El obispo José María Rossi puso el dedo en la llaga. Le dijo no a la instalación de un casino en la ciudad de Concepción -uno más en esta provincia-. La peregrina idea de instalar estos oscuros y poco transparentes edificios tragadineros dividió a los concejales de la "Perla del Sur". De un lado quedaron los "buenos" y del otro, los "malos". Ese es el sistema pendular de nuestra sociedad, cuando en realidad lo único malo es que se fomente o que se facilite este mal que en vez de entretener o divertir como cualquier juego se ocupa de destruir seres humanos.
"Es para atraer clientes de Catamarca, de la Alumbrera y del sur", fue una de las explicaciones que dio el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi. Y se terminó desarmando cuando el gobernador, José Alperovich, dijo que suspendería esa obra para no tener problemas con la Iglesia. Cortalezzi, indudablemente, no pudo distinguir que el daño para tucumanos del sur o para los catamarqueños es el mismo que para el resto de los mortales. Esto ocurre cuando los objetivos son la meta; y en estos objetivos estaba satisfacer el negocio del juego, y no la salud de familias enteras. La equivocación de Alperovich también llama la atención. Toma una decisión para no tener problemas, cuando los políticos deben ser expertos en dirimir cuestiones problemáticas. No debería ser el miedo a las consecuencias, sino las convicciones de sus propias ideas y creencias las rectoras de sus procederes. Así está Tucson en estos días. Por miedo a que Cristina se enoje Alperovich puso la maquinaria legislativa a fusilar a tres jueces, sin importarle argumentos e interfiriendo en otros poderes. Lo mismo ocurre con su intervención en la Justicia; y situaciones parecidas inducen a los empresarios a no hacer lo que creen, y de a poco se transmite a otros sectores de la sociedad como un virus para el que todavía no hay vacunas.
Volviendo al comienzo de estas líneas cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la ludopatía como una enfermedad grave que "tiene efectos desastrosos en las relaciones familiares y amorosas de los afectados".
El juego ya le ha ganado partidas a este gobierno. La primera fue cuando el polifacético Cristóbal López instaló su casino en Tucson. Es cierto que Alperovich no le dio con todos los gustos, y las incomodidades lo terminaron eyectando de la provincia. Pero eso duró muy poco al punto que a la alegría de nuevos o mejores hoteles para atraer turistas vino acompañada de la tristeza de más máquinas tragamonedas. Tanto es así que se habla de que el famoso Sheraton que dará prestigio al turismo primero prenderá las luces de su casino antes que tender las camas de sus habitaciones.
Estados alterados
A la que quisieron tenderle la cama fue a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. De lo contrario no se entiende por qué los camaristas Ebe López Piossek, Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo recibieron un expediente incompleto de Casa de Gobierno. Se olvidaron del dictamen del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, por medio del cual se aconsejaba la aceptación de la renuncia del juez Emilio Herrera Molina. Causa escozor que el Estado adopte este tipo de postura. Es el Estado como institución el que se tiene que comportar como un caballero ante las instituciones. Ya a un particular se le reprocha inconductas, pero un Estado que debiera ser protector del bien común jamás tendría que incurrir en este tipo de acciones. ¿Lo hizo por error? ¿Lo hizo por miedo? ¿Teme que se frene el tren que lleva la destitución de estos magistrados por una orden superior? ¿No son independientes los Estados? ¿No son independientes los poderes?
La Justicia advirtió que el Estado no se comportó como mandan las leyes y con el decoro que corresponde, pero no hubo -hasta ahora- ninguna reacción. El Poder Ejecutivo sólo se animó a decir "apelo", pero no decidió castigar y cambiar sus formas. Cuando un Estado muestra las hilachas y deja de comportarse como debe y pone en serios riesgos a la sociedad, que espera medidas y acciones ejemplares. Posse Ponessa terminó de la peor manera esta semana. Debería ser sancionado por su jefe, por no haber respetado un instrumento público; pero, a la vez, entrará al Jury de Enjuiciamiento con una opinión ya tomada. Al haber aconsejado la aceptación de la renuncia de Herrera Molina se presupone que entiende que no habría causal para juzgarlo. Lo mismo puede incidir en las futuras acciones de los otros dos jueces que están en la picota que muy posiblemente terminen recusando a Posse Ponessa por preopinar. De todos modos, estos son pre-juicios que a la hora de las decisiones poco importan a los modos alperovichistas.
