Por Marcelo Aguaysol
20 Abril 2014
El Gobierno cerró el primer trimestre sin déficit, pero analiza otra moratoria
El Poder Ejecutivo necesita $ 1.300 millones para cerrar el año sin “rojo” fiscal. Ahorro en obras y más recaudación tributaria Tras las paritarias, la planilla salarial mensual del sector público provincial alcanzó los $ 1.000 millones.
La Argentina arrancó el año con el pie izquierdo. La devaluación de enero pasado ha modificado el escenario económico radicalmente. Las estadísticas oficiales se sinceraron a medias y así salió a escena una inflación que, hasta 2013, estaba reprimida. El sector privado fue perdiendo rentabilidad. El poder adquisitivo de las familias cayó estrepitosamente (en torno de un 25%). Y todos los actores económicos sienten que los números no le cierran. Incluso el Estado, que ahora tiene necesidades financieras para sostener la administración pública.
Tras las paritarias estatales, a la gestión del gobernador José Alperovich le están faltando cerca de $ 1.300 millones para cerrar el presupuesto con cierto equilibrio fiscal, en momentos que otras provincias están haciendo malabares para pagar, en tiempo y en forma, los sueldos de los empleados públicos. Sin embargo, el primer trimestre del año ha dejado cierto margen para que aquella cirugía fiscal no sea mayor. Saque la calculadora y comience a hacer números:
• El total de gastos del Estado tucumano no será ya de $ 23.000 millones. En el mejor de los casos, hasta fines de diciembre puede llegar a los $ 25.000 millones, es decir, que por cada habitante de la provincia, el Gobierno destinará $ 17.265 anuales.
• Pero no todo es lineal. Del total de erogaciones, entre un 55% y un 56% (dos puntos porcentuales más que el promedio de los últimos tiempos) se destinará a salarios estatales. Por primera vez, la planilla salarial del sector público llega a los $ 1.000 millones mensuales. Ese es el dinero que se asignará para abonar las remuneraciones de unos 75.000 agentes del Estado.
• Las últimas paritarias le han costado al Gobierno cerca de $ 2.500 millones anuales. Desde el Ministerio de Economía afirman que un 18% del aumento se abona desde marzo y otro 12% desde agosto. Pero en la ingeniería financiera oficial ya había una partida prevista para mayor costo laboral, por lo que la necesidad de financiamiento es de sólo $ 500 millones, proyectan en el área que conduce el ministro Jorge Jiménez. Hacerse de esta suma requerirá de dos variables: un ahorro en el plan de obras públicas y un aumento de la recaudación provincial.
• Otros $ 800 millones de gastos adicionales responden al efecto de la inflación en las cuentas públicas tucumanas.
• En materia de ingresos, a Alperovich no le ha ido tan mal durante el primer trimestre (suele ser el período de menor compromiso financiero). Entre el giro de recursos coparticipables y el comportamiento de la recaudación de la Dirección General de Rentas, a la Provincia ingresaron unos $ 320 millones más de lo previsto originalmente en el Presupuesto. Claro está que la explicación oficial es que esto responde al efecto inflacionario, que hizo que los ingresos crecieran por encima del 30%.
Otra cara de la moneda
Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que puede llegar a adoptar la gestión Alperovich para cerrar el penúltimo año del tercer mandato sin contratiempos financieros? ¿De qué manera contribuirá el Estado provincial para que la recesión con inflación no tenga un duro golpe en la recaudación?
Desde la Casa de Gobierno se afirma que no se incrementará la presión impositiva. Pero sí se admite que puede haber ciertos incentivos fiscales.
Si bien los operativos de fiscalización se mantendrán, en el Poder Ejecutivo analizan la posibilidad de lanzar otra moratoria (sería la séptima de la gestión Alperovich), particularmente destinada a los contribuyentes de los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor). Se trata de una franja de deudores que acumulan compromisos impagos en un promedio de $ 3.000. En este aspecto, la idea es evitar procesos judiciales que resultan onerosos tanto para el fisco como para el propio contribuyente. Anteriormente, las moratorias fueron lanzadas hacia fines de abril o los primeros días de mayo.
Un efecto adicional del plan de pagos sería la puesta al día de los medianos contribuyentes, esto es comercios que, ante la devaluación, incrementaron sus costos fijos y, por ende, se retrasaron en el pago de compromisos fiscales. De todas maneras, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no ha experimentado, al menos en el primer trimestre del año, un impacto a la baja. -La acción sobre los grandes contribuyentes sigue siendo la materia pendiente. Acumulan compromisos impagos con el fisco del orden de los $ 300 millones (valor histórico).
