Innombrable

Las cosas de alguna manera se tienen que llamar. Sólo entonces son posibles de ser abarcadas. Si se las puede designar, se las puede entender. Acaso porque somos individuos atravesados por las palabra. Y porque pensamos con ellas. Si le cabe una palabra, se puede pensar. Si se puede pensar, entonces puede existir. Más aún: cuando es nominada, la cosa queda "comprendida" en el universo del propio lenguaje: una de nuestras mayores herramienta para interpretar el mundo.

Es así desde que el hombre es hombre. Cuanto menos, para la tradición judeo-cristiana, seguida por uno de cada cinco seres humanos. "Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las habría de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre" (Génesis 2-19).

Si, por el contrario, no puede ser nombrada pero sí existe, es antinatural. Está contra la naturaleza de las cosas de esa realidad en la que ha aparecido. Es, sin más, una abominación. Es, justamente, ab omine: sin nombre.

Lo del alperovichismo, esta semana, no tiene nombre.

Adulteradores
En uno de los acontecimientos institucionales más graves de los que haya registro histórico, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Judicial un expediente adulterado en la Casa de Gobierno. Un instrumento público al cual, intencionalmente, le quitaron documentación fundamental para el caso que analizaban los magistrados de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Por supuesto, esta inaudita maniobra del Gobierno no se da en una causa cualquiera ni refiere a un documento más. El caso en cuestión es una de las maniobras del oficialismo para ocultar su responsabilidad en el hecho de que siga impune el secuestro, el sometimiento a la prostitución y la desaparición forzosa de María de los Ángeles Verón. Porque el crimen contra Marita se perpetró durante los últimos meses del mirandismo (padre político y cultural de la actual gestión), pero fue a lo largo de la década alperovichista (con su Policía, sus funcionarios judiciales y sus políticos) que se realizó la investigación y la instrucción. La cual terminó tal como el Programa Nacional Anti Impunidad lo advirtió por escrito a la Provincia el 27 de julio de 2006: si la pesquisa seguía en manos tucumanas, los métodos sólo harían fracasar la posibilidad de encontrar a la comprovinciana.

Precisamente, gracias a la tarea de esa Policía, los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina no pudieron encontrar los elementos para condenar a los 13 imputados sometidos a juicio a lo largo de 2012. Pero el alperovichismo quiere que ellos tengan la culpa de todo. Quiere lincharlos públicamente. Por eso, cuando Herrera Molina presentó su renuncia para jubilarse (tiene más de dos décadas como magistrado, tiene más de una década como docente, y tiene más de una enfermedad porque el cáncer de próstata le hizo metástasis), los linchadores le rechazaron la dimisión. Tiene que quedarse para ser "marcado".

Los camaristas del fuero en lo Contencioso Administrativo (intervinieron, finalmente, Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Hebe López Piossek) pidieron entonces a la Casa de Gobierno que diera las razones para semejante negativa. O sea, solicitaron los antecedentes en los que se funda el rechazo a la renuncia de Herrera Molina: aquello que da motivación al decreto del gobernador. Y fue entonces cuando recibieron el expediente adulterado. Faltaba un documento ahora histórico: el dictamen del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, el asesor legal y técnico oficial de José Alperovich, que sostiene que sí corresponde jubilar a Herrera Molina.

Lo del alperovichismo, entonces, dejó de tener nombre. Porque se parece a un Gobierno, pero no responde a las formas ordenadas por la Constitución: representativo, republicano y federal. Ya no hay alternancia de los gobernantes. Mucho menos, independencia de la Legislatura respecto del Poder Ejecutivo. Ahora, tampoco hay responsabilidad de los actos públicos. En la Casa de Gobierno descuartizan expedientes antes de mandarlos al Poder Judicial y el gobernador contesta que él no sabe nada. Y a seguir pavimentando...

Desleales
Se parece a un gobierno, pero no respeta las leyes. Como el Código Procesal en lo Civil y Comercial de Tucumán, que establece en su Capítulo III, Deberes de las partes, que " Las partes y sus representantes tendrán el deber de conducirse en el juicio con lealtad y probidad, evitando cualquier acto que pudiera afectar a la dignidad del magistrado o el respeto debido al adversario". Eso dice el artículo 70. Comienza con tres palabras: "Lealtad y probidad". De eso tampoco hay.

"Este tribunal no puede sino lamentar que la demandada no haya contribuido a dar un ejemplo de transparencia administrativa y procesal", enrostraron los camaristas del fuero administrativo al Gobierno adulterador de expedientes. No sólo descubrieron que el dictamen secuestrado había sido ignorado por el mandatario: también condenaron que intentaran retacear al Tribunal el conocimiento de ese instrumento, "aún cuando pudiera afectar la posibilidad de ejercicio por el actor de su derecho de defensa y la posibilidad de ejercicio pleno de la jurisdicción revisora de este Tribunal".

