11 Septiembre 2012
La ley en vigor no sirve y, por ende, hay que cambiarla. "Queremos una reforma estructural de la Justicia de Paz, que la Legislatura haga algo serio y profundo", pidió Tito Roberto Figueroa, juez de Paz de Bella Vista y presidente del Centro de la Justicia de Paz de Tucumán. En una conferencia telefónica con este diario, el funcionario (que dijo ser abogado) coincidió con el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, en que es inaplicable la enmienda de 2004: "obliga a cubrir los juzgados con abogados, pero nunca fijó la competencia territorial de estos. A los legisladores de aquella época les faltó tino e información y, hasta cierto punto, fueron irresponsables".
Figueroa llama "ley de escritorio" a la que vanamente pretendió transformar la Justicia de Paz lega en letrada. "No nos consultaron", recordó y, con ese argumento, explicó por qué continúa en vigor en Tucumán un sistema del siglo XIX que está agotado desde hace décadas (el 74% de los 78 cargos existentes pertenecen a jueces que no son letrados). "Establecieron que éramos competentes para aplicar un Código Rural que nunca leyeron o que nuestros mandatos caducan a los cinco años con posibilidad de renovación. Todo el mundo sabe que esa regla condiciona la independencia. Si el juez está atado a alguien, si es preso del poder, no puede ser imparcial", ejemplificó.
Convencido de que la Justicia de Paz debe incorporar al juez profesional, Figueroa propuso diseñar una transición entre lo viejo y lo nuevo que resguarde los derechos adquiridos de los jueces en ejercicio (estos perciben el salario de un secretario judicial, que se aproxima a los $ 18.000). "Sería sabio y prudente que nos vayamos anticipando al cambio y que el Poder Ejecutivo (PE) designe a letrados...", reflexionó. La otra cuestión es trabajar en el procedimiento de selección, que es absolutamente discrecional (el PE elige con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán -CSJT-). "Tal vez ayude implementar algún tipo de filtro", sugirió sin atreverse a mencionar los concursos públicos que rigen la selección de los magistrados de la Justicia ordinaria y que reclama el Colegio de Abogados de la Capital.
El titular del Centro de la Justicia de Paz también cuestionó que la Ley 6.735 obligue al juez a residir en el lugar de asiento del juzgado antes de asumir en el cargo y mientras dure en él. "No estoy de acuerdo, nadie cumple con esa exigencia. ¿Qué tiene que ver la habilidad, la idoneidad y el conocimiento con el sitio de residencia? Yo digo que es más difícil administrar justicia cuando las partes son personas con las que uno compartió toda la vida", razonó.
Si bien la escasez de recursos y la infraestructura precaria jaquean a la Justicia de Paz de Tucumán desde por lo menos la década de 1990, Figueroa admitió que confía en que la CSJT repare la moral de la institución. "Los vocales Antonio Estofán y, fundamentalmente, Daniel Posse, tienen voluntad y apertura para hacer los cambios necesarios", opinó. Por último, comentó: "la Corte que presidió Alfredo Carlos Dato (hasta 2007, cuando renunció para postularse como diputado nacional) disponía de recursos, pero no pasó nada. Así fue, pero no voy a juzgarla".
Figueroa llama "ley de escritorio" a la que vanamente pretendió transformar la Justicia de Paz lega en letrada. "No nos consultaron", recordó y, con ese argumento, explicó por qué continúa en vigor en Tucumán un sistema del siglo XIX que está agotado desde hace décadas (el 74% de los 78 cargos existentes pertenecen a jueces que no son letrados). "Establecieron que éramos competentes para aplicar un Código Rural que nunca leyeron o que nuestros mandatos caducan a los cinco años con posibilidad de renovación. Todo el mundo sabe que esa regla condiciona la independencia. Si el juez está atado a alguien, si es preso del poder, no puede ser imparcial", ejemplificó.
Convencido de que la Justicia de Paz debe incorporar al juez profesional, Figueroa propuso diseñar una transición entre lo viejo y lo nuevo que resguarde los derechos adquiridos de los jueces en ejercicio (estos perciben el salario de un secretario judicial, que se aproxima a los $ 18.000). "Sería sabio y prudente que nos vayamos anticipando al cambio y que el Poder Ejecutivo (PE) designe a letrados...", reflexionó. La otra cuestión es trabajar en el procedimiento de selección, que es absolutamente discrecional (el PE elige con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán -CSJT-). "Tal vez ayude implementar algún tipo de filtro", sugirió sin atreverse a mencionar los concursos públicos que rigen la selección de los magistrados de la Justicia ordinaria y que reclama el Colegio de Abogados de la Capital.
El titular del Centro de la Justicia de Paz también cuestionó que la Ley 6.735 obligue al juez a residir en el lugar de asiento del juzgado antes de asumir en el cargo y mientras dure en él. "No estoy de acuerdo, nadie cumple con esa exigencia. ¿Qué tiene que ver la habilidad, la idoneidad y el conocimiento con el sitio de residencia? Yo digo que es más difícil administrar justicia cuando las partes son personas con las que uno compartió toda la vida", razonó.
Si bien la escasez de recursos y la infraestructura precaria jaquean a la Justicia de Paz de Tucumán desde por lo menos la década de 1990, Figueroa admitió que confía en que la CSJT repare la moral de la institución. "Los vocales Antonio Estofán y, fundamentalmente, Daniel Posse, tienen voluntad y apertura para hacer los cambios necesarios", opinó. Por último, comentó: "la Corte que presidió Alfredo Carlos Dato (hasta 2007, cuando renunció para postularse como diputado nacional) disponía de recursos, pero no pasó nada. Así fue, pero no voy a juzgarla".
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