Los “patrones del mal” nadan en dulce de leche

“En el domicilio de San Luis al 1.600 aproximadamente... vive un tal Garra... el domicilio fue allanado hace cuatro meses... vende el padre y los dos hijos, el padre está en silla de ruedas, después del allanamiento los movimientos siguieron igual, el comisario de la jurisdicción pasa personalmente a buscar el sobre”. (Denuncia del 3/1/13 por la causa de la narcopolicía)

“Hasta el momento no surgen de autos elementos que permitan considerar la conducta de los jefes de la imputada como delictiva”  (...) “la investigación arrojó resultado negativo en el sentido de que el investigado (Jalil) tenga relación con el comisario jefe de la ... (comisaría 13), como así también con algún miembro de una tal familia Ale”. (Resolución de procesamiento del grupo de la narcopolicía, del 20/11/13)

En los últimos nueve años, la Justicia Federal ha tenido un promedio de 470 causas de drogas por año. El 70% son asuntos de tenencia, consumo o pequeños vendedores y se desechan, dice Ricardo Mario Sanjuán, vicepresidente de la Cámara Federal. Van al cesto de basura penal. Sin embargo, el país entero está ardiendo de pánico con el llamado “narcomenudeo”, es decir la venta barrial, que todos advierten que es la nueva modalidad de comercialización de drogas. ¿Hay una explosión de narcoventa vecinal y sigue ingresando el mismo número de causas a la Justicia Federal? Sanjuán asiente con la mirada: la estructura judicial federal no tiene más capacidad y ahí está el planteo del año pasado de los jueces Daniel Bejas y Fernando Poviña sobre el colapso investigativo porque hacen falta dos juzgados más, porque la Policía Federal está diezmada en Tucumán, porque no hay lugar donde detener a los imputados y porque no hay coordinación entre fuerzas de seguridad y jueces de la región NOA. Lapidario. Sanjuán agrega dos cosas: 1) la pata judicial entra en el segundo de los tres aspectos del problema del narcotráfico: la represión. Pero hay otros dos aspectos: la prevención y el tratamiento, más la rehabilitación. En esto no se ha hecho nada, dice. 2) Define que no hay una política sobre la droga y que “a la provincia nunca le importó el tema”.

Este chuzazo a la (falta de) política provincial se dio en un comienzo de año intenso en noticias sobre drogas, adicciones, narcotráfico y polémicas sobre si Argentina es un país de tránsito o de producción de droga. La Nación anunció la creación de una subsecretaría federal de inteligencia criminal que coordinará a las fuerzas de seguridad antidrogas. Al mismo tiempo pidió a las provincias adherirse a la ley 26.052 para hacerse cargo del narcomenudeo barrial. Ya se adhirieron Buenos Aires. La Rioja y Córdoba. Tucumán tiembla porque espera una respuesta para saber de dónde sacará los 200 millones de pesos que insumiría la creación de nuevos juzgados y fiscalías para trabajar en la lucha antidrogas.  El gobernador José Alperovich estimó que insumirá un año adecuar esa estructura, mientras la Nación apuró enviando a la ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y al titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, para que se organicen las áreas que deben dedicarse específicamente a las adicciones (se está preparando el ex Agromecánico Tafí Viejo).

Que no hay política provincial está claro. Al pedido de la Nación se respondió con el programa “Noche Segura”, en cuyo anuncio estuvieron el secretario de Seguridad, el ministro de Salud y el titular del IPLA. Pero la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, -que tendría que hacer el acompañamiento básico de las políticas sociales contra las adicciones- no participó. Mirkin dijo días atrás, que se está analizando una reforma en la Ley de Ministerios, y que tras esto se nombrará al sucesor de Alfredo Miroli en la Secretaría de Prevención a las Adicciones, cuya oficina está deshabitada desde hace un mes. Esta área fue muy criticada hace 15 días por Sanjuán cuando dijo que la provincia no dio a conocer ningún informe sobre adicciones. “Nunca vino a consultarnos y a interiorizarse sobre la entidad del problema”, dijo.

Tampoco se sabe cómo se combatirá el narcomenudeo. ¿Se creará una gigantesca Digedrop? La división de drogas local, que trabaja con la Justicia Federal se ha ocupado de causas de narcoadictos sobre todo, que son las que terminaron cayendo. Ejemplos lastimosos han sido la detención de tres “porreros” en Tafí del Valle hace un mes y el patético operativo de mayo de 2012 en Mendoza y avenida Mitre para allanar una casa que tenía una maceta con marihuana. De ampliarse esta misma forma de trabajar, la gigantesca Digedrop llenaría las ya saturadas cárceles con trafiadictos con causas que caerán una tras otra.

