Por Álvaro José Aurane
16 Marzo 2013
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Todo el mismo día. Ese 13 de marzo que, antes que inolvidable, merece ser recordado. Siempre.
En El Vaticano, Jorge Bergoglio escribía una página trascendente en la historia del mundo, y particularmente en la de la Argentina, al ser consagrado el Sumo Pontífice 266 de la Iglesia Católica: el primer Papa argentino. Americano. Jesuita. El único Francisco.
En Tucumán, el brazo parlamentario del alperovichismo escribía una página más de su apocalipsis de la legalidad provincial. Las revelaciones del oficialismo exhiben que la anomia tucumana es extraordinaria. Esta no es, simplemente, una administración que no observa las leyes: es un Gobierno que violenta las leyes que él mismo ha dictado. Peor aún: que infringe la Constitución que él reformó. Y que, coherente con esa incoherencia, actúa en abierta contradicción con lo que dice que debería hacerse.
Otra idea de libertad
Ya durante el inicio de este mes, la estruendosa carcajada con la que las autoridades se mofan de las normas vigentes (y de los tucumanos que las respetan) se escuchó en el proceso de destitución iniciado contra los camaristas penales que dictaron el fallo absolutorio en la causa por el secuestro y la desaparición en democracia de María de los Ángeles Verón. Los magistrados que no encontraron pruebas para condenar a nadie por ese delito, gracias a la instrucción de la Policía provincial durante los últimos meses del mirandismo y durante todo el alperovichismo, pidieron que las audiencias del proceso fuesen públicas. Les dijeron "no". O lo que es peor, los mismos alperovichistas que en 2006 reescribieron el Preámbulo de la Carta Magna, y establecieron allí que los representantes del pueblo tucumano promueven "el desarrollo humano en una democracia participativa y pluralista fundada en la libertad", les dijeron "no". Que el linchamiento contra los magistrados, para que sólo ellos tres tengan toda la culpa de lo ocurrido con Marita, está disfrazado de proceso público. Pero es privado.
Es que la concepción de "ley", para el alperovichismo, es la de "texto que dice cualquier cosa que se le antoje al gobernador".
Con ese credo institucional invertido se sentaron a sesionar el mismo miércoles en que la Argentina era una buena noticia planetaria. Y esa no es una coincidencia menor. ¿Qué estaban haciendo los miembros de la Legislatura tucumana cuando Bergoglio se convirtió en Francisco, el de los gestos de austeridad? Estaban liberándole las manos al Poder Ejecutivo para que se empachara de contrataciones directas por $ 255 millones. A pesar de que la Constitución que el alperovichismo sancionó ordena que lo que debe primar es el proceso licitatorio abierto.
Los muertos vivos
Primero fue la resurrección de los superpoderes del Instituto de la Vivienda, para que la Casa de Gobierno, a través de ese organismo, pueda adjudicar directamente 1.000 soluciones habitacionales, por $ 76 millones. Cuando ese engendro vio la luz en febrero, sólo tenía dos artículos. El primero autorizaba la contratación sin licitación. El segundo disponía la comunicación de la norma.
El bloque del PRO impugnó ese carísimo mamarracho en la Justicia. Luego, la Cámara en lo Contencioso Administrativo fulminó la norma, advirtiendo que no estaban dadas las condiciones ni las razones de excepción para conceder semejante discrecionalidad. Y recordó que la Carta Magna vigente expresa que sólo razones de bien público justifican eludir la licitación. Entonces, el alperovichismo rehizo la ley e invocó la emergencia habitacional.
O sea, esta gestión que gobierna desde hace una década, que gastó $ 60.000 millones según la sumatoria de los Presupuestos provinciales del último decenio, que se asignó $ 17.000 millones más sólo para este 2013, afirmó por ley, sin sonrojarse, que Tucumán sigue en emergencia habitacional.
Toda emergencia estatal es un fracaso estatal. Pero aquí es una oportunidad para repartir obras a pura y dura dedocracia.
Estos pactos, sí; ese, no
Lo segundo consistió en que, como el Gobierno megamillonario mantiene a los tucumanos en emergencia habitacional, también había que adjudicar de manera directa la construcción de 492 viviendas. Esos trabajos, enmarcados en el programa federal "Techo Digno", insumen la friolera de $ 95 millones. Y la ley que elude la licitación para gastar ese dineral tiene 73 palabras. O sea, $ 1,3 millón el vocablo. Eso sí, en la primera línea escribieron "por razones de bien público". Porque para el alperovichismo, sus leyes son tronchadas en la Justicia no porque sean pavorosamente inconstitucionales sino porque, sencillamente, no están bien escritas. Como si se tratara de una tarea escolar mal redactada, a la que el maestro le puso "incompleto". Como si todo fuera mera cuestión de "palabritas", chicaneó el bloque de FR.
