El abogado del cura acusado de violaciones quiere evitar que lo detengan

El abogado del cura acusado de violaciones quiere evitar que lo detengan

El apoderado del sacerdote Justo José Ilarraz le dijo a LA GACETA que presentará un recurso de hábeas corpus. "Estoy convencido de que las denuncias en Entre Ríos devienen nulas".

EN TUCUMAN. El Obispo de Concepción, José María Rossi (centro) en una misa con el padre Justo Ilarraz (derecha), acusado de violar a más de 50 chicos. LA GACETA / ARCHIVO EN TUCUMAN. El Obispo de Concepción, José María Rossi (centro) en una misa con el padre Justo Ilarraz (derecha), acusado de violar a más de 50 chicos. LA GACETA / ARCHIVO
17 Septiembre 2012

El abogado Jorge Muñoz, apoderado legal del sacerdote Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos 50 chicos que asistían al Seminario Menor, en Paraná, anunció que hoy presentará un recurso de hábeas corpus preventivo. "La presentación judicial tiene el fin de resguardar la persona del sacerdote, evitando la situación de condición de peligrosidad procesal", explicó el letrado a LA GACETA.

"Estoy convencido -agregó Muñoz-, de que las actuaciones derivadas de oficio en la provincia de Entre ríos, (que corresponden en virtud de la probable competencia judicial) devienen nulas, al no existir denuncias por parte de los presuntos ofendidos del delito. Ello, en virtud de que esta clase de tipos penales requieren de la promoción de las denuncias de las victimas para poder activar al órgano jurisdiccional. Se trata de delitos de acción pública dependientes de instancia privada", insistió.

"Al margen de ello, opino que las eventuales acciones estarían prescriptas en virtud del transcurso del tiempo ocurrido desde las fechas que se invocan como presunta comisión del delito", concluyó.

El caso
Durante años, el caso se mantuvo oculto. Ilarraz llegó a Tucumán en 1995 y ejerció el sacerdocio durante los últimos siete años, en la iglesia del barrio Ñuñorco, en Monteros. Pero la confianza de los fieles de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús se hizo añicos la semana pasada, cuando se conoció que el cura fue denunciado ante las autoridades eclesiásticas de abusar de 50 niños de entre 12 y 14 años, que estudiaban en el Seminario de Paraná entre 1984 y 1992.

El periodista Daniel Enz, director de la revista "Análisis" de Entre Ríos, realizó una investigación y sacó a la luz el caso. Ilarraz había sido denunciado a principios de los 90 y el entonces arzobispo de Paraná (actualmente cardenal) Estanislao Karlic; y el actual arzobispo, Alberto Puíggari, recibieron las denuncias, pero no las trasladaron a la Justicia civil, sino que -luego de un juicio diocesano- Ilarraz viajó al Vaticano.

Los abusos denunciados hablan de al menos 50 víctimas, aunque se sospecha que podrían ser cerca de 80. En el Seminario de Paraná ingresaban niños que provenían, en su mayoría, de familias campesinas. Ilarraz era el encargado de recibirlos. Según la publicación, esta posición habría sido aprovechada por el sacerdote para abusar de los menores con la excusa de "contenerlos". A cambio de su silencio, les ofrecía privilegios, como golosinas y viajes al exterior, de acuerdo con lo que relataron las víctimas.

En 1993, según publicó la revista, se inició un juicio diocesano, donde declararon decenas de jóvenes que denunciaron abusos. Karlic y Puíggari, que en ese entonces era prefecto del Seminario Mayor, siguieron el caso. Ilarraz fue enviado al Vaticano por un año, donde escribió un trabajo sobre el futuro de los niños ("Los niños: nuevos misioneros para nuevos tiempos") y terminó su licenciatura en Misionología. Volvió al país en 1994, estuvo un año en Córdoba y luego fue destinado a esta provincia.

La investigación
Según la investigación de Enz, Justo Ilarraz tenía 32 años cuando se hizo cargo del Seminario Menor. La primera denuncia la realizó en 1992 un joven que se resistió al abuso. "De aquí en más irás todos los días a la Capilla a pedir perdón", le dijo el cura. Los curas Silvio Fariña y Alfonso Frank recibieron los numerosos testimonios de los abusos y cada uno de los jóvenes denunciantes firmó una declaración. LA GACETA ©

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