13 Noviembre 2013
Jueces federales de Tucumán piden más policías y una cárcel
La Corte nacional criticó la falta de respuestas a los reclamos de magistrados del NOA. Los ministros del tribunal elevaron notas al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al Ministerio de Seguridad
DEFINICIÓN. Según Berni, la lucha contra el tráfico de drogas es eficiente. TELAM (ARCHIVO)
La Corte Suprema requirió al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad que arbitren de modo urgente las medidas sugeridas por jueces federales del Noroeste Argentino, debido a la grave situación que denuncian vinculada con el tráfico de estupefacientes y otros hechos delictivos. La resolución fue firmada ayer por todos los ministros del tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Días atrás, Lorenzetti, había dicho que uno de los temas que convocaba al diálogo directo entre el máximo tribunal y la Casa Rosada era la problemática del narcotráfico. "Pasan caravanas de 100 vehículos, con armas, y nadie los puede parar; la Gendarmería ha retrocedido, los jueces no tienen elementos, faltan jueces, hay juzgados vacantes, falta crear juzgados", indicó el titular de la Corte en una entrevista al diario Perfil. Ayer, el magistrado llamó a representantes de juzgados federales y del Ministerio de Seguridad de la Nación para que se discuta la adopción de medidas de cooperación para el control de la situación delictiva en el NOA. En un encuentro que se realizó el 18 de septiembre en el Palacio de Tribunales, se reunieron Berni y Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Jorge Luis Villada, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Miguel Medina, juez federal de Salta, entre otros. Luego, el 24 de octubre, el máximo tribunal recibió un informe sobre esta problemática con respecto a la jurisdicción Salta-Jujuy, y a Tucumán.
Los jueces federales de Tucumán, Daniel Bejas y Fernando Poviña,
firmaron el 25 de octubre las propuestas que, entienden, se ajustan a los requerimientos planteados por el presidente de la Corte. El 31 de octubre, la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que arbitren las medidas para combatir la grave problemática denunciada por los jueces federales. Pero ayer los magistrados manifestaron que "a la fecha no se recibió respuesta de ninguno de dichos organismos".
En su informe, reproducido por el Centro de Informaciones judiciales, Bejas y Poviña solicitaron que se nombre un tercer juez federal en Tucumán, que se designe un magistrado en Jujuy (hoy ese juzgado es subrogado por Poviña), que se designe más personal judicial para las oficinas tucumanas, que se nombre más personal policial para la delegación local de la Policía Federal y una cárcel en la que puedan alojar a los detenidos por este tipo de delitos.
Días atrás, Lorenzetti, había dicho que uno de los temas que convocaba al diálogo directo entre el máximo tribunal y la Casa Rosada era la problemática del narcotráfico. "Pasan caravanas de 100 vehículos, con armas, y nadie los puede parar; la Gendarmería ha retrocedido, los jueces no tienen elementos, faltan jueces, hay juzgados vacantes, falta crear juzgados", indicó el titular de la Corte en una entrevista al diario Perfil. Ayer, el magistrado llamó a representantes de juzgados federales y del Ministerio de Seguridad de la Nación para que se discuta la adopción de medidas de cooperación para el control de la situación delictiva en el NOA. En un encuentro que se realizó el 18 de septiembre en el Palacio de Tribunales, se reunieron Berni y Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Jorge Luis Villada, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Miguel Medina, juez federal de Salta, entre otros. Luego, el 24 de octubre, el máximo tribunal recibió un informe sobre esta problemática con respecto a la jurisdicción Salta-Jujuy, y a Tucumán.
Los jueces federales de Tucumán, Daniel Bejas y Fernando Poviña,
firmaron el 25 de octubre las propuestas que, entienden, se ajustan a los requerimientos planteados por el presidente de la Corte. El 31 de octubre, la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que arbitren las medidas para combatir la grave problemática denunciada por los jueces federales. Pero ayer los magistrados manifestaron que "a la fecha no se recibió respuesta de ninguno de dichos organismos".
En su informe, reproducido por el Centro de Informaciones judiciales, Bejas y Poviña solicitaron que se nombre un tercer juez federal en Tucumán, que se designe un magistrado en Jujuy (hoy ese juzgado es subrogado por Poviña), que se designe más personal judicial para las oficinas tucumanas, que se nombre más personal policial para la delegación local de la Policía Federal y una cárcel en la que puedan alojar a los detenidos por este tipo de delitos.
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