En los fundamentos, además, el alperovichismo habló de las necesidades del pueblo al que gobierna desde el 29 de octubre de 2003. E invocó, en nombre de esas carencias que considera ajenas (pero que son tan urgentes que no admiten demoras y por eso hay que contratar a dedo), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ni una palabra. Aquí, ese tratado que en ningún lado dice que hay que dejar a los pobres sin techo, sí dice otras cosas que, se ve, en Tucumán no se aplican. Y todo por culpa del artículo 9, que dice que cada Estado "adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción". ¿Cómo va a exigir "la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones", si el alperovichismo cambió la Ley de Obras Públicas para ya no estar obligado a publicar en la prensa, justamente, los llamados a licitación pública?
Más cerca, muy lejos
Lo tercero fue lo mejor de lo peor. La Legislatura, en la mismísima sesión del miércoles, también aprobó la primera etapa del plan "Más Cerca". Se trata de obras de saneamiento (agua potable y cloacas) por $ 84 millones, en este tramo inicial. Pero lo que importa no es esta reducida postal, sino el paisaje completo. La totalidad de los proyectos presentados por el oficialismo para las municipalidades y las comunas, por los cuales espera recibir, finalmente, $ 500 millones de pesos. Cada uno de esos emprendimientos tucumanos se encuentra compilado en un libro de 303 páginas, titulado, simplemente, "Más Cerca - Provincia de Tucumán". Cuando se los ordena, se obtiene un retrato esclarecedor de la democracia pavimentadora.
El alperovichismo ha solicitado, para las 19 municipalidades, 128 obras de pavimentación, 67 obras de cordón cuneta, 17 obras para veredas, otras 17 obras de acondicionamiento de plazas y de espacios verdes y 23 obras de bacheo de calles. ¿Cuantas obras para hacer viviendas presentó el Gobierno tucumano ante la Nación? ¿Cuántos proyectos para construir casas en los municipios presentó la administración de esta provincia, tan urgida por la emergencia habitacional, ante la Casa Rosada y su compromiso de $ 500 millones? Uno. Sólo una iniciativa para mejoras habitacionales en Bella Vista.
¿Y en las comunas? Para las 93 delegaciones rurales, la democracia pavimentadora ha tramitado, en el marco del plan "Más Cerca" completo, 59 obras de cordón cuneta, 10 obras para arreglos de plazas, 32 obras para veredas, y seis obras de pavimentación. Y sólo cuatro proyectos para mejoramientos habitacionales.
Son... o se hacen
Cualquiera de las opciones resulta infernal. O no hay emergencia habitacional y los argumentos para las contrataciones directas son falacias y las leyes basadas en esos fundamentos son mendaces. O sí hay emergencia habitacional, pero a los gobernantes les importa muy poco. Y ante el compromiso nacional de $ 500 millones, lo que en verdad les importa son obras de bajo impacto en materia de infraestructura, pero de alto impacto en materia electoral.
Los barrios son muy caros: 492 casas cuestan $ 95 millones, casi el 20% de toda la plata. Y ahí sólo se puede poner un cartel. Porque el libro "Más Cerca - Provincia de Tucumán" viene con un CD. Que tiene una carpeta que se llama "Más Cerca - Cartel de Obra - Manual y Cartel". Con un instructivo para diseñar los anuncios de las obras. En todas las muestras, el principal elemento es una blanca "C", de Cristina, dentro de un círculo celeste. Ocupa, siempre, el 40% de la superficie del cartel. Después, en letra chiquita, van los datos de la obra. Entonces, mejor hacer mucho cordón cuneta y mucho pavimento y mucha vereda así, en este año electoral, pueden colocarse muchos carteles cristinistas.
Lo que el pueblo necesite es secundario. Eso se planteó en el debate respecto de Tafí Viejo. Esa municipalidad, donde el servicio de agua potable es crítico, recibirá casi $ 24 millones finales por el plan "Más Cerca", de los cuales sólo $ 458.000 serán para obras hídricas. Sólo el 2% de los recursos, planteó el bloque de la UCR. Si no tienen agua, beban asfalto.
Por si el contraste no alcanzaba, el hombre fuerte del alperovichismo en el recinto, el vocero de la Casa de Gobierno en la Legislatura, clarificó la cuestión en la red social Twitter: "yo priorizo la necesidad de la gente garantizando siempre la transparencia y haciendo demagogia", escribió, en un equívoco revelador del que luego se retractó, el legislador Guillermo Gassenbauer.
