El primer requisito para solucionar un problema es admitir que el problema existe, identificarlo, reconocerlo. El segundo paso es tener la necesidad o la intención de resolverlo. Recién luego se podrá debatir, hasta consensuar o no, el método para solucionar la falla.
En una empresa estos procesos suelen ser más sencillos que en el Estado porque, en general, los objetivos se miden por resultados. Una empresa que pierde dinero muta o cierra. No hay demasiados secretos en esto. Después puede haber un sinfín de variables como rentabilidad, rendimiento, clima laboral, liderazgo, comunicación, calidad y un largo etcétera de cuestiones que impactarán sobre el resultado final y harán que una compañía sea mejor que otra.
En el Estado esto es mucho más complejo por varias razones. Una de ellas es que los objetivos no siempre se miden por rentabilidad. Por ejemplo, el Estado debe garantizar la provisión de agua corriente al 100% de la población al margen de toda rentabilidad. Si este servicio puede ser rentable en algún sector, mejor aún, pero en zonas donde no pueda ser rentable igual deberá prestarse el servicio.
Otro de los motivos es que en Argentina muchas veces se confunde Estado con Gobierno y los objetivos son políticos antes que administrativos. Funcionarios de un mismo partido se boicotean proyectos entre sí por internas que tienen que ver con espacios de poder o manejo de fondos. Y peor aún si son de distintos partidos. Decenas de proyectos muy necesarios para solucionar problemas urgentes de la gente han naufragado por mezquindades políticas. Hay cientos de ejemplos y no es una exageración. Tal vez uno de los más resonantes este último tiempo fue la creciente inflación. Casi tres años tardó el gobierno en admitir que existe -el primer requisito para solucionar un problema- sólo por no perder una pulseada con la oposición. En el medio, la población estuvo de rehén. Ahora, se podrá estar o no de acuerdo con las medidas que se están tomando, pero al menos se reconoció que el problema existe y se está haciendo algo para enfrentarlo.
El 4 de abril el intendente Domingo Amaya vetó una ordenanza aprobada el 14 de marzo por amplia mayoría, que pretendía crear un registro de los carros tracción a sangre que circulan por la capital de Tucumán. El proyecto, elaborado por el concejal alperovichista Ignacio Golobisky, tenía como objetivo primero censar los carros -se estiman que son unos 3.000- para luego comenzar a sustituirlos por motocarros. Los carros tracción a sangre son un problema grave que tiene la ciudad. El maltrato al que son sometidos esos animales le afloja las piernas hasta al más insensible. Son, además, un gran riesgo para la seguridad vial y fuertes generadores, por su actividad, de basurales clandestinos. El argumento de Amaya para el veto fue: se busca "preservar la seguridad vial en las áreas urbanas del municipio, en razón del peligro que implica la circulación de los carros tracción a sangre" y que la prohibición de la circulación de estos vehículos encuentra su fundamento principal en "la erradicación del trabajo infantil, la marginación social, el maltrato de animales y la salubridad". Es decir, Amaya respondió que no van a censar carros ni a canjearlos por motocarros porque están prohibidos. Y como están prohibidos, los 3.000 carros no existen. A otra cosa. No hay problema, entonces tampoco habrá solución. La cuestión de fondo es que Amaya y Golobisky están enfrentados, sobre todo después de una fuerte discusión ocurrida el año pasado en casa de Alperovich, y el intendente rechazará cualquier proyecto del concejal alperovichista. En el medio, como siempre, está la sociedad de rehén y los problemas de la gente relegados al vil egoísmo de la política.
En una empresa estos procesos suelen ser más sencillos que en el Estado porque, en general, los objetivos se miden por resultados. Una empresa que pierde dinero muta o cierra. No hay demasiados secretos en esto. Después puede haber un sinfín de variables como rentabilidad, rendimiento, clima laboral, liderazgo, comunicación, calidad y un largo etcétera de cuestiones que impactarán sobre el resultado final y harán que una compañía sea mejor que otra.
En el Estado esto es mucho más complejo por varias razones. Una de ellas es que los objetivos no siempre se miden por rentabilidad. Por ejemplo, el Estado debe garantizar la provisión de agua corriente al 100% de la población al margen de toda rentabilidad. Si este servicio puede ser rentable en algún sector, mejor aún, pero en zonas donde no pueda ser rentable igual deberá prestarse el servicio.
Otro de los motivos es que en Argentina muchas veces se confunde Estado con Gobierno y los objetivos son políticos antes que administrativos. Funcionarios de un mismo partido se boicotean proyectos entre sí por internas que tienen que ver con espacios de poder o manejo de fondos. Y peor aún si son de distintos partidos. Decenas de proyectos muy necesarios para solucionar problemas urgentes de la gente han naufragado por mezquindades políticas. Hay cientos de ejemplos y no es una exageración. Tal vez uno de los más resonantes este último tiempo fue la creciente inflación. Casi tres años tardó el gobierno en admitir que existe -el primer requisito para solucionar un problema- sólo por no perder una pulseada con la oposición. En el medio, la población estuvo de rehén. Ahora, se podrá estar o no de acuerdo con las medidas que se están tomando, pero al menos se reconoció que el problema existe y se está haciendo algo para enfrentarlo.
El 4 de abril el intendente Domingo Amaya vetó una ordenanza aprobada el 14 de marzo por amplia mayoría, que pretendía crear un registro de los carros tracción a sangre que circulan por la capital de Tucumán. El proyecto, elaborado por el concejal alperovichista Ignacio Golobisky, tenía como objetivo primero censar los carros -se estiman que son unos 3.000- para luego comenzar a sustituirlos por motocarros. Los carros tracción a sangre son un problema grave que tiene la ciudad. El maltrato al que son sometidos esos animales le afloja las piernas hasta al más insensible. Son, además, un gran riesgo para la seguridad vial y fuertes generadores, por su actividad, de basurales clandestinos. El argumento de Amaya para el veto fue: se busca "preservar la seguridad vial en las áreas urbanas del municipio, en razón del peligro que implica la circulación de los carros tracción a sangre" y que la prohibición de la circulación de estos vehículos encuentra su fundamento principal en "la erradicación del trabajo infantil, la marginación social, el maltrato de animales y la salubridad". Es decir, Amaya respondió que no van a censar carros ni a canjearlos por motocarros porque están prohibidos. Y como están prohibidos, los 3.000 carros no existen. A otra cosa. No hay problema, entonces tampoco habrá solución. La cuestión de fondo es que Amaya y Golobisky están enfrentados, sobre todo después de una fuerte discusión ocurrida el año pasado en casa de Alperovich, y el intendente rechazará cualquier proyecto del concejal alperovichista. En el medio, como siempre, está la sociedad de rehén y los problemas de la gente relegados al vil egoísmo de la política.
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