El oficialismo minimiza este tipo de respeto a las instituciones como siempre lo ha hecho, pero es muy grave a la mirada porque cuando se puede esperar cualquier cosa de un Estado, le da derecho al ciudadano común a actuar como se le antoja.
Cazafantasmas
El que se quedó sin actuar como se le antoja fue el fiscal Carlos Albaca. El ralentizado investigador de la desaparición de Paulina Lebbos había intentado no llegar a la Corte con su informe sobre lo ocurrido en la causa en los últimos siete años. Su argumentación principal -desestimada por el ministro fiscal, Luis de Mitri- fue que debía mantener el secreto sumario -ni el padre de la joven descuartizada podía ver el expediente- porque aún no había declarado el imputado; y como hasta el momento no existía ningún imputado en la causa todo seguía en la nebulosa. El fiscal se encerró en su propio laberinto.
Episodios como estos son los que pueden haber dado pie a que el presidente de la Corte, Antonio Estofán, le diga al Poder Judicial en su totalidad que la Justicia tucumana "sufre una crisis de confiabilidad". Lo que parece una obviedad se convierte en preocupante en boca de la máxima autoridad del poder. No hace mucho la propia vocal Claudia Sbdar había hablado de falta de transparencia. Y lo que no se dijo -pero que también es carencia- es la posibilidad de lograr una Corte cohesionada, que ayude a tener mensajes claros y unívocos y no tensiones entre sus integrantes. La Corte tampoco ayuda cuando decide nombrar para el Jury de Enjuiciamiento al único vocal que no podía ser nombrado, debido a que integraba el Consejo Asesor de la Magistratura (Daniel Posse). Tampoco se dice que por los fríos pasillos de los Tribunales tucumanos caminan fantasmas intervencionistas que ponen los pelos de punta a los inquilinos del palacio y de sus anexos. Otra vez el miedo es rector de las conductas. La reputación de la justicia provincial no está en manos de la sociedad tucumana; está en las entrañas del poder nacional, después de que Susana Trimarco puso el grito en el cielo ante la absolución de los 13 imputados en la causa por la desaparición de su hija María de los Ángeles. Las actitudes vacilantes y la crisis de confiabilidad han servido para que los tres jueces que tomaron esa decisión -Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano- estén sentenciados antes de ser juzgados, pero también para que Albaca informara lo que prefería no informar. Fue la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la que empujó al fiscal tucumano a su laberinto.
Tiempos violentos
Los que no pueden salir del laberinto de la violencia son La Bancaria y la Caja Popular de Ahorros. Dos instituciones que han quedado degradadas en una pelea callejera por un pleito que nunca podrán cerrar Carlos Cisneros -el dirigente nacional de la Bancaria, que controla a la sede tucumana- y el gobernador, José Alperovich. Lamentablemente para la sociedad esta semana se vio el peor escenario al ser agredidos un grupo de bancarios que repartían panfletos y que después terminaron sitiando al interventor de la Caja, Cortalezzi, en un bar céntrico. Lo normal hubiera sido que ante una agresión patoteril se hubiera hecho la denuncia y la Policía hubiera salido a la caza de los agresores. Pero nada es así. La policía terminó alrededor del bar protegiendo a Cortalezzi, que se encontraba sitiado. Es el mundo al revés.
Durante los últimos días proliferaron por las calles tucumanas agresiones vergonzosas y lamentables hacia funcionarios de la Caja y hacia los dirigentes gremiales. Los panfletos fueron y vinieron sin compasión. Han dañado la moral y la vida de ciudadanos. Pero la pelea de fondo está en la reyerta inicial. Cuando reapareció Cisneros en su arremetida contra la gestión alperovichista, el gobernador decidió reemplazar a Eduardo El Eter por Cortalezzi. Ejemplificó con los hechos que quería una pelea callejera y así fue. El Estado se puso en un rol que no le compete y avaló entrar en esa pelea incorrecta para una sociedad que quiere madurar y que necesita de instituciones fuertes y no de acciones patoteriles. Pero el miedo y la necesidad de la reacción coyuntural, y no seria y responsable, fue la que primó. No sólo respondieron los panfletos, sino que llegaron a hacer cuestiones judiciales que se pergeñaron y armaron en la Casa de Gobierno. No es así como deberían combatirse a las acciones violentas o patoteriles.
