16 Noviembre 2013
Sobreseer o no a Juan Luis Manzur, diputado nacional, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador de Tucumán (con licencia desde julio de 2009). Esta disyuntiva resume el estado de la pesquisa por supuesto enriquecimiento ilícito iniciada en 2010 en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Daniel Bejas. Ocurre que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hizo lugar al desistimiento que planteó Leopoldo Peralta Palma, fiscal general federal (reemplazó a Gustavo Gómez, titular de ese cargo, que estaba de licencia). Por consiguiente, el estrado ordenó devolver la causa de Manzur a Bejas el 30 de octubre pasado.
Peralta Palma no mantuvo el recurso que el fiscal federal Carlos Brito había interpuesto contra la decisión de Bejas. Ese juez había rechazado la remisión de la causa a la Justicia Federal con asiento en el capital del país. El fiscal general opinó que la decisión recurrida no causaba un agravio irreparable y que el presunto enriquecimiento ilícito no se habría concretado en la Oficina Anticorrupción (OA) sita en Buenos Aires, como dijo Brito.
"Esa etapa del presunto plan ilícito se concreta al incumplir con el requerimiento judicial de justificar el crecimiento patrimonial. Ello aconteció en esta jurisdicción", adujo Peralta Palma, que es fiscal federal subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. En 2012, este fiscal había desistido de acusar a Juan Alberto Kaleñuk, ex gendarme y colaborador personal del gobernador José Alperovich, con el argumento de que había transcurrido el plazo razonable para juzgar al funcionario por la presunta sustracción de 1.723 bultos en puestos de Gendarmería.
Brito dictaminó en abril que Bejas debía declarar la incompetencia territorial porque el presunto delito adjudicado a Manzur habría sido cometido en el lugar de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales: la OA. En julio, Bejas decidió mantener su competencia en la resolución que Brito apeló y que derivó en el desistimiento de Peralta Palma.
El patrimonio declarado por Manzur creció al menos 22 veces entre 2003 y 2011. Pero Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó que estaba justificado el incremento de los bienes en el período 2009-2010 (término comprendido en la denuncia original de Oscar López, peronista disidente). A finales de 2012, José Agustín Ferrari, defensor de Manzur fallecido en octubre, pidió a Bejas que sobresea a su cliente, solicitud que reiteró este año al momento de contestar el planteo de incompetencia formulado por Brito.
Peralta Palma no mantuvo el recurso que el fiscal federal Carlos Brito había interpuesto contra la decisión de Bejas. Ese juez había rechazado la remisión de la causa a la Justicia Federal con asiento en el capital del país. El fiscal general opinó que la decisión recurrida no causaba un agravio irreparable y que el presunto enriquecimiento ilícito no se habría concretado en la Oficina Anticorrupción (OA) sita en Buenos Aires, como dijo Brito.
"Esa etapa del presunto plan ilícito se concreta al incumplir con el requerimiento judicial de justificar el crecimiento patrimonial. Ello aconteció en esta jurisdicción", adujo Peralta Palma, que es fiscal federal subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. En 2012, este fiscal había desistido de acusar a Juan Alberto Kaleñuk, ex gendarme y colaborador personal del gobernador José Alperovich, con el argumento de que había transcurrido el plazo razonable para juzgar al funcionario por la presunta sustracción de 1.723 bultos en puestos de Gendarmería.
Brito dictaminó en abril que Bejas debía declarar la incompetencia territorial porque el presunto delito adjudicado a Manzur habría sido cometido en el lugar de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales: la OA. En julio, Bejas decidió mantener su competencia en la resolución que Brito apeló y que derivó en el desistimiento de Peralta Palma.
El patrimonio declarado por Manzur creció al menos 22 veces entre 2003 y 2011. Pero Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó que estaba justificado el incremento de los bienes en el período 2009-2010 (término comprendido en la denuncia original de Oscar López, peronista disidente). A finales de 2012, José Agustín Ferrari, defensor de Manzur fallecido en octubre, pidió a Bejas que sobresea a su cliente, solicitud que reiteró este año al momento de contestar el planteo de incompetencia formulado por Brito.
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