La fiscalización oficial es casi una constante

Si hay una actividad en la que el Estado ha puesto toda su artillería por el elevado nivel de empleo en negro esa es la del trabajo doméstico. Se calcula que unas 22.000 personas se desempeñan en el sector y que el 88% no está inscripto como corresponde, de acuerdo con los datos del Indec. El 92,2% de la dotación de este rubro es mujer.

Hace pocos días, el Senado aprobó, en general, el proyecto de un nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Los cambios reinstalan un Consejo para el negociación, así como los tribunales para dirimir conflicto, prohíbe el trabajo a menores de 18 años con cama adentro, elimina la obligación de la negociación colectiva a los 90 días, introduce la licencia por maternidad y las vacaciones y establece asignación universal hasta el salario mínimo.

La iniciativa reconoce el derecho a un horario laboral de ocho horas diarias, con un tope de 48 semanales con un descanso semanal de 35 horas corridas a partir del sábado a las 13 horas.

También prevé el cobro de horas extras y francos trabajados, prohíbe la contratación de menores de 16 años y fija topes en las jornadas de quienes tengan entre 16 y 18 años, entre otros.

En la actualidad existen en total 1,2 millones de trabajadores domésticos, de los cuales poco más de 270.000 figuran en las nóminas en blancos con servicios sociales y jubilaciones pagas. De allí que se trate de un rubro con constantes fiscalizaciones oficiales.