Alperovich está enajenado con este tema. Lo monitorea con tanta atención como el juicio político a los magistrados. Cisneros también ha puesto toda su atención a este tema. Ambos intentan hacer responsables de sus pensamientos y de sus cuestiones a la prensa. De hecho uno de los panfletos hacía referencia a la contratación de publicidad por parte de la Caja Popular con LA GACETA. En el imaginario oficialista pareciera que eso le da derecho a un relato especial. Y en la interpretación bancaria se lee que ello implica acallar sus voces. Nada más alejado de la realidad.
El discurso demonizador de la prensa -usado por Alperovich, por Cisneros y, días atrás, por el senador radical José Cano por igual- no hace más que tapar la ineficacia de los dirigentes que administran las instituciones.
Por la vuelta
Ajenos a la administración de los intríngulis del manejo de las instituciones los principales actores ya han decidido avanzar hasta donde se pueda con las "re-re". En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la decisión está tomada desde el Rectorado, pero se dejará que los tiempos transcurran. En la Casa de Gobierno, la decisión es la misma y tratarán de que en la UNT ocurra antes, cosa de entrampar a sus principales rivales, los radicales; pese a que la UCR ya avisó que no apoyará una "re-re" en la universidad. Sin embargo, los radicales ya están en otra red atrapados. El senador Cano terminó empantanado en el barrial que él armó con el PRO en la última semana y lejos de avanzar en un frente opositor se encuentra en una descuajeringado proceso de internas y con aliados que ahora lo dejan y lo vituperan. En la UNT esperan el 25 de Mayo para ver si alguna movida nacional trae vientos kirchneristas y ponen la proa del barco con destino reeleccionista. En la Casa de Gobierno, en cambio, no saben de dónde vienen los vientos y el barco va con rumbo errático y no donde marca la brújula.
"Es para atraer clientes de Catamarca, de la Alumbrera y del sur", fue una de las explicaciones que dio el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi. Y se terminó desarmando cuando el gobernador, José Alperovich, dijo que suspendería esa obra para no tener problemas con la Iglesia. Cortalezzi, indudablemente, no pudo distinguir que el daño para tucumanos del sur o para los catamarqueños es el mismo que para el resto de los mortales. Esto ocurre cuando los objetivos son la meta; y en estos objetivos estaba satisfacer el negocio del juego, y no la salud de familias enteras. La equivocación de Alperovich también llama la atención. Toma una decisión para no tener problemas, cuando los políticos deben ser expertos en dirimir cuestiones problemáticas. No debería ser el miedo a las consecuencias, sino las convicciones de sus propias ideas y creencias las rectoras de sus procederes. Así está Tucson en estos días. Por miedo a que Cristina se enoje Alperovich puso la maquinaria legislativa a fusilar a tres jueces, sin importarle argumentos e interfiriendo en otros poderes. Lo mismo ocurre con su intervención en la Justicia; y situaciones parecidas inducen a los empresarios a no hacer lo que creen, y de a poco se transmite a otros sectores de la sociedad como un virus para el que todavía no hay vacunas.
Volviendo al comienzo de estas líneas cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la ludopatía como una enfermedad grave que "tiene efectos desastrosos en las relaciones familiares y amorosas de los afectados".
El juego ya le ha ganado partidas a este gobierno. La primera fue cuando el polifacético Cristóbal López instaló su casino en Tucson. Es cierto que Alperovich no le dio con todos los gustos, y las incomodidades lo terminaron eyectando de la provincia. Pero eso duró muy poco al punto que a la alegría de nuevos o mejores hoteles para atraer turistas vino acompañada de la tristeza de más máquinas tragamonedas. Tanto es así que se habla de que el famoso Sheraton que dará prestigio al turismo primero prenderá las luces de su casino antes que tender las camas de sus habitaciones.
