El problema es la "alegalidad". No consiste en violación a la ley, ciertamente. Simplemente. Lamentablemente. Eso sería ilegalidad, y ella supone una conducta que admite la existencia de la norma, pero la infringe. La "alegalidad", en cambio, está más allá de lo ilegal, precisamente porque se halla por encima del andamiaje legal. La "alegalidad" no desconoce lo legal, sino que lo anula.
La "alegalidad", claro está, no supone la eliminación de la ley, sino su desnaturalización. Implica la determinación por parte del poder de que una ley es tan sólo un texto que puede decir cualquier cosa que le dé la gana al Gobierno. Resultado, por supuesto, de un Gobierno que acostumbra decir cualquier cosa que le dé la gana.
Luego, a partir de la cronicidad de la "alegalidad", lo que procede es el franco irrespeto por la ley. Esto, obviamente, es consecuencia directa de que quienes dictan, ejecutan o interpretan la ley (o sea, los hombres y las mujeres de los poderes públicos) rara vez piensan en respetar su palabra.
¿Amigos son los amigos?
La "alegalidad", es evidente, supone la prescindencia de la ley y por eso, hace poco, la Legislatura se alarmó. La mismísima Corte Suprema había resuelto reformar nada menos que el proceso penal en la provincia mediante simples acordadas. Es decir, prescindiendo de leyes. El Poder Legislativo se manifestó indignado y castigó con críticas y desaires al titular de la Corte, Antonio Estofán.
Pero ahora trasciende que el gobernador, José Alperovich, de quien la Legislatura nada dijo, alentaba fervorosa y precozmente el "plan piloto" de Estofán. El 29 de octubre de 2012, el titular de la Corte firmó convenios con las municipalidades de Alberdi, Aguilares, Graneros y La Cocha para que cedieran infraestructura a fin de que la Justicia instalase centros de recepción de planteos judiciales en esas ciudades. Los cuatro acuerdos llevan la firma de Alperovich. O sea, el "plan piloto" avanzaba sin ley y el mandatario auspiciaba su materialización a paso veloz.
Después vendrían el fallo absolutorio en la causa por el secuestro de Marita Verón; el pedido de remoción de los jueces que no tuvieron pruebas para condenar; la promesa del jefe del Ejecutivo de hacer todo cuanto pida Susana Trimarco; las cautelares que frenaron las destituciones; los reproches de la Nación; el convencimiento de Alperovich de que eran "los amigos de Toño" (jueces y abogados afines a Estofán) quienes lo perjudicaban; y la orden de parar el "plan piloto". O sea, "alegalidad": para las iniciativas (constitucionales o no) de los que se portan como "amigos", edificios municipales. Para los que dejan comportarse como tales, maltrato parlamentario.
Dónde dice "sí" lea "no"
La "alegalidad" dominó la escena política, en los más diversos estratos de la cosa pública, durante esta desahuciada semana. Incluyendo la reunión del jueves entre José Alperovich (y Beatriz Mirkin, Edmundo Jiménez, Osvaldo Jaldo, Armando Cortalezzi, Guillermo Gassenbauer y Regino Amado) con los concejales peronistas de la capital (y Domingo Amaya). Un encuentro en castellano, donde no se dijeron lo que se estaban diciendo.
- En la capital es donde vamos a tener la elección más dura, así que tenemos que trabajar mucho -afirmó el gobernador. O sea, ya sabemos que a Cristina la van a "rigorear" en San Miguel de Tucumán, pero a la factura la vamos a pasar a nombre de Amaya.
- La elección va a estar dura en todos los centros urbanos. En las ciudades del interior también habrá que trabajar mucho -respondió el edil Germán Alfaro. Es decir, conocemos perfectamente que todos en la Casa de Gobierno andan diciendo que después de octubre, van a tratar de matarnos políticamente. Así que no nos tomen por estúpidos.
- En Yerba Buena va estar, incluso, más duro que en la capital -completó Amaya. Léase, ojo que puede que la "revolcada" se dé en los distritos que dependen directamente del gobernador.
- Y en Concepción ya está difícil -aportó un concejal, desde el fondo. O lo que es igual: aquí aprietan todos los días para ver quién es alperovichista y quién es amayista, mientras que en la Perla del Sur todos le responden al gobernador y se están matando entre ellos. Así que aflojen.
- Aquí en la capital, tenemos que largar obras para la "medialuna" del sur de la ciudad -propuso el edil Ernesto Nagle. O sea, ¿con cuánto vamos a contar para nuestros circuitos?
- ¿Vos te creés que en dos meses hay tiempo para encarar y terminar obras? No: hay que mostrar todo lo que hicimos durante estos años -replicó Alperovich. Es decir, no se hagan ilusiones con que vaya a haber mucha plata y pónganse a trabajar ya.
- ¡Pará, José! Hay que innovar. Con lo de las obras ya hicimos varias campañas. No sé si alcanza. Ahora hay que consultarles a los especialistas, a ver qué recomiendan -intercedió Alfaro. Léase, basta de verso y de llevarnos de las narices. Todavía nos tenemos que poner de acuerdo sobre los términos para estas elecciones y para la reforma... Y para lo que viene después.