Todo el mismo día. Ese 13 de marzo que, antes que inolvidable, merece ser recordado. Siempre.
En El Vaticano, Jorge Bergoglio escribía una página trascendente en la historia del mundo, y particularmente en la de la Argentina, al ser consagrado el Sumo Pontífice 266 de la Iglesia Católica: el primer Papa argentino. Americano. Jesuita. El único Francisco.
En Tucumán, el brazo parlamentario del alperovichismo escribía una página más de su apocalipsis de la legalidad provincial. Las revelaciones del oficialismo exhiben que la anomia tucumana es extraordinaria. Esta no es, simplemente, una administración que no observa las leyes: es un Gobierno que violenta las leyes que él mismo ha dictado. Peor aún: que infringe la Constitución que él reformó. Y que, coherente con esa incoherencia, actúa en abierta contradicción con lo que dice que debería hacerse.
Otra idea de libertad
Ya durante el inicio de este mes, la estruendosa carcajada con la que las autoridades se mofan de las normas vigentes (y de los tucumanos que las respetan) se escuchó en el proceso de destitución iniciado contra los camaristas penales que dictaron el fallo absolutorio en la causa por el secuestro y la desaparición en democracia de María de los Ángeles Verón. Los magistrados que no encontraron pruebas para condenar a nadie por ese delito, gracias a la instrucción de la Policía provincial durante los últimos meses del mirandismo y durante todo el alperovichismo, pidieron que las audiencias del proceso fuesen públicas. Les dijeron "no". O lo que es peor, los mismos alperovichistas que en 2006 reescribieron el Preámbulo de la Carta Magna, y establecieron allí que los representantes del pueblo tucumano promueven "el desarrollo humano en una democracia participativa y pluralista fundada en la libertad", les dijeron "no". Que el linchamiento contra los magistrados, para que sólo ellos tres tengan toda la culpa de lo ocurrido con Marita, está disfrazado de proceso público. Pero es privado.
Es que la concepción de "ley", para el alperovichismo, es la de "texto que dice cualquier cosa que se le antoje al gobernador".
Con ese credo institucional invertido se sentaron a sesionar el mismo miércoles en que la Argentina era una buena noticia planetaria. Y esa no es una coincidencia menor. ¿Qué estaban haciendo los miembros de la Legislatura tucumana cuando Bergoglio se convirtió en Francisco, el de los gestos de austeridad? Estaban liberándole las manos al Poder Ejecutivo para que se empachara de contrataciones directas por $ 255 millones. A pesar de que la Constitución que el alperovichismo sancionó ordena que lo que debe primar es el proceso licitatorio abierto.
Los muertos vivos
Primero fue la resurrección de los superpoderes del Instituto de la Vivienda, para que la Casa de Gobierno, a través de ese organismo, pueda adjudicar directamente 1.000 soluciones habitacionales, por $ 76 millones. Cuando ese engendro vio la luz en febrero, sólo tenía dos artículos. El primero autorizaba la contratación sin licitación. El segundo disponía la comunicación de la norma.
El bloque del PRO impugnó ese carísimo mamarracho en la Justicia. Luego, la Cámara en lo Contencioso Administrativo fulminó la norma, advirtiendo que no estaban dadas las condiciones ni las razones de excepción para conceder semejante discrecionalidad. Y recordó que la Carta Magna vigente expresa que sólo razones de bien público justifican eludir la licitación. Entonces, el alperovichismo rehizo la ley e invocó la emergencia habitacional.
O sea, esta gestión que gobierna desde hace una década, que gastó $ 60.000 millones según la sumatoria de los Presupuestos provinciales del último decenio, que se asignó $ 17.000 millones más sólo para este 2013, afirmó por ley, sin sonrojarse, que Tucumán sigue en emergencia habitacional.
Toda emergencia estatal es un fracaso estatal. Pero aquí es una oportunidad para repartir obras a pura y dura dedocracia.
Estos pactos, sí; ese, no
Lo segundo consistió en que, como el Gobierno megamillonario mantiene a los tucumanos en emergencia habitacional, también había que adjudicar de manera directa la construcción de 492 viviendas. Esos trabajos, enmarcados en el programa federal "Techo Digno", insumen la friolera de $ 95 millones. Y la ley que elude la licitación para gastar ese dineral tiene 73 palabras. O sea, $ 1,3 millón el vocablo. Eso sí, en la primera línea escribieron "por razones de bien público". Porque para el alperovichismo, sus leyes son tronchadas en la Justicia no porque sean pavorosamente inconstitucionales sino porque, sencillamente, no están bien escritas. Como si se tratara de una tarea escolar mal redactada, a la que el maestro le puso "incompleto". Como si todo fuera mera cuestión de "palabritas", chicaneó el bloque de FR.