Estados alterados
A la que quisieron tenderle la cama fue a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. De lo contrario no se entiende por qué los camaristas Ebe López Piossek, Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo recibieron un expediente incompleto de Casa de Gobierno. Se olvidaron del dictamen del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, por medio del cual se aconsejaba la aceptación de la renuncia del juez Emilio Herrera Molina. Causa escozor que el Estado adopte este tipo de postura. Es el Estado como institución el que se tiene que comportar como un caballero ante las instituciones. Ya a un particular se le reprocha inconductas, pero un Estado que debiera ser protector del bien común jamás tendría que incurrir en este tipo de acciones. ¿Lo hizo por error? ¿Lo hizo por miedo? ¿Teme que se frene el tren que lleva la destitución de estos magistrados por una orden superior? ¿No son independientes los Estados? ¿No son independientes los poderes?
La Justicia advirtió que el Estado no se comportó como mandan las leyes y con el decoro que corresponde, pero no hubo -hasta ahora- ninguna reacción. El Poder Ejecutivo sólo se animó a decir "apelo", pero no decidió castigar y cambiar sus formas. Cuando un Estado muestra las hilachas y deja de comportarse como debe y pone en serios riesgos a la sociedad, que espera medidas y acciones ejemplares. Posse Ponessa terminó de la peor manera esta semana. Debería ser sancionado por su jefe, por no haber respetado un instrumento público; pero, a la vez, entrará al Jury de Enjuiciamiento con una opinión ya tomada. Al haber aconsejado la aceptación de la renuncia de Herrera Molina se presupone que entiende que no habría causal para juzgarlo. Lo mismo puede incidir en las futuras acciones de los otros dos jueces que están en la picota que muy posiblemente terminen recusando a Posse Ponessa por preopinar. De todos modos, estos son pre-juicios que a la hora de las decisiones poco importan a los modos alperovichistas.
El oficialismo minimiza este tipo de respeto a las instituciones como siempre lo ha hecho, pero es muy grave a la mirada porque cuando se puede esperar cualquier cosa de un Estado, le da derecho al ciudadano común a actuar como se le antoja.
Cazafantasmas
El que se quedó sin actuar como se le antoja fue el fiscal Carlos Albaca. El ralentizado investigador de la desaparición de Paulina Lebbos había intentado no llegar a la Corte con su informe sobre lo ocurrido en la causa en los últimos siete años. Su argumentación principal -desestimada por el ministro fiscal, Luis de Mitri- fue que debía mantener el secreto sumario -ni el padre de la joven descuartizada podía ver el expediente- porque aún no había declarado el imputado; y como hasta el momento no existía ningún imputado en la causa todo seguía en la nebulosa. El fiscal se encerró en su propio laberinto.
Episodios como estos son los que pueden haber dado pie a que el presidente de la Corte, Antonio Estofán, le diga al Poder Judicial en su totalidad que la Justicia tucumana "sufre una crisis de confiabilidad". Lo que parece una obviedad se convierte en preocupante en boca de la máxima autoridad del poder. No hace mucho la propia vocal Claudia Sbdar había hablado de falta de transparencia. Y lo que no se dijo -pero que también es carencia- es la posibilidad de lograr una Corte cohesionada, que ayude a tener mensajes claros y unívocos y no tensiones entre sus integrantes. La Corte tampoco ayuda cuando decide nombrar para el Jury de Enjuiciamiento al único vocal que no podía ser nombrado, debido a que integraba el Consejo Asesor de la Magistratura (Daniel Posse). Tampoco se dice que por los fríos pasillos de los Tribunales tucumanos caminan fantasmas intervencionistas que ponen los pelos de punta a los inquilinos del palacio y de sus anexos. Otra vez el miedo es rector de las conductas. La reputación de la justicia provincial no está en manos de la sociedad tucumana; está en las entrañas del poder nacional, después de que Susana Trimarco puso el grito en el cielo ante la absolución de los 13 imputados en la causa por la desaparición de su hija María de los Ángeles. Las actitudes vacilantes y la crisis de confiabilidad han servido para que los tres jueces que tomaron esa decisión -Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano- estén sentenciados antes de ser juzgados, pero también para que Albaca informara lo que prefería no informar. Fue la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la que empujó al fiscal tucumano a su laberinto.