El mentidero ya había comenzado con ese misma "alegalidad" de la palabra. El gobernador que se queda con todo el dinero del Fondo Soja que corresponde a la capital para obras públicas, empezó diciendo: yo, con Domingo, nunca un sí ni un no. ¿Verdad, Colorado?
Cuando entraba Alperovich, el intendente estaba diciendo: los peronistas tenemos el cuero duro, porque toda la vida fuimos perseguidos.
Amaya estaba abriendo el paraguas respecto de la tormenta desatada por las actuaciones del fiscal Washington Navarro Dávila.
Hora de pintarse
El funcionario judicial investiga si existe una "Municipalidad paralela", tras el escándalo de la presunta estafa de inspectores municipales que, con talonarios y sellos falsos, habrían cobrado a empresas tributos que, por supuesto, jamás ingresaban al fisco. Una respuesta a la prensa del secretario de Gobierno municipal, Marcos Díaz, indignó de tal manera a Navarro Dávila, que citó al colaborador de Amaya con carácter de urgente, so pena de ordenar su detención. Como Díaz no tenía DNI consigo, Navarro Dávila hizo que le tomaran las huellas dactilares. "Si te pintan los dedos", reza el catequesis peronista, "te tenés que pintar la cara", porque vas a la guerra. Así fue con el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, quien acaba de asumir como prosecretario del bloque del Peronismo Federal en la Cámara de Senadores de la Nación.
¿Cuáles declaraciones que indignaron al fiscal, acusado por legisladores y concejales amayistas de ser funcional al alperovichismo en la interna de poder? "No existe ninguna 'Municipalidad paralela'. Hemos alcanzado un nivel importante de institucionalidad. Lo que pasó en la Dipsa son situaciones aisladas de empleados infieles". Navarro Dávila (quien llegó a hablar de "encubrimiento" de funcionarios amayistas) consideró tan oprobiosas esas 24 palabras que advirtió que no permitirá ninguna falta de respeto contra su investidura. Lo revelador del caso no pasa por discutir si la reacción del fiscal es legítima o exagerada. Lo inquietante es que haya miembros de la Justicia que se sientan ofendidos por esto, pero que nada digan acerca de los verdaderos agravios contra el Poder Judicial. Que ni una palabra suelten sobre los reales atropellos contra miembros de tribunales. Que se callen sobre la discriminación y la persecución contra el secretario judicial Carlos López.
Antojos de la sinrazón
El abogado tucumano, tras concursar en el CAM, salió tercero en un caso, segundo en dos, y primero en tres. Las seis veces, Alperovich se negó a designarlo juez o fiscal penal, sin dar motivos. Es que las razones eran inconfesables: castigaba a López por haber sido secretario de la Fiscalía Anticorrupción, que durante el mirandismo lo investigó a él y a su esposa, hoy senadora.
El secretario accionó judicialmente cuando lo desplazaron por sexta vez y obtuvo una cautelar de ese juez defensor de la república que es Rodolfo Novillo. Con ello, frenó el proceso. Pero la Corte, literalmente, manoteó el expediente: lo pidió para verlo, pero se lo quedó. Y en lo que configura el primer per saltum de hecho de la historia, determinó que no estaba probado que López haya sido discrimado (parece que si son menos de 100 veces, no vale). Ahora, López se encamina con buenas chances hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (paso previo a la Corte Interamericana), porque además de discriminarlo, le negaron el derecho básico a la doble instancia judicial sobre la cuestión de fondo: el único fallo fue el de la Corte local. La cual reivindicó la potestad del gobernador de designar juez a cualquiera de la terna sin dar razones. Porque en la "alegalidad", la fuente del derecho no es la razonabilidad sino el antojo del poder.
Castigo a la virtud
En la "alegalidad", el atropello contra López es injusto, pero no incoherente. López no adulteró expedientes ni traficó influencias. Ingresó a Tribunales como ordenanza. Se recibió de abogado mientras trabajaba. Y quiere ascender sin otra condición que la idoneidad. Demasiados valores para un país gobernado por quienes proponen premiar el disvalor por ley. Porque eso es lo que la Nación, que tiene de rodillas a la Provincia, postula con su proyecto de blanqueo de dólares. El que quiere comprar un puñado billetes verdes para ir de vacaciones fuera del país es un vendepatria, burgués, gorila, cipayo y diabético que se queja de lleno. El que quiere traer millones de dólares "negros" que sacó del país por izquierda, es un patriota que, además, recibirá un bono al 4% anual.
"Alegalidad" es que el hijo del vecino gane un concurso tras otro y sólo reciba impune marginación, mientras los hijos del poder consiguen que el Estado les dé trabajos magníficamente remunerados contra la sola presentación del currículum. "Alegalidad" es llenarse la boca de redistribución de la riqueza, cuando el que gana $ 7.000 por mes paga Impuesto a las Ganancias y el que blanquea millones de dólares no paga ni siquiera Impuesto al Cheque. "Alegalidad" es aquí. Y es ahora.