La declaración de emergencia activó, para ciertos sectores productivos, un alivio en la carga impositiva. El esquema de la “alícuota cero” sobre Ingresos Brutos continuará para aquellas actividades que aún no gozan de los beneficios de la emergencia.
Tras las paritarias estatales, a la gestión del gobernador José Alperovich le están faltando cerca de $ 1.300 millones para cerrar el presupuesto con cierto equilibrio fiscal, en momentos que otras provincias están haciendo malabares para pagar, en tiempo y en forma, los sueldos de los empleados públicos. Sin embargo, el primer trimestre del año ha dejado cierto margen para que aquella cirugía fiscal no sea mayor. Saque la calculadora y comience a hacer números:
• El total de gastos del Estado tucumano no será ya de $ 23.000 millones. En el mejor de los casos, hasta fines de diciembre puede llegar a los $ 25.000 millones, es decir, que por cada habitante de la provincia, el Gobierno destinará $ 17.265 anuales.
• Pero no todo es lineal. Del total de erogaciones, entre un 55% y un 56% (dos puntos porcentuales más que el promedio de los últimos tiempos) se destinará a salarios estatales. Por primera vez, la planilla salarial del sector público llega a los $ 1.000 millones mensuales. Ese es el dinero que se asignará para abonar las remuneraciones de unos 75.000 agentes del Estado.
• Las últimas paritarias le han costado al Gobierno cerca de $ 2.500 millones anuales. Desde el Ministerio de Economía afirman que un 18% del aumento se abona desde marzo y otro 12% desde agosto. Pero en la ingeniería financiera oficial ya había una partida prevista para mayor costo laboral, por lo que la necesidad de financiamiento es de sólo $ 500 millones, proyectan en el área que conduce el ministro Jorge Jiménez. Hacerse de esta suma requerirá de dos variables: un ahorro en el plan de obras públicas y un aumento de la recaudación provincial.
• Otros $ 800 millones de gastos adicionales responden al efecto de la inflación en las cuentas públicas tucumanas.
• En materia de ingresos, a Alperovich no le ha ido tan mal durante el primer trimestre (suele ser el período de menor compromiso financiero). Entre el giro de recursos coparticipables y el comportamiento de la recaudación de la Dirección General de Rentas, a la Provincia ingresaron unos $ 320 millones más de lo previsto originalmente en el Presupuesto. Claro está que la explicación oficial es que esto responde al efecto inflacionario, que hizo que los ingresos crecieran por encima del 30%.
Otra cara de la moneda
Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que puede llegar a adoptar la gestión Alperovich para cerrar el penúltimo año del tercer mandato sin contratiempos financieros? ¿De qué manera contribuirá el Estado provincial para que la recesión con inflación no tenga un duro golpe en la recaudación?
Desde la Casa de Gobierno se afirma que no se incrementará la presión impositiva. Pero sí se admite que puede haber ciertos incentivos fiscales.
Si bien los operativos de fiscalización se mantendrán, en el Poder Ejecutivo analizan la posibilidad de lanzar otra moratoria (sería la séptima de la gestión Alperovich), particularmente destinada a los contribuyentes de los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor). Se trata de una franja de deudores que acumulan compromisos impagos en un promedio de $ 3.000. En este aspecto, la idea es evitar procesos judiciales que resultan onerosos tanto para el fisco como para el propio contribuyente. Anteriormente, las moratorias fueron lanzadas hacia fines de abril o los primeros días de mayo.
Un efecto adicional del plan de pagos sería la puesta al día de los medianos contribuyentes, esto es comercios que, ante la devaluación, incrementaron sus costos fijos y, por ende, se retrasaron en el pago de compromisos fiscales. De todas maneras, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no ha experimentado, al menos en el primer trimestre del año, un impacto a la baja. -La acción sobre los grandes contribuyentes sigue siendo la materia pendiente. Acumulan compromisos impagos con el fisco del orden de los $ 300 millones (valor histórico).
La declaración de emergencia activó, para ciertos sectores productivos, un alivio en la carga impositiva. El esquema de la “alícuota cero” sobre Ingresos Brutos continuará para aquellas actividades que aún no gozan de los beneficios de la emergencia.
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