La Corte de EEUU limita el accionar de los “fondos buitre”

BUENOS AIRES.- La Argentina defendió ayer ante la Corte Suprema de Estados Unidos la “inmunidad soberana” de sus activos en el exterior, con el acompañamiento del gobierno de Barack Obama; mientras los nueve jueces que integran el tribunal sometieron a un duro interrogatorio a las partes y mostraron divergencias sobre la posibilidad de entregar a los holdouts información que facilite los embargos.

En una tensa audiencia de carácter técnico, al menos dos de los magistrados del tribunal norteamericano consideraron que los acreedores “tienen derecho” a conocer, parcialmente, la existencia de activos de la Argentina pasibles de ser embargados, sin violar la legislación.

Los otros jueces sugirieron que los activos militares o diplomáticos no deberían ser revelados, aunque la discusión dejó abierta la posibilidad de ir contra flujos de divisas financieros provenientes de operaciones de pago de deuda, o bienes comerciales del estado argentino, entre otros.

La sentencia sobre esta causa colateral de la pelea con los “fondo buitre”, llamada “Discovery”, se conocerá a fines de junio y lo sucedido ayer podría marcar una tendencia del pensamiento de algunos magistrados, pero no asegura el sentido del fallo final.

Aún queda pendiente la resolución del mismo tribunal sobre si acepta o no revisar el caso de fondo, que remite al principio de pari passu (tratamiento igualitario de acreedores), por el cual la Argentina está obligada a pagar unos U$S 1.330 millones a los acreedores que no ingresaron en las reestructuraciones de 2005 y 2010, de acuerdo a sentencias de cortes inferiores. Según consignaron agencias internacionales, la Argentina y los holdouts del Fondo de Inversión NML se presentaron ante la Corte Suprema por la causa en la que se discute el derecho de los acreedores de acceder a información del sistema bancario y financiero para poder cobrar fallos judiciales favorables. En la audiencia expusieron por la Argentina, Jonathan Blackman, el representante del gobierno de EEUU, Edwin Kneedler, quien actuó como amicus curiae de la Argentina, y Theodore Olson, por el demandante fondo NML Capital.

Los abogados del Gobierno nacional plantearon como defensa el principio de “inmunidad soberana”, que rige en la comunidad financiera global y por el que el país está habilitado a realizar reestructuraciones de deuda bajo las condiciones que imponga. (DyN)