13 Diciembre 2012
ACUSADOS. En el juicio quedan 41 de los 44 imputados originalmente. LA GACETA / FRANCO VERA
Con la exposición de una experta en delitos sexuales en el contexto del terrorismo de Estado se reanudó hoy el juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en la Jefatura de Policía de Tucumán.
La abogada rosarina Susana Chiarotti argumenta que la violencia sexual contra personas secuestradas en centros clandestinos de detención deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Su postura es que se trató de prácticas sistemáticas y generalizadas cometidas como parte del plan sistemático de violaciones a los derechos humanos.
Uno de los obstáculos para que se denuncien los delitos sexuales es la ceguera de género de muchos tribunales, argumentó Chiarotti, que describió algunos antecedentes en nuestro país durante la última dictadura cívico militar, con testimonios que van desde tormentos aplicados a los genitales hasta casos de esclavitud sexual.
Chiarotti es miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y fue propuesta por la querella de la familia Rondoletto, que encabeza la letrada Julia Vitar.
Cinco miembros de la familia Rondoletto (tres de ellos eran mujeres) fueron secuestrados en noviembre de 1976 y todos permanecen desaparecidos. Pedro Rondoletto y Maria Cenador de Rondoletto, y sus hijos Silvia Margarita y Jorge quien se encontraba junto a su mujer embarazada de cuatro meses, Azucena Bermejo de Rondoletto, fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1976 de su domicilio y vistos en cautiverio en los CCD Jefatura de Policía y Arsenales Miguel de Azcuénaga. LA GACETA©
La abogada rosarina Susana Chiarotti argumenta que la violencia sexual contra personas secuestradas en centros clandestinos de detención deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Su postura es que se trató de prácticas sistemáticas y generalizadas cometidas como parte del plan sistemático de violaciones a los derechos humanos.
Uno de los obstáculos para que se denuncien los delitos sexuales es la ceguera de género de muchos tribunales, argumentó Chiarotti, que describió algunos antecedentes en nuestro país durante la última dictadura cívico militar, con testimonios que van desde tormentos aplicados a los genitales hasta casos de esclavitud sexual.
Chiarotti es miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y fue propuesta por la querella de la familia Rondoletto, que encabeza la letrada Julia Vitar.
Cinco miembros de la familia Rondoletto (tres de ellos eran mujeres) fueron secuestrados en noviembre de 1976 y todos permanecen desaparecidos. Pedro Rondoletto y Maria Cenador de Rondoletto, y sus hijos Silvia Margarita y Jorge quien se encontraba junto a su mujer embarazada de cuatro meses, Azucena Bermejo de Rondoletto, fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1976 de su domicilio y vistos en cautiverio en los CCD Jefatura de Policía y Arsenales Miguel de Azcuénaga. LA GACETA©
Lo más popular