Tiempos violentos
Los que no pueden salir del laberinto de la violencia son La Bancaria y la Caja Popular de Ahorros. Dos instituciones que han quedado degradadas en una pelea callejera por un pleito que nunca podrán cerrar Carlos Cisneros -el dirigente nacional de la Bancaria, que controla a la sede tucumana- y el gobernador, José Alperovich. Lamentablemente para la sociedad esta semana se vio el peor escenario al ser agredidos un grupo de bancarios que repartían panfletos y que después terminaron sitiando al interventor de la Caja, Cortalezzi, en un bar céntrico. Lo normal hubiera sido que ante una agresión patoteril se hubiera hecho la denuncia y la Policía hubiera salido a la caza de los agresores. Pero nada es así. La policía terminó alrededor del bar protegiendo a Cortalezzi, que se encontraba sitiado. Es el mundo al revés.
Durante los últimos días proliferaron por las calles tucumanas agresiones vergonzosas y lamentables hacia funcionarios de la Caja y hacia los dirigentes gremiales. Los panfletos fueron y vinieron sin compasión. Han dañado la moral y la vida de ciudadanos. Pero la pelea de fondo está en la reyerta inicial. Cuando reapareció Cisneros en su arremetida contra la gestión alperovichista, el gobernador decidió reemplazar a Eduardo El Eter por Cortalezzi. Ejemplificó con los hechos que quería una pelea callejera y así fue. El Estado se puso en un rol que no le compete y avaló entrar en esa pelea incorrecta para una sociedad que quiere madurar y que necesita de instituciones fuertes y no de acciones patoteriles. Pero el miedo y la necesidad de la reacción coyuntural, y no seria y responsable, fue la que primó. No sólo respondieron los panfletos, sino que llegaron a hacer cuestiones judiciales que se pergeñaron y armaron en la Casa de Gobierno. No es así como deberían combatirse a las acciones violentas o patoteriles.
Alperovich está enajenado con este tema. Lo monitorea con tanta atención como el juicio político a los magistrados. Cisneros también ha puesto toda su atención a este tema. Ambos intentan hacer responsables de sus pensamientos y de sus cuestiones a la prensa. De hecho uno de los panfletos hacía referencia a la contratación de publicidad por parte de la Caja Popular con LA GACETA. En el imaginario oficialista pareciera que eso le da derecho a un relato especial. Y en la interpretación bancaria se lee que ello implica acallar sus voces. Nada más alejado de la realidad.
El discurso demonizador de la prensa -usado por Alperovich, por Cisneros y, días atrás, por el senador radical José Cano por igual- no hace más que tapar la ineficacia de los dirigentes que administran las instituciones.
Por la vuelta
Ajenos a la administración de los intríngulis del manejo de las instituciones los principales actores ya han decidido avanzar hasta donde se pueda con las "re-re". En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la decisión está tomada desde el Rectorado, pero se dejará que los tiempos transcurran. En la Casa de Gobierno, la decisión es la misma y tratarán de que en la UNT ocurra antes, cosa de entrampar a sus principales rivales, los radicales; pese a que la UCR ya avisó que no apoyará una "re-re" en la universidad. Sin embargo, los radicales ya están en otra red atrapados. El senador Cano terminó empantanado en el barrial que él armó con el PRO en la última semana y lejos de avanzar en un frente opositor se encuentra en una descuajeringado proceso de internas y con aliados que ahora lo dejan y lo vituperan. En la UNT esperan el 25 de Mayo para ver si alguna movida nacional trae vientos kirchneristas y ponen la proa del barco con destino reeleccionista. En la Casa de Gobierno, en cambio, no saben de dónde vienen los vientos y el barco va con rumbo errático y no donde marca la brújula.
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