En los fundamentos, además, el alperovichismo habló de las necesidades del pueblo al que gobierna desde el 29 de octubre de 2003. E invocó, en nombre de esas carencias que considera ajenas (pero que son tan urgentes que no admiten demoras y por eso hay que contratar a dedo), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ni una palabra. Aquí, ese tratado que en ningún lado dice que hay que dejar a los pobres sin techo, sí dice otras cosas que, se ve, en Tucumán no se aplican. Y todo por culpa del artículo 9, que dice que cada Estado "adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción". ¿Cómo va a exigir "la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones", si el alperovichismo cambió la Ley de Obras Públicas para ya no estar obligado a publicar en la prensa, justamente, los llamados a licitación pública?
Más cerca, muy lejos
Lo tercero fue lo mejor de lo peor. La Legislatura, en la mismísima sesión del miércoles, también aprobó la primera etapa del plan "Más Cerca". Se trata de obras de saneamiento (agua potable y cloacas) por $ 84 millones, en este tramo inicial. Pero lo que importa no es esta reducida postal, sino el paisaje completo. La totalidad de los proyectos presentados por el oficialismo para las municipalidades y las comunas, por los cuales espera recibir, finalmente, $ 500 millones de pesos. Cada uno de esos emprendimientos tucumanos se encuentra compilado en un libro de 303 páginas, titulado, simplemente, "Más Cerca - Provincia de Tucumán". Cuando se los ordena, se obtiene un retrato esclarecedor de la democracia pavimentadora.
El alperovichismo ha solicitado, para las 19 municipalidades, 128 obras de pavimentación, 67 obras de cordón cuneta, 17 obras para veredas, otras 17 obras de acondicionamiento de plazas y de espacios verdes y 23 obras de bacheo de calles. ¿Cuantas obras para hacer viviendas presentó el Gobierno tucumano ante la Nación? ¿Cuántos proyectos para construir casas en los municipios presentó la administración de esta provincia, tan urgida por la emergencia habitacional, ante la Casa Rosada y su compromiso de $ 500 millones? Uno. Sólo una iniciativa para mejoras habitacionales en Bella Vista.
¿Y en las comunas? Para las 93 delegaciones rurales, la democracia pavimentadora ha tramitado, en el marco del plan "Más Cerca" completo, 59 obras de cordón cuneta, 10 obras para arreglos de plazas, 32 obras para veredas, y seis obras de pavimentación. Y sólo cuatro proyectos para mejoramientos habitacionales.
Son... o se hacen
Cualquiera de las opciones resulta infernal. O no hay emergencia habitacional y los argumentos para las contrataciones directas son falacias y las leyes basadas en esos fundamentos son mendaces. O sí hay emergencia habitacional, pero a los gobernantes les importa muy poco. Y ante el compromiso nacional de $ 500 millones, lo que en verdad les importa son obras de bajo impacto en materia de infraestructura, pero de alto impacto en materia electoral.
Los barrios son muy caros: 492 casas cuestan $ 95 millones, casi el 20% de toda la plata. Y ahí sólo se puede poner un cartel. Porque el libro "Más Cerca - Provincia de Tucumán" viene con un CD. Que tiene una carpeta que se llama "Más Cerca - Cartel de Obra - Manual y Cartel". Con un instructivo para diseñar los anuncios de las obras. En todas las muestras, el principal elemento es una blanca "C", de Cristina, dentro de un círculo celeste. Ocupa, siempre, el 40% de la superficie del cartel. Después, en letra chiquita, van los datos de la obra. Entonces, mejor hacer mucho cordón cuneta y mucho pavimento y mucha vereda así, en este año electoral, pueden colocarse muchos carteles cristinistas.
Lo que el pueblo necesite es secundario. Eso se planteó en el debate respecto de Tafí Viejo. Esa municipalidad, donde el servicio de agua potable es crítico, recibirá casi $ 24 millones finales por el plan "Más Cerca", de los cuales sólo $ 458.000 serán para obras hídricas. Sólo el 2% de los recursos, planteó el bloque de la UCR. Si no tienen agua, beban asfalto.
Por si el contraste no alcanzaba, el hombre fuerte del alperovichismo en el recinto, el vocero de la Casa de Gobierno en la Legislatura, clarificó la cuestión en la red social Twitter: "yo priorizo la necesidad de la gente garantizando siempre la transparencia y haciendo demagogia", escribió, en un equívoco revelador del que luego se retractó, el legislador Guillermo Gassenbauer.
Todo el mismo día. Ese 13 de marzo que, antes que inolvidable, merece ser recordado. Siempre.
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