06 Noviembre 2012 Seguir en 
"No pasó nada". Uno de los representantes del frente Intersindical de Tucumán, Salvador Agliano (CTA), caracterizó de esa manera lo ocurrido luego de que los miembros de la agrupación fueran recibidos el miércoles por el Gobierno provincial. "Nos tienen acostumbrados a no dar respuestas, no es algo nuevo para nosotros. Desde la CTA creemos que nos pusieron a esos dos ministros sólo para que levantemos los cortes de ruta", renegó el sindicalista.
Los miembros de la organización intergremial se reunieron ayer para definir los pasos a seguir en el plan de lucha. Si bien en un primer momento habían manifestado que retomarían las medidas de fuerza el jueves, decidieron dar un tiempo más al Poder Ejecutivo. Emplazaron al Gobierno provincial a concretar reuniones durante lo que resta de la semana para determinar las respuestas al petitorio que presentaron. Si no son convocados, programarán manifestaciones para la semana próxima.
"Creo que el Gobierno tendrá que atender los reclamos, no sólo de parientes y amigos, sino de los trabajadores y de las organizaciones sociales que reclaman. Este Gobierno prácticamente negó el diálogo. Nosotros tenemos el derecho de pedir y de llevar adelante nuestras protestas", añadió ofuscado Agliano.
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, afirmó, en cambio, que el Gobierno atendió todos los reclamos expresados por la Intersindical. "Como las peticiones eran distintas, derivamos cada una al área que correspondía", explicó.
"Esta semana cada sector del Gobierno se reunirá con los dirigentes que acercaron sus reclamos para tratar de resolverlos", se comprometió. El funcionario adelantó que el ministro de Desarrollo Social, Enrique Zamudio, recibiría a los movimientos sociales. Por otro lado, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, se reuniría con habitantes de asentamientos de diversos puntos de la provincia. Precisamente, Zamudio recibirá hoy a las 11 a dirigentes de Barrios de Pie.
El miércoles, la Intersindical (CTA disidente, Uatre, la CCC, Barrios de Pie y la CGT moyanista) realizó ocho piquetes. Ese día fueron recibidos por Jiménez y Zamudio. Entre los pedidos se encuentran el 82% móvil para los jubilados, soluciones para habitantes de asentamientos, la no criminalización de la protesta y el rechazo al impuesto a las ganancias, entre otros.
Los miembros de la organización intergremial se reunieron ayer para definir los pasos a seguir en el plan de lucha. Si bien en un primer momento habían manifestado que retomarían las medidas de fuerza el jueves, decidieron dar un tiempo más al Poder Ejecutivo. Emplazaron al Gobierno provincial a concretar reuniones durante lo que resta de la semana para determinar las respuestas al petitorio que presentaron. Si no son convocados, programarán manifestaciones para la semana próxima.
"Creo que el Gobierno tendrá que atender los reclamos, no sólo de parientes y amigos, sino de los trabajadores y de las organizaciones sociales que reclaman. Este Gobierno prácticamente negó el diálogo. Nosotros tenemos el derecho de pedir y de llevar adelante nuestras protestas", añadió ofuscado Agliano.
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, afirmó, en cambio, que el Gobierno atendió todos los reclamos expresados por la Intersindical. "Como las peticiones eran distintas, derivamos cada una al área que correspondía", explicó.
"Esta semana cada sector del Gobierno se reunirá con los dirigentes que acercaron sus reclamos para tratar de resolverlos", se comprometió. El funcionario adelantó que el ministro de Desarrollo Social, Enrique Zamudio, recibiría a los movimientos sociales. Por otro lado, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, se reuniría con habitantes de asentamientos de diversos puntos de la provincia. Precisamente, Zamudio recibirá hoy a las 11 a dirigentes de Barrios de Pie.
El miércoles, la Intersindical (CTA disidente, Uatre, la CCC, Barrios de Pie y la CGT moyanista) realizó ocho piquetes. Ese día fueron recibidos por Jiménez y Zamudio. Entre los pedidos se encuentran el 82% móvil para los jubilados, soluciones para habitantes de asentamientos, la no criminalización de la protesta y el rechazo al impuesto a las ganancias, entre otros.
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