01 Marzo 2014
La cuestión del programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM) no da para más. Esta conclusión se desprende de la última carta documento que envió Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y profesor consulto de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), al camporista Juan Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. En la misiva, Gandur pidió un pronto despacho al funcionario con el argumento de que hay argumentos de sobra para resolver si existen o no vulneraciones a los derechos de los alumnos del EPAM.
“Quiero hacerle saber que en el conflicto entre el programa y la UNT, esta última está adoptando mecanismos tendientes a la confusión de los adultos mayores”, denunció Gandur en la nota que despachó el 27 de febrero pasado. Según su criterio, la confusión radica en que la universidad instrumentó dos tipos de inscripciones: “una de carácter definitivo en el ‘inaccesible’ inmueble de la ex usina (Avenida Sarmiento 1.100), y otra meramente tentativa (denominada ‘preinscripción’) para cursar en la sede de Muñecas 436” (el remitente acreditó ese mecanismo desdoblado adjuntando copia de la nota que publicó LA GACETA el mismo 27 de febrero). Respecto de este último inmueble, Gandur recordó que la UNT lo había adquirido en 2009 con el fin expreso de destinarlo a los cursos del EPAM. “Este local aún hoy se encuentra ocupado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, sin que existan indicios de su inminente traslado pese a la cercanía del inicio del ciclo lectivo del EPAM y de la necesidad de acondicionarlo estructuralmente para esos fines”, manifestó el ex ministro público fiscal.
El también miembro de la Comisión Honoraria del Centenario de la UNT afirmó que Fresneda dispone de abundante información para expedirse sobre el caso “EPAM”. Y citó, por un lado, los problemas edilicios ostensibles de la ex usina y, por el otro, el informe firmado por Humberto Rava, secretario de Derechos Humanos de la provincia. “Desde nuestra perspectiva, la ex usina no es apta para el desarrollo de clases y talleres de un programa de educación para adultos mayores, en atención a los defectos estructurales, todo ello sin perjuicio de importar un retroceso con relación a las condiciones en que las actividades se desarrollaban en su antigua sede (la UNT alquilaba una casona ubicada en la calle Virgen de la Merced)”, concluyó Rava en diciembre, como consecuencia de la intervención que le solicitó el secretario Fresneda.
“No se comprende el diferimiento de la resolución (del secretario de Derechos Humanos de la Nación)”, manifestó Gandur, que advirtió que, si no recibe novedades en los próximos 30 días, considerará que existe silencio de la Administración.
El presidente de la CSJT se involucró en el conflicto EPAM-UNT en noviembre pasado. Primero, propuso un pronunciamiento a la Comisión Honoraria, pero el comité no quiso inmiscuirse en el problema. Entonces, comenzó la batalla solitaria de Gandur en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como consecuencia de ella, el rector Juan Alberto Cerisola sugirió al presidente de la Corte que se concentrase en los problemas de los Tribunales. Cerisola además dijo que los cursos del EPAM tenían los estándares adecuados. Previamente y por las protestas de los adultos mayores, el rector se había comprometido -sin expresar un plazo- a reubicar el programa en el local que la administración de Derecho ocupa desde la restauración de la Casa Remis, proyecto que concluyó en 2012.
En enero, José Hugo Saab, coordinador de Gabinete del Rectorado, dijo que la UNT iba a reacondicionar la ex usina para albergar a los 300 alumnos del EPAM que deseaban seguir asistiendo a clases allí. El funcionario también expresó que en abril iba a ser habilitada la sede del programa en el inmueble de la calle Muñecas. A comienzos del mes pasado, Gandur declaró que estaba satisfecho con las declaraciones de Saab, pero que no había ningún acto administrativo. “En los papeles no vi absolutamente nada”, precisó el titular de la Corte.
“Quiero hacerle saber que en el conflicto entre el programa y la UNT, esta última está adoptando mecanismos tendientes a la confusión de los adultos mayores”, denunció Gandur en la nota que despachó el 27 de febrero pasado. Según su criterio, la confusión radica en que la universidad instrumentó dos tipos de inscripciones: “una de carácter definitivo en el ‘inaccesible’ inmueble de la ex usina (Avenida Sarmiento 1.100), y otra meramente tentativa (denominada ‘preinscripción’) para cursar en la sede de Muñecas 436” (el remitente acreditó ese mecanismo desdoblado adjuntando copia de la nota que publicó LA GACETA el mismo 27 de febrero). Respecto de este último inmueble, Gandur recordó que la UNT lo había adquirido en 2009 con el fin expreso de destinarlo a los cursos del EPAM. “Este local aún hoy se encuentra ocupado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, sin que existan indicios de su inminente traslado pese a la cercanía del inicio del ciclo lectivo del EPAM y de la necesidad de acondicionarlo estructuralmente para esos fines”, manifestó el ex ministro público fiscal.
El también miembro de la Comisión Honoraria del Centenario de la UNT afirmó que Fresneda dispone de abundante información para expedirse sobre el caso “EPAM”. Y citó, por un lado, los problemas edilicios ostensibles de la ex usina y, por el otro, el informe firmado por Humberto Rava, secretario de Derechos Humanos de la provincia. “Desde nuestra perspectiva, la ex usina no es apta para el desarrollo de clases y talleres de un programa de educación para adultos mayores, en atención a los defectos estructurales, todo ello sin perjuicio de importar un retroceso con relación a las condiciones en que las actividades se desarrollaban en su antigua sede (la UNT alquilaba una casona ubicada en la calle Virgen de la Merced)”, concluyó Rava en diciembre, como consecuencia de la intervención que le solicitó el secretario Fresneda.
“No se comprende el diferimiento de la resolución (del secretario de Derechos Humanos de la Nación)”, manifestó Gandur, que advirtió que, si no recibe novedades en los próximos 30 días, considerará que existe silencio de la Administración.
El presidente de la CSJT se involucró en el conflicto EPAM-UNT en noviembre pasado. Primero, propuso un pronunciamiento a la Comisión Honoraria, pero el comité no quiso inmiscuirse en el problema. Entonces, comenzó la batalla solitaria de Gandur en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como consecuencia de ella, el rector Juan Alberto Cerisola sugirió al presidente de la Corte que se concentrase en los problemas de los Tribunales. Cerisola además dijo que los cursos del EPAM tenían los estándares adecuados. Previamente y por las protestas de los adultos mayores, el rector se había comprometido -sin expresar un plazo- a reubicar el programa en el local que la administración de Derecho ocupa desde la restauración de la Casa Remis, proyecto que concluyó en 2012.
En enero, José Hugo Saab, coordinador de Gabinete del Rectorado, dijo que la UNT iba a reacondicionar la ex usina para albergar a los 300 alumnos del EPAM que deseaban seguir asistiendo a clases allí. El funcionario también expresó que en abril iba a ser habilitada la sede del programa en el inmueble de la calle Muñecas. A comienzos del mes pasado, Gandur declaró que estaba satisfecho con las declaraciones de Saab, pero que no había ningún acto administrativo. “En los papeles no vi absolutamente nada”, precisó el titular de la Corte.
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