Parece un gobierno, pero tampoco da derecho de defensa. Romero Lascano solicitó a la comisión de Juicio Político que se le permitiera hablar nuevamente sobre su situación. Le dijeron que no. Porque es un parlamento, pero ahí no se va a parlar. Porque la palabra de los que han sido denunciados no importa: sólo importa lo que dice el gobernador. Y la palabra del gobernador tampoco interesa: a Herrera Molina correspondía jubilarlo, pero llamaron de la Casa Rosada y ya no importó la razonabilidad. Porque dice Juicio Político pero no tienen juicio. Porque esto es federalismo a la menos uno.

Lo revelador es que ha quedado puesto de manifiesto que para Posse Ponessa, es decir, para la Fiscalía de Estado, no corresponde destituir a ninguno de los vocales que dictaron fallo absolutorio en la Causa Verón. Porque el jefe de los abogados del Ejecutivo y hombre de confianza de Alperovich dice que sí debe aceptarse la dimisión de Herrera Molina y, por tanto, permitirle acogerse a la jubilación con 82% móvil de la que gozan los magistrados. De ese beneficio previsional no podría gozar, de ninguna manera, si fuera destituido por la misma denuncia que afecta a Piedrabuena y a Romero Lascano, que no manifestaron disidencias entre sí durante el caso Verón, hasta el punto de que votaron todos de idéntica manera.

Inconstitucionales
El escándalo del expediente adulterado es otro síntoma que confirma que el alperovichismo parece un gobierno pero se comporta como si fuera una larga chicana. Una que ya lleva 10 años. El fallo que lograron los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán, y que sigue desmoronando esa Constitución con pies de barro que amasó el oficialismo en 2006, y que cocinó en el quincho de la residencia de Alperovich, confirma el diagnóstico. Esta gestión acomete inconstitucionalidades, y por docenas, incluso cuando redacta constituciones.

Así que al gobernador y a su gerente, el vice, se los puede destituir con la misma cantidad de votos que a un vocal de la Corte. El oficialismo puede estar desequilibrado, pero la república no. Y al funcionario político que sea sometido a Juicio Político por mal desempeño de sus funciones sí se lo suspenderá. Sus acciones podrán ser desvergonzadas, pero el sistema representativo no. Y los opositores afectados por las declaraciones de los miembros del oficialismo, que son la única voz en los muchos medios oficialistas, sí tienen derecho a réplica en esos medios. Porque el Estado se define por el monopolio de la fuerza, pero no por el monopolio de la palabra. Y Tucumán no se convertirá en un vaciadero de residuos radiactivos, según las ganas (potestad, dice la Carta Magna manoseada) del Ejecutivo para firmar esos acuerdos, o no. Porque esta provincia de todos los tucumanos, no de uno.

Todo esto que ahora es nulo, el alperovichismo lo plasmó para sí. Además de otras inconstitucionalidades afortunadamente fulminadas por la Justicia, como el sistema para que la Legislatura le dictara enmiendas a la Carta Magna. O como la delegación, en el antojo del mandatario, de la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura, para la selección de jueces. O como la integración de un jurado de enjuiciamiento sin opositores, para la remoción de jueces. O como el diseño de una Junta Electoral Provincial con una ominosa mayoría del poder político.

Imperdonables
Parece un gobierno. ¿Pero qué es? La semana escasamente santa a los fines institucionales cerró con esa pregunta, entre signos de violencia. Armando Cortalezzi, el interventor de la Caja Popular de Ahorros (entidad que con plata del pueblo financia al Estado, y no al revés) fue escrachado en pleno centro de la capital por la Asociación Bancaria. La modalidad cuasi fascista no tiene justificativos y no remite a ningún momento feliz de la historia de occidente: sólo merece ser repudiada.

Pero los que protestaron (e insultaron y escupieron) declararon que estaban reaccionando a una agresión anterior: la golpiza a un grupo de miembros del gremio por parte de desconocidos que se movilizaban en vehículos sin patente, al amparo de las sombras de la Casa de Gobierno. Si lo del sindicato es injustificable, lo del oficialismo es imperdonable. Salvo, claro, que se crea que en Tucumán ahora se movilizan en coches clandestinos, frente al palacio gubernamental, grupos de golpeadores anónimos, con pinta de agentes, que pueden dar palizas por deporte e irse sin que la guardia permanente de la sede del Ejecutivo reaccione. "Zona liberada", que le dicen.

Los de la Bancaria repartían panfletos (con los formatos más diversos) con injurias destinadas a funcionarios y dirigentes e, incluso, a LA GACETA. Pero esa cobardía no justifica la violencia estatal o para-estatal. Porque para defenderse de los calumniadores está el Estado. Pero no hay Estado que proteja del Estado, que es igual a decir que no hay Policía que proteja de la Policía.

El alperovichismo parece un gobierno. Pero es un régimen aún sin nombre. Un ab omine que garantiza que siempre se podrá estar peor.