mayor concentración productiva. Este paso administrativo está vinculado también a la medida nacional.
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