La Cámpora quiere ceder lotes fiscales a los pueblos indígenas

Un primer paso para el reconocimiento de la propiedad sobre la tierra a las comunidades indígenas tucumanas. Así fue promocionado un proyecto de ley impulsado por el legislador de La Cámpora, Jesús Salim, que dispone el traspaso de los terrenos fiscales a los pueblos originarios que los ocupan. La iniciativa fue presentada en la Defensoría del Pueblo en la semana en la que se conmemoró el Día de la Diversidad Cultural y el cuarto aniversario del asesinato del cacique Javier Chocobar por un conflicto territorial.

La herramienta para concretar la regularización dominial, según se detalló en el acto, será el relevamiento territorial que está siendo elaborado por un equipo de la oficina local del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo que participó de la concepción de la norma. Salim, que participó del anuncio junto a su esposa y candidata a diputada Mabel Carrizo, afirmó que habló con miembros de la bancada alperovichista y consideró que "tendrán buena predisposición" para discutir la presentación. Asistieron también autoridades de las comunidades indígenas, el ombudsman Hugo Cabral y representantes de la Fiscalía de Estado y de la Secretaría de Derechos Humanos.

"Reconocimiento" Delfín Gerónimo, secretario de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, explicó que entre las principales problemáticas que enfrentan las 16 comunidades está la territorial. "Estamos terminando el relevamiento, que da como resultado una carpeta técnica. Ahora hay que usarla para dar el próximo paso hacia la regularización de los títulos comunitarios. Salvo Amaicha, ninguna lo tiene", expresó. Reconoció que el inicio del relevamiento-hace dos años- disparó conflictos con particulares y consideró que este tipo de medidas tienden a solucionar los problemas de fondo. "Se tienen que contemplar también los derechos que otros puedan tener", manifestó.

José Ramos, responsable del INAI, advirtió que las tierras fiscales comprenden porcentajes "diminutos", pero que son clave para iniciar la discusión. Recordó que la ley nacional 26.160, que dio origen al relevamiento, surgió para dar cuenta de los territorios usados actualmente y evitar desalojos. La tarea, dijo, tuvo abordajes legales, sociales y de georeferenciamiento. "El reconocimiento de derechos, mediante las políticas públicas, es el objetivo final", manifestó.

Jorgelina Fontdevila, abogada del INAI y miembro del equipo técnico, subrayó que la investigación les develó que en la provincia hay desconocimiento respecto de la temática indígena, tanto en los ciudadanos como entre los funcionarios y jueces. Recalcó, por ejemplo, la existencia de una ley provincial -la número 5.778, de 1986- que preveía el traspaso de los terrenos del Estado, pero que nunca fue reglamentada. Consignó que institucionalizar este tipo de tareas es fundamental para avanzar y no depender de la voluntad de los "gobiernos de turno".