19 Abril 2014
El Poder Ejecutivo (PE) dio el puntapié inicial a la comisión ad hoc creada por la ley que traspasó a los Tribunales locales la competencia para perseguir a dealers involucrados en el “narcomenudeo”. El 10 de abril, el gobernador José Alperovich designó como sus representantes en el comité a Lucas Haurigot Posse, secretario de Estado de Prevención y Asistencia a las Adicciones, y a Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana.
El equipo previsto en la norma sancionada el 13 de marzo pasado se completa con dos miembros del Poder Judicial y tres representantes del Poder Legislativo. Todos ellos deben analizar y proponer medidas que garanticen el cumplimiento de los fines de la transferencia de la competencia, que, según la Ley 8.644, comenzará a regir a partir de marzo de 2015.
Ni la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ni la Legislatura oficializaron aún a quiénes enviarán a ese comité. En su momento trascendió que uno de los representantes del Poder Judicial sería un vocal del alto tribunal y que Antonio Gandur, presidente de ese cuerpo, estaba dispuesto a asumir la tarea. Este interés en la comisión obedece a las necesidades planteadas por la Corte y los representantes del fuero penal, que pidieron desde más fiscalías hasta capacitación, laboratorios y una fuerza policial especializada.
Aunque la Legislatura también está en deuda, lo previsible es que dos de sus tres lugares queden en poder de legisladores oficialistas. Una de esas sillas se prevé que sea ocupada por José Alberto León, titular de la comisión de Seguridad y Justicia y ex fiscal de Instrucción en el fuero penal capitalino. También se mencionó a Nancy Bulacio, del Partido de los Trabajadores (PT).
La designación de Haurigot Posse y de Hofer pone “en mora” a los otros dos poderes del Estado. La semana pasada, fuentes del Gobierno anticiparon que a partir del lunes comenzarán a exigir las designaciones pendientes a las autoridades legislativas y judiciales, con el fin de que el comité empiece a funcionar cuanto antes.
El equipo previsto en la norma sancionada el 13 de marzo pasado se completa con dos miembros del Poder Judicial y tres representantes del Poder Legislativo. Todos ellos deben analizar y proponer medidas que garanticen el cumplimiento de los fines de la transferencia de la competencia, que, según la Ley 8.644, comenzará a regir a partir de marzo de 2015.
Ni la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ni la Legislatura oficializaron aún a quiénes enviarán a ese comité. En su momento trascendió que uno de los representantes del Poder Judicial sería un vocal del alto tribunal y que Antonio Gandur, presidente de ese cuerpo, estaba dispuesto a asumir la tarea. Este interés en la comisión obedece a las necesidades planteadas por la Corte y los representantes del fuero penal, que pidieron desde más fiscalías hasta capacitación, laboratorios y una fuerza policial especializada.
Aunque la Legislatura también está en deuda, lo previsible es que dos de sus tres lugares queden en poder de legisladores oficialistas. Una de esas sillas se prevé que sea ocupada por José Alberto León, titular de la comisión de Seguridad y Justicia y ex fiscal de Instrucción en el fuero penal capitalino. También se mencionó a Nancy Bulacio, del Partido de los Trabajadores (PT).
La designación de Haurigot Posse y de Hofer pone “en mora” a los otros dos poderes del Estado. La semana pasada, fuentes del Gobierno anticiparon que a partir del lunes comenzarán a exigir las designaciones pendientes a las autoridades legislativas y judiciales, con el fin de que el comité empiece a funcionar cuanto antes.
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