03 Abril 2014
Los jubilados que en 1996 fueron transferidos del sistema previsional provincial al nacional le reclaman al Poder Ejecutivo (PE) que salde una deuda de $ 507 millones que, según los representantes de los pasivos, se fue acumulando -desde 2003 a la fecha- debido a que la Provincia dejó de actualizar el pago de los porcentajes de movilidad y porcentualidad cada vez que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) otorgó incrementos en haberes.
A fines de 1996, cuando Antonio Domingo Bussi gobernaba Tucumán, la Federación de Jubilados de Tucumán y el gremio de UPCN obtuvieron un fallo favorable de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Justicia condenó al PE a pagar a los jubilados transferidos la movilidad y porcentualidad. Pero según denunció el titular de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Vialidad, Carlos Núñez, el Gobierno dejó a partir de 2006 de actualizar, de manera regular, los incrementos salariales. “Días antes de las elecciones a diputado de ese año, (José) Alperovich firmó los decretos mediante el que reconoció el pago de las diferencias salariales. Su esposa (Beatriz Rojkés) era candidata a diputada y él había dicho que la medida no era electoralista. El tiempo lo contradijo porque al año siguiente el Gobierno se olvidó de nosotros y dejó de actualizar los haberes. Pero lo que el gobernador no sabe es que esa deuda sigue creciendo y actualmente alcanza los $ 507 millones”, explicó el dirigente a LA GACETA.
Según sostiene Núñez, el PE aplicó el beneficio de la movilidad y porcentualidad únicamente en los años 2005 y 2007, y de manera parcial durante 2009 y 2013. “Se dejó una importante cantidad de beneficiarios sin actualización. De acuerdo al estudio que realizamos y que elevamos al ministro de Economía (Jorge Jiménez), hay 5.000 beneficiarios con haberes de hasta $ 9.000 a los que se les adeuda $ 195 millones en total; y 4.000 pasivos fuera de escala que se les adeudan $ 312 millones. En total, suman $ 507 millones”, detalló.
Durante la entrevista, el representante del sector mostró una versión taquigráfica de una sesión legislativa de abril 1996. En ese encuentro parlamentario, Alperovich defendió a los jubilados y cuestionó que el Estado no haya actualizado los haberes jubilatorios. “Por esos años el gobernador nos defendía y hablaba de justicia, equidad y solidaridad. Hoy parece pensar lo contrario”, cuestionó. También agregó: “a pesar de haber sido estafados con los tristemente recordados BOSO, seguimos esperando la promesa del ministro de Economía de que la deuda sería pagada con un bono previsional. El comportamiento de las autoridades provinciales implica desobediencia judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de personas”.
A fines de 1996, cuando Antonio Domingo Bussi gobernaba Tucumán, la Federación de Jubilados de Tucumán y el gremio de UPCN obtuvieron un fallo favorable de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Justicia condenó al PE a pagar a los jubilados transferidos la movilidad y porcentualidad. Pero según denunció el titular de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Vialidad, Carlos Núñez, el Gobierno dejó a partir de 2006 de actualizar, de manera regular, los incrementos salariales. “Días antes de las elecciones a diputado de ese año, (José) Alperovich firmó los decretos mediante el que reconoció el pago de las diferencias salariales. Su esposa (Beatriz Rojkés) era candidata a diputada y él había dicho que la medida no era electoralista. El tiempo lo contradijo porque al año siguiente el Gobierno se olvidó de nosotros y dejó de actualizar los haberes. Pero lo que el gobernador no sabe es que esa deuda sigue creciendo y actualmente alcanza los $ 507 millones”, explicó el dirigente a LA GACETA.
Según sostiene Núñez, el PE aplicó el beneficio de la movilidad y porcentualidad únicamente en los años 2005 y 2007, y de manera parcial durante 2009 y 2013. “Se dejó una importante cantidad de beneficiarios sin actualización. De acuerdo al estudio que realizamos y que elevamos al ministro de Economía (Jorge Jiménez), hay 5.000 beneficiarios con haberes de hasta $ 9.000 a los que se les adeuda $ 195 millones en total; y 4.000 pasivos fuera de escala que se les adeudan $ 312 millones. En total, suman $ 507 millones”, detalló.
Durante la entrevista, el representante del sector mostró una versión taquigráfica de una sesión legislativa de abril 1996. En ese encuentro parlamentario, Alperovich defendió a los jubilados y cuestionó que el Estado no haya actualizado los haberes jubilatorios. “Por esos años el gobernador nos defendía y hablaba de justicia, equidad y solidaridad. Hoy parece pensar lo contrario”, cuestionó. También agregó: “a pesar de haber sido estafados con los tristemente recordados BOSO, seguimos esperando la promesa del ministro de Economía de que la deuda sería pagada con un bono previsional. El comportamiento de las autoridades provinciales implica desobediencia judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de personas”.
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