Detienen a una tucumana acusada de médica "trucha"

Todos sus vecinos estaban convencidos de que era médica. Incluso, en algunos de los testimonios recabados por la Policía, se afirmó que Andrea Lorena Martínez tuvo una fiesta de graduación cuando se recibió en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Pero, en la investigación que lleva adelante el fiscal Diego López Ávila hay dudas al respecto.

Martínez vive con su familia en una casa de dos pisos situada en la calle Corrientes primera cuadra, en Alderetes. En esa vivienda, en una habitación que da a la vereda, funciona una mercería. A ese lugar llegó, el lunes a la noche, la Policía para detenerla por una denuncia que había en su contra. En esa presentación se sostenía que ella estaba ejerciendo ilegalmente la medicina.

Esta acusación se había presentado el 8 de marzo pasado en la Fiscalía de Instrucción de la IV° Nominación que está a cargo de López Ávila. La demandante era una médica que afirmó que Martínez estaba usando su número de matrícula profesional para poder trabajar.

El día anterior la Dirección General de Fiscalización Sanitaria había citado a la demandante (no trascendió su identificación) para informarle que en una auditoria surgió que estaban utilizando su matrícula. Además de la denuncia que realizó la damnificada, esta repartición del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) informó a la Justicia la irregularidad que detectó.

Ante esto, López Ávila ordenó al comisario Luis Núñez, jefe de la Brigada de Investigaciones, que se comience a investigar.

Una vecina excelente

Los investigadores se manejaron con sigilo. Por eso la mujer continuó con su habitual rutina. Según la pesquisa, habría estado trabajando como médica clínica en dos geriátricos en la Banda del Río Salí, en un centro nutricional en la capital, en un hospital del sur de Simoca y en dos Caps, uno en Alderetes y otro en el barrio Islas Malvinas, en Villa Carmela. Esta parte de la investigación estuvo a cargo de la oficial Susana Montero, que la siguió por todos esos lugares.

A pesar de las irregularidades por las que está siendo acusada Martínez, su imagen en la Villa Nueva, en Alderetes, es la de una mujer ejemplar. “La Policía llegó en una camioneta particular. Se detuvieron frente a su casa y se bajaron tres hombres. Dos entraron a la casa y el otro se quedó afuera. Cuando me enteré de que la estaban buscando para detenerla, quedé sorprendida porque era una excelente vecina”, dijo ayer Amelia Toro, al ser consultada por este diario.

Por otra parte, Héctor Farías dijo que sabía que trabajaba en un Caps de esa ciudad. “La conozco desde que iba estudiar a Medicina en la facultad. Eso era lo que decía. Acá todos la conocían como doctora”, explicó. Otros vecinos contaron que le pedían consejo cuando estaban enfermos y que estaban convencidos de que era médica.

Y, según fuentes de la investigación, hasta los familiares de la imputada quedaron sorprendidos cuando les informaron que toda la documentación que Martínez usaba para trabajar podría ser apócrifa.

Martínez declaró ayer en la Fiscalía IV° pero, según fuentes judiciales, la indagatoria continuará hoy.

Según los pesquisas, la mujer habría utilizado un título “trucho” de la UNT. Además, en un informe que se había solicitado a la Facultad de Medicina se habría informado que ni siquiera figuraba como inscripta en esa unidad académica.

En este marco también se denunció que habría usado matrícula de una médica, pero que el certificado analítico que avalaba el cursado de la carrera era de otra persona. “En esta causa los médicos a quienes les utilizaron su certificación no son los únicos perjudicados. Acá hay muchos pacientes e instituciones que fueron damnificadas. Y esto complicaría aún más la situación procesal de la acusada”, explicó el comisario Miguel Frías, a cargo de la división Delitos Contra las Personas que supervisó la investigación.

En este sentido, se espera que las instituciones en las que trabajó Martínez aporten información a la causa a fin de determinar en qué condiciones fue contratada y cómo atravesó los controles del Siprosa. Otro de los aspectos a develar por la instrucción es saber durante cuánto tiempo ejerció la medicina. Aunque para los investigadores habría estado eludiendo al Estado desde hace varios años. Y en la investigación también podrían quedar involucrados empleados de la UNT, pero será el fiscal López Ávila el que determine qué camino recorrerá la investigación.