La Justicia de Paz está en ruinas, alertó Posse

Según su parecer, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) está obligada a meterse campo adentro para reencontrarse con juzgados de Paz librados a su propia suerte desde hace décadas. Daniel Posse, vocal de ese alto tribunal y titular del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), expresa que esta preocupación existe en la cabeza del Poder Judicial y que su intención es revertir la situación de abandono, aunque más no sea lentamente. "Tenemos una deuda con la revalorización de la Justicia de Paz", define en una entrevista con LA GACETA.

El magistrado, que se ocupó del tema al llegar a la Corte, a comienzos de 2011, admite que el Poder Judicial permitió el deterioro de una institución beneficiosa para los ciudadanos, y que esa displicencia se manifiesta en la falta de recursos y lugares apropiados para el funcionamiento de los juzgados.

"El juez de Paz queda librado a su buena voluntad, a sus ganas, al amor que pueda sentir por el lugar... A su vocación de juez que, en muchos casos, es ejercida con ese compromiso y en otros, no tanto. Para cambiar esto hay que meterse en el tema. Esta nueva integración de la Corte ha empezado a trabajar al respecto: Antonio Estofán (presidente del cuerpo), por ejemplo, está visitando los juzgados, pero tenemos que dar continuidad a esos actos", manifiesta.

Después del fracaso

Además de proponer un análisis demográfico del interior de la provincia (para saber dónde hay más habitantes y, por ende, mayor necesidad del servicio de Justicia), Posse considera que hace falta modificar la Ley 7.365 sancionada en 2004, que estableció una Justicia de Paz letrada que nunca fue implementada -el Gobierno, con el concurso de la Corte, siguió designando legos, como consta en el informe que este diario publicó ayer-. En lugar de esta norma impulsada por el alperovichismo, el Estado aplica la antigua ley de la Justicia de Paz Lega.

El vocal de la Corte duda, sin embargo, sobre si todos los jueces de Paz deben ser abogados: "no sé si eso es bueno. Hay muchos vecinos que no son letrados que, por lógica, inteligencia y conocimiento de la comunidad, pueden resolver los conflictos. También me parece que un profesional no irá a vivir al lugar de asiento del juzgado (como exige la Ley 7.365) y que terminará viajando todos los días: tal vez ese requisito sea excesivo. Hay juzgados de Paz que sí justifican la presencia de abogados y otros que no".

La mirada presupuestaria

El también presidente del CAM se inclina por elaborar una nueva enmienda legislativa que unifique pautas entre los sistemas lego y letrado. Explica: "probablemente tengamos que cambiar muchas cosas e, incluso, el método de selección de los jueces. Hoy hay un mecanismo extraño, el histórico, donde el gobernador propone (discrecionalmente) y la Corte presta acuerdo. El juez de Paz obedece a dos poderes: el Judicial y el Ejecutivo. Pero, cuando se van restringiendo las funciones administrativas, queda la función jurisdiccional y, entonces, correspondería que la Legislatura preste acuerdo (como sucede con los magistrados de la Justicia ordinaria). También habría que trabajar en la jerarquización del juez de Paz para que tenga imperio y control. Pero eso está vinculado con la mirada: si la institución está muy lejos, no importa que funcione mal o como pueda".

Toda modificación debe ir acompañada de los recursos que permitan plasmarla. El vocal Posse coincide con ello: "ninguna ley cambia por sí sola la realidad. El Estado debe destinar un presupuesto acorde a lo que se propone: sacar a la Justicia de Paz del estado ruinoso en el que está".