21 Febrero 2013
El improperio proferido contra un magistrado no configura una causa grave que habilite a este a excusarse de entender en el caso que afecta a la parte que emitió el insulto. "Lo contrario equivaldría a dejar en manos de los litigantes la conformación de los tribunales: bastaría con insultar a los jueces para provocar su reemplazo y con repetir la operación hasta que intervenga aquel cuyas opiniones o doctrinas el litigante creyera que le favorecen", argumentó la Sala I de la Cámara Penal para rechazar la excusación de sus pares de la Sala II en la causa "Verón".
La resolución de los camaristas Pedro Roldán Vázquez, Alfonso Zóttoli y Emilio Páez de la Torre habilitó a los magistrados Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano para analizar la admisibilidad del recurso de casación contra la sentencia absolutoria que presentó Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón. La Sala II ya concedió la apelación, de modo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán podrá revisar el fallo del 11 de diciembre que determinó que no había pruebas suficientes para condenar a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a "Marita".
"Es un acto de corrupción", gritó a las cámaras José D'Antona, uno de los abogados de Trimarco, tras la lectura de la sentencia. Repetidos y ampliados luego en la Fundación María de los Ángeles durante una rueda de prensa, esas acusaciones fueron interpretadas por los vocales de la Sala II como una "causa grave" que los obligaba a excusarse, pese a que los insultantes no los habían recusado en el expediente al momento de presentar la casación. En paralelo, estos habían echado a andar en la Legislatura el mecanismo previsto para la remoción de los magistrados por mal desempeño de sus funciones.
Decoro indispensable
"Aún cuando algunos de los interesados han dirigido fuertes improperios contra los miembros del tribunal, estos no han efectuado una presentación recusatoria en la que se explicara con claridad cuáles son los elementos objetivos sobre los que se montaría la desconfianza o temor de parcialidad que justificase el apartamiento de los jueces actuantes", expresó la Sala I. Y añadió: "por el contrario, la presentación recursiva se ha efectuado ante la misma Sala II sin reserva alguna".
Los camaristas Roldán Vázquez, Zóttoli y Páez de la Torre recordaron que las normas exigen decoro y ética a letrados y litigantes: "estas disposiciones existen en todas las organizaciones judiciales del mundo por ser indispensables para asegurar el orden de las audiencias y la consecuente eficacia de la tarea judicial en su cometido de resolución de conflictos. En nuestra legislación procesal, las referidas normas están contenidas en la ley 5.233, de ejercicio de la profesión de abogado, y en el Código Procesal Penal. No nos encontramos frente a una causal de apartamiento de los jueces actuantes, sino ante una cuestión aprehendida por la normativa arriba indicada".
En diciembre, letrados penalistas denunciaron a dos abogados de Trimarco, los cordobeses D'Antona y Carlos Varela Álvarez, en el Colegio de Abogados de la Capital. "Consideramos que referirse a los jueces (de la Sala II) como delincuentes, cobardes y corruptos, términos utilizados por el abogado Varela Álvarez, representa una ofensa no sólo personal sino también institucional, que escapa a la ética y a la moral que exige el ejercicio de la profesión", dijeron, entre otros, Mario Leiva Haro, Alejandro Diéguez, Aurora Díaz Argañaraz y Geraldine Salazar.
Los denunciantes solicitaron a Francisco García Posse, presidente de la entidad, que analice si Varela Álvarez y D'Antona transgredieron la ética profesional y, en caso de que corresponda, imponga sanciones. Fuentes del Consejo Directivo del Colegio informaron que giraron la presentación a los abogados de Trimarco, para que estos la contesten. Cumplido ese acto, el Consejo resolverá si archiva la denuncia o da intervención al Tribunal de Ética y Disciplina. El 19 de febrero pasado, D'Antona publicó en su cuenta de Twitter (@JOSEDANTONA): "abogados de Tucumán me denuncian en Colegio y Penalmente x decir q la sentencia fue deplorable. Galardón p mi como persona y abogado" (sic).
La resolución de los camaristas Pedro Roldán Vázquez, Alfonso Zóttoli y Emilio Páez de la Torre habilitó a los magistrados Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano para analizar la admisibilidad del recurso de casación contra la sentencia absolutoria que presentó Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón. La Sala II ya concedió la apelación, de modo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán podrá revisar el fallo del 11 de diciembre que determinó que no había pruebas suficientes para condenar a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a "Marita".
"Es un acto de corrupción", gritó a las cámaras José D'Antona, uno de los abogados de Trimarco, tras la lectura de la sentencia. Repetidos y ampliados luego en la Fundación María de los Ángeles durante una rueda de prensa, esas acusaciones fueron interpretadas por los vocales de la Sala II como una "causa grave" que los obligaba a excusarse, pese a que los insultantes no los habían recusado en el expediente al momento de presentar la casación. En paralelo, estos habían echado a andar en la Legislatura el mecanismo previsto para la remoción de los magistrados por mal desempeño de sus funciones.
Decoro indispensable
"Aún cuando algunos de los interesados han dirigido fuertes improperios contra los miembros del tribunal, estos no han efectuado una presentación recusatoria en la que se explicara con claridad cuáles son los elementos objetivos sobre los que se montaría la desconfianza o temor de parcialidad que justificase el apartamiento de los jueces actuantes", expresó la Sala I. Y añadió: "por el contrario, la presentación recursiva se ha efectuado ante la misma Sala II sin reserva alguna".
Los camaristas Roldán Vázquez, Zóttoli y Páez de la Torre recordaron que las normas exigen decoro y ética a letrados y litigantes: "estas disposiciones existen en todas las organizaciones judiciales del mundo por ser indispensables para asegurar el orden de las audiencias y la consecuente eficacia de la tarea judicial en su cometido de resolución de conflictos. En nuestra legislación procesal, las referidas normas están contenidas en la ley 5.233, de ejercicio de la profesión de abogado, y en el Código Procesal Penal. No nos encontramos frente a una causal de apartamiento de los jueces actuantes, sino ante una cuestión aprehendida por la normativa arriba indicada".
En diciembre, letrados penalistas denunciaron a dos abogados de Trimarco, los cordobeses D'Antona y Carlos Varela Álvarez, en el Colegio de Abogados de la Capital. "Consideramos que referirse a los jueces (de la Sala II) como delincuentes, cobardes y corruptos, términos utilizados por el abogado Varela Álvarez, representa una ofensa no sólo personal sino también institucional, que escapa a la ética y a la moral que exige el ejercicio de la profesión", dijeron, entre otros, Mario Leiva Haro, Alejandro Diéguez, Aurora Díaz Argañaraz y Geraldine Salazar.
Los denunciantes solicitaron a Francisco García Posse, presidente de la entidad, que analice si Varela Álvarez y D'Antona transgredieron la ética profesional y, en caso de que corresponda, imponga sanciones. Fuentes del Consejo Directivo del Colegio informaron que giraron la presentación a los abogados de Trimarco, para que estos la contesten. Cumplido ese acto, el Consejo resolverá si archiva la denuncia o da intervención al Tribunal de Ética y Disciplina. El 19 de febrero pasado, D'Antona publicó en su cuenta de Twitter (@JOSEDANTONA): "abogados de Tucumán me denuncian en Colegio y Penalmente x decir q la sentencia fue deplorable. Galardón p mi como persona y abogado" (sic).
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