La postura de la oposición

DICTAMEN de MINORÍA.- En el dictamen de minoría, Ricardo Bussi (PD) solicitó la condena del ministro fiscal, Luis De Mitri. “(El procesado) tenía la obligación de vigilar el desempeño de los funcionarios inferiores en la investigación de una causa delicada, que él mismo había definido como ‘compleja’ o ‘de interés público’, y respecto de la cual había adoptado medidas concretas (reasignación de la causa, designación de veedor, puesta a disposición de recursos humanos y materiales, etcétera) para evitar su paralización, la cual ocurrió posteriormente por la incuria y el desinterés demostrados en los años sucesivos”, apuntó Bussi. Remarcó que se demoró la pesquisa “siete veces más de lo fijado” por la ley penal. Y criticó la tarea de De Mitri como “visor” del proceso. “Es de hacer notar que la ‘equivocación’ del fiscal Albaca al requerir informes a las compañías de telefonía celular consignando erróneamente el número de teléfono de Paulina Lebbos (...que hasta podría configurar el tipo del encubrimiento agravado...) constituye una mala práctica dentro de una institución que debe cumplir elevadas funciones sociales y que no puede permitirse errores garrafales de la envergadura del mencionado”, agregó Bussi.

El Planteo.- El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) formuló hace tres semanas el pedido de juicio político contra el ministro fiscal, Luis De Mitri, por considerarlo “incurso en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo” en la investigación del homicidio de Paulina Lebbos, producido en 2006. El planteo fue realizado junto a dos letrados vinculados al macrismo, Damián José Paz y Alfredo Terán (h). Uno de los argumentos que sostenía la acusación se sustentaba en una auditoría realizada por la fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira. La instructora del proceso administrativo cuestionó duramente la tarea del fiscal de Instrucción Carlos Albaca, y también mencionó al ministro fiscal De Mitri, “(Este) ha incumplido en forma reiterada con sus deberes de funcionario judicial en el control, seguimiento y dirección de la investigación jurisdiccional bajo su tutela (...) Con su accionar inexplicablemente omisivo, ha permitido una excesiva dilación temporaria tanto en la producción de las pruebas necesarias conducentes al esclarecimiento de los hechos como a las líneas investigativas encaminadas a conocer a su autor o autores, cómplices y/o encubridores”, afirmaron los dirigentes del PRO.