Por Roberto Delgado
12 Julio 2013
Las tensiones iban camino al punto de fricción entre Susana Trimarco y Alberto Lebbos. Hace meses, se reactivó la causa por el asesinato de Paulina con la fuerte recriminación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contra el Poder Judicial tucumano. Poco antes, la madre de Marita había dicho que apoyaba el reclamo de Lebbos, pero que habían tenido diferencias y por eso no iba a sus marchas. El padre de Paulina había replicado que él sí apoyaba el reclamo de Trimarco y la convocaba a acompañarlo.
Ambos casos fueron marcando la agenda de los problemas de seguridad y políticos en la provincia, pero la distancia en el trato recibido por cada uno se fue agrandando hasta el acto del 9 de Julio, cuando ella apareció como invitada dilecta junto a la Presidenta y él fue reprimido por la Policía, que no lo dejó acercarse a las autoridades y mucho menos, a Cristina. Enfrentada a las diferentes situaciones, Trimarco opinó que él debería dejar que la Justicia investigue y no acusar a los "hijos del poder" si no tiene pruebas (esta es la primera -y más difundida- hipótesis sobre el asesinato de Paulina). Lebbos podría contestar, con argumento parecido, que los jueces del proceso por la desaparición de Marita tampoco hallaron pruebas y por eso absolvieron a los 13 acusados. Debieron pasar seis meses del final escandaloso del juicio oral, seis meses en medio de una furibunda embestida de la Nación contra el Poder Judicial tucumano, para que el ministro fiscal, Luis de Mitri aseverara que debió haber condena, sin criticar la investigación hecha por los primeros fiscales del caso, que dependen de él.
El contrapunto está planteado. Una tiene la comprensión del poder; el otro sostiene que es el poder el responsable de lo que ha ocurrido. Una dice que la investigación del caso Verón ha sido desvirtuada por algunos policías y algunos responsables de la Justicia y culpa a los tres jueces que llevaron a cabo el juicio. En su momento pidió -y obtuvo- la renuncia del ex ministro de Seguridad Ciudadana. El otro dice que ha sido la Policía -bajo la presión del poder político- la que ha contribuido a encubrir a los responsables del homicidio de Paulina. Apenas confía -por ahora- en el nuevo fiscal a cargo del caso, Diego López Avila. Y tras la represión del martes, pide que renuncien el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, y el jefe de Policía, Jorge Racedo.
La superficie de ambos casos es diferente. Trimarco le pide a Lebbos que deje que la Justicia investigue. Pero es la misma Justicia que, en su caso, investigó mal la desaparición de Marita. Ella cree que ahora la Policía es diferente y él opina que sigue siendo la misma fuerza, funcional al poder y que, con idénticos métodos, trabajó en ambas investigaciones.
En lo profundo de los dos casos está la impunidad, que no parece que pueda romperse con pesquisas comunes, como no sea con una poderosa presión política. ¿A dónde llegará el fiscal López Avila? ¿Qué hará Lebbos si, en pocos días más, el investigador desecha la hipótesis de los "hijos del poder" y va por otra teoría o llega a un punto ciego? ¿Podrá reclamar una intervención nacional y exigir otra solución, como hizo Trimarco?
La Nación ha sido reticente para darle un espacio -porque su crítica apunta a Alperovich, aliado de Cristina- pero sí ha puesto al secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, a escucharlo. Y fue la Nación la que criticó la investigación del ex fiscal de la causa, el congelador Carlos Albaca. Y fue la Nación la que habló de maniobras hechas para ensuciar la causa. ¿Esto es suficiente, o hace falta una atención como la que se da a Trimarco? Esto, en la hipótesis de Lebbos, implicaría sacudir el poder de Alperovich.
No son las causas las que tienen diferencias, sino el enfoque político. Mientras tanto, las víctimas están a punto de pelearse.
Ambos casos fueron marcando la agenda de los problemas de seguridad y políticos en la provincia, pero la distancia en el trato recibido por cada uno se fue agrandando hasta el acto del 9 de Julio, cuando ella apareció como invitada dilecta junto a la Presidenta y él fue reprimido por la Policía, que no lo dejó acercarse a las autoridades y mucho menos, a Cristina. Enfrentada a las diferentes situaciones, Trimarco opinó que él debería dejar que la Justicia investigue y no acusar a los "hijos del poder" si no tiene pruebas (esta es la primera -y más difundida- hipótesis sobre el asesinato de Paulina). Lebbos podría contestar, con argumento parecido, que los jueces del proceso por la desaparición de Marita tampoco hallaron pruebas y por eso absolvieron a los 13 acusados. Debieron pasar seis meses del final escandaloso del juicio oral, seis meses en medio de una furibunda embestida de la Nación contra el Poder Judicial tucumano, para que el ministro fiscal, Luis de Mitri aseverara que debió haber condena, sin criticar la investigación hecha por los primeros fiscales del caso, que dependen de él.
El contrapunto está planteado. Una tiene la comprensión del poder; el otro sostiene que es el poder el responsable de lo que ha ocurrido. Una dice que la investigación del caso Verón ha sido desvirtuada por algunos policías y algunos responsables de la Justicia y culpa a los tres jueces que llevaron a cabo el juicio. En su momento pidió -y obtuvo- la renuncia del ex ministro de Seguridad Ciudadana. El otro dice que ha sido la Policía -bajo la presión del poder político- la que ha contribuido a encubrir a los responsables del homicidio de Paulina. Apenas confía -por ahora- en el nuevo fiscal a cargo del caso, Diego López Avila. Y tras la represión del martes, pide que renuncien el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, y el jefe de Policía, Jorge Racedo.
La superficie de ambos casos es diferente. Trimarco le pide a Lebbos que deje que la Justicia investigue. Pero es la misma Justicia que, en su caso, investigó mal la desaparición de Marita. Ella cree que ahora la Policía es diferente y él opina que sigue siendo la misma fuerza, funcional al poder y que, con idénticos métodos, trabajó en ambas investigaciones.
En lo profundo de los dos casos está la impunidad, que no parece que pueda romperse con pesquisas comunes, como no sea con una poderosa presión política. ¿A dónde llegará el fiscal López Avila? ¿Qué hará Lebbos si, en pocos días más, el investigador desecha la hipótesis de los "hijos del poder" y va por otra teoría o llega a un punto ciego? ¿Podrá reclamar una intervención nacional y exigir otra solución, como hizo Trimarco?
La Nación ha sido reticente para darle un espacio -porque su crítica apunta a Alperovich, aliado de Cristina- pero sí ha puesto al secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, a escucharlo. Y fue la Nación la que criticó la investigación del ex fiscal de la causa, el congelador Carlos Albaca. Y fue la Nación la que habló de maniobras hechas para ensuciar la causa. ¿Esto es suficiente, o hace falta una atención como la que se da a Trimarco? Esto, en la hipótesis de Lebbos, implicaría sacudir el poder de Alperovich.
No son las causas las que tienen diferencias, sino el enfoque político. Mientras tanto, las víctimas están a punto de pelearse.
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