Mientras tanto, fue la diezmada oficina tucumana de la Policía Federal (la Sección Federal de Inteligencia en Drogas y Crimen Organizado), con cuatro hombres, dos autos modelos 94 y 95, un escáner roto desde hace dos años y grabadores a casete la que hizo el operativo contra “Garra” Jalil, en la causa conocida como de la “Narcopolicía”, que es reveladora de cómo funciona el narcomenudeo. La denuncia fue en enero del 13, los allanamientos se hicieron en septiembre y en diciembre fueron procesados “Garra”, con varios familiares, la cabo primero María Alicia Herrera -que trabajó durante nueve años en la Digedrop y fue trasladada pocos días antes del allanamiento- y el proveedor de pasta base Raúl “El Coy” Delgado, que de tener una carnicería en la Costanera capitalina y ser ordenanza en el Concejo Deliberante pasó a la prisión como distribuidor de pasta base.

Según la pesquisa, la casa de Jalil en zona Sur era un pequeño laboratorio donde se fraccionaba la droga (había seis kilos de cocaína) y se la distribuía por delivery con tres motociclistas. La cabo Herrera fue procesada por encubrimiento, acusada de avisar cuando la Policía iba a hacer operativos.

Precisamente esta causa ha dado pie para otra noticia sobre narcotráfico en febrero, cuando en Buenos Aires el diputado nacional José Cano dijo que había vínculos entre la droga y la política en Tucumán (“Clarín”, 19/2). Se basó en trascendidos de las escuchas telefónicas de la causa Jalil. En esas escuchas se habla de distintos tipos de droga -la más fina es “la escama de pescado”- aunque por lo general todas las personas consultadas dicen que lo que se vende es basura. “Tucumán tiene la peor droga del país. Está contaminado por ácido muriático, querosén, insecticidas”, dijo el médico Gustavo Marangoni, especialista en adicciones. En la Justicia federal dicen que las muestras de droga para venta por lo general tienen 3% de cocaína y el resto xilocaína, benzocaína, cloruro, almidón, aspirina. “Estafan a sus propios consumidores”, ironiza Sanjuán.

Las escuchas de la causa de “Garra” mencionan que tipos como el “Coy” trabajaban con bolsones en época de elecciones, que sabían de contratos de policía adicional y que conocían perfectamente los movimientos de la policía antidrogas y sus peleas internas. También mencionan que las avionetas tiraban la droga en Nueva Esperanza, Santiago del Estero.

Hasta ahora, se sabe del procesamiento a los imputados, pero poco de las escuchas. Si a nivel internacional se pudo capturar al “Chapo” Guzmán por su teléfono satelital, ¿no se podrá ver quiénes más están involucrados en las escuchas de “Garra” y “Coy”? Nadie cree que ellos puedan tener un pool para el gran tráfico de cocaína que lleva cargamentos como los 102 kilos decomisados anteayer en el norte de Santa Fe -que pasaron, obviamente, por Tucumán-. Pero ellos son una muestra de las familias narcos como los “monos” rosarinos, que elaboran basura a partir de pasta base y tienen que ver con la violencia en las zonas marginales como La Costanera. A “Garra” y sus compañeros se les secuestraron varias armas, incluso una escopeta Itaca policial.

Hasta ahora siguen siendo invisibles los grandes proveedores y los “patrones del mal”. Son como los hombres corcho de Roberto Arlt,  que nunca se hunden en medio de la mugre. Entre otras cosas, como señala el ex comandante de Gendarmería José Spadaro (“La Nación”, 25/2) porque la policía es una herramienta de poder del gobernante (nunca cuestiona sus políticas, o su falta de política), ignora sobre inteligencia criminal y no hace prognosis del delito; y “porque no hay corrupción policial sin connivencia política”, dice.

Sanjuán planteó la falta de rumbo existente cuando dijo que le llama la atención que la Provincia no maneje cifras y que no esté hecho un mapa del narcomenudeo, que pasa -explicó- por La Costanera, Banda del Río Salí, La Milagrosa, los barrios aledaños a la ciudad de Yerba Buena (donde jamás se hacen operativos) y el sur de Tucumán, que no existe en las tareas de inteligencia policial.

El camarista dice que esos clanes como los “monos” (él los llama Pymes) son por ahora incontables pero no es tanto que el narcotráfico haya avanzado como que el Estado ha retrocedido. Y enumera: No hay lugares para tratar adictos; estos son reincidentes, viven en una economía narco de susbsistencia que se sustenta porque las fronteras son coladores y la Policía y la Justicia lo único que han hecho hasta ahora es tapar baches con detenidos, sin que el Estado -que es un arma poderosa- nunca ponga el eje de la política en el daño, ni en la recuperación de adictos ni en la reinserción. “Son tres décadas perdidas”, sentenció.

Hasta el momento lo único oficial en Tucumán ha sido el anuncio de “Noche segura” y se esperan los anuncios de hoy del gobernador con la apertura del año legislativo. Por lo demás, el asunto droga es para los gobiernos (y la sociedad toda)  muy difícil. Como lo definió hace un año Julio Silman, el intendente de Alderetes: “Es como nadar en dulce de leche”. Allí nadan a gusto los “patrones del mal”.