13 Marzo 2014
Unos 1.000 trabajadores de la construcción quedaron fuera del mercado laboral en la provincia, en los últimos tres meses, producto de la inflación y la devaluación del peso, según la seccional Tucumán de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). Precisamente, evitar una mayor disminución en la demanda de mano de obra es uno de los asuntos que, según la Casa de Gobierno, hacen necesario aprobar un millonario desembolso en forma de anticipo para las empresas constructoras.
En el orden del día para la sesión de hoy de la Legislatura aparece un proyecto del Poder Ejecutivo (PE), que prevé afectar un fondo de $ 30 millones “a fin de apoyar la continuidad de la obra pública”, aseguraron fuentes oficiales. La iniciativa será defendida en el recinto por el nuevo presidente de la comisión de Obras Públicas, el oficialista Alejandro Martínez, quien reemplazará por primera vez en ese rol al legislador neomassista José Teri. “Es una iniciativa prioritaria en esta instancia, porque el Gobierno provincial tiene la predisposición de observar la problemática que tiene la construcción”, le expresó Martínez a LA GACETA.
El dirigente taficeño agregó: “con estos $ 30 millones las empresas van a poder seguir adelante en sus obras, y fundamentalmente no se va a producir ningún tipo de despidos”. Los fondos afectados estarán dirigidos, sobre todo, a firmas que fueron contratadas por el PE para la edificación de viviendas y módulos habitacionales. El objetivo es que, con este dinero en forma de anticipo, las compañías puedan adquirir los recursos materiales para esa infraestructura y “congelar” los valores de mercado. “La devaluación hizo que los precios den un salto. Ahora se están acomodando, en gran parte por el convenio que el gobernador firmó con corralones y el Ejecutivo nacional por los ‘Precios Cuidados’”, detalló Martínez.
En el orden del día para la sesión de hoy de la Legislatura aparece un proyecto del Poder Ejecutivo (PE), que prevé afectar un fondo de $ 30 millones “a fin de apoyar la continuidad de la obra pública”, aseguraron fuentes oficiales. La iniciativa será defendida en el recinto por el nuevo presidente de la comisión de Obras Públicas, el oficialista Alejandro Martínez, quien reemplazará por primera vez en ese rol al legislador neomassista José Teri. “Es una iniciativa prioritaria en esta instancia, porque el Gobierno provincial tiene la predisposición de observar la problemática que tiene la construcción”, le expresó Martínez a LA GACETA.
El dirigente taficeño agregó: “con estos $ 30 millones las empresas van a poder seguir adelante en sus obras, y fundamentalmente no se va a producir ningún tipo de despidos”. Los fondos afectados estarán dirigidos, sobre todo, a firmas que fueron contratadas por el PE para la edificación de viviendas y módulos habitacionales. El objetivo es que, con este dinero en forma de anticipo, las compañías puedan adquirir los recursos materiales para esa infraestructura y “congelar” los valores de mercado. “La devaluación hizo que los precios den un salto. Ahora se están acomodando, en gran parte por el convenio que el gobernador firmó con corralones y el Ejecutivo nacional por los ‘Precios Cuidados’”, detalló Martínez.
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