Ahogo y desahogo amayista
El amayismo plantó su primer mojón en el largo camino que aún lo separa de 2015. Con principio de asfixia financiera, el intendente mandó a pintar fuera de los límites de San Miguel de Tucumán y concretó, así, su primer paso en la guerra de secesión con la Casa de Gobierno. Hasta aquí, sólo había insinuado sus apetencias con un puñado de visitas al interior y alguna que otra rebelión administrativa. Este fin de semana, y con encuestas que le hablan bien de su imagen pero le advierten de su falta de penetración fuera del ejido capitalino, las huestes del ejército colorado salieron apuradas a posicionarse para 2015.

No fue una acción improvisada. En la Municipalidad son conscientes de que haberse lanzado no gustará al alperovichismo, especialmente en momentos en que el goteo de fondos de la Provincia a la capital no es generoso. Esa es, justamente, la fuente de la desesperación del amayismo. La falta de recursos dispuesta por el Poder Ejecutivo ya incomoda a la Intendencia que, encorsetada por el Pacto Social, perdió margen de maniobra en un año crucial para sus aspiraciones políticas. Durante su gestión, José Alperovich se adueñó de las libertades de los intendentes. Amaya no fue la excepción, pero en los últimos años comenzó a vislumbrar que había luz fuera del Pacto Social. Entonces, amagó en más de una ocasión con abrirse paso, pero siempre desistió.

Admitido por funcionarios de la Municipalidad, la Provincia no le adeuda dinero a la Capital, pero tampoco le actualiza los valores que le gira desde 2012. Por mes, Amaya recibe unos $ 60 millones; con unos $ 52 millones paga sueldos y, con el resto, debe darse vuelta para atender los servicios de un municipio saturado. A cambio, la ciudad cedió al PE la coparticipación y la recaudación. Lo que aducen en la Intendencia es que, por esos conceptos, a la Casa de Gobierno le ingresan más de los $ 60 millones que le reintegra vía Pacto Social. El saldo ($ 10 millones por mes), es destinado a achicar la deuda que la Municipalidad mantiene con la Provincia ($ 500 millones). Amaya sospecha que no todos los jefes municipales reciben el mismo trato y -con razón- deduce que el alperovichismo pretende ahogarlo económicamente para domesticarlo, luego, políticamente. Por eso, le reclama al Gobierno como suya esa diferencia entre lo que efectivamente le envían y lo que le retienen de origen capitalino. En este primer trimestre del año, poco más de $ 20 millones y, acumulado de 2013, otros $ 150 millones. Lejos de sonrojarse, en el PE refuerzan la teoría del amayismo, pero responden que nadie obligó al intendente a firmar el Pacto Social. Se escudan en que le giran lo acordado, y que en realidad Amaya quiere disponer de mayores fondos para solventar su cruzada política. Y advierten que no lo dejarán exhausto, pero que si el intendente quiere abrirse paso, al menos se llevará varios raspones.

El que primero tropezó camino a 2015 es el radicalismo. Como el personaje de Aníbal, que interpretaba Juan Carlos Calabró, la principal fuerza opositora tucumana se pegó un pelotazo en contra. Contratada en Diputados figura la joven abogada Alejandrina Novillo, hija del camarista Rodolfo Novillo, el magistrado que más dolores de cabeza le causó al alperovichismo desde la reforma constitucional de 2006. La decisión de Cano y Silvia Elías de Pérez -aunque la letrada fue nombrada en Diputados presta servicios para la senadora- podría dejar fuera de carrera a Novillo en cualquier pleito que involucre al alperovichismo. El propio juez lo dejó en claro el 27 de marzo, cuando se apartó de un juicio promovido por Cano contra la Provincia “en resguardo” de su imparcialidad.

Aunque los principales actores no quieran aún hablar de política, a 16 meses de las elecciones todos, y por igual, ya están haciendo política.

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