05 Septiembre 2012 Seguir en 
El nombre del director de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia (EAS), Edgardo Grasso, entre otros, volvió a aparecer en una presentación judicial. Sin embargo, no fue denunciado por ningún integrante de la comunidad educativa de la institución: el abogado Oscar López, que patrocina en otras causas a alumnos y a un docente de la EAS, elevó un planteo por cuenta propia, para que se investiguen lo que a su entender implican una serie de anomalías en la administración de la escuela.
López pide que se analice la supuesta ocupación irregular de dos casas ubicadas en el predio de la EAS. Según la denuncia, en una viviría una familia, cuyo jefe "estaría contratado en negro (encargado de galpones de pollos parrilleros), sin ningún tipo de seguro por accidentes, obra social, ni beneficio social". En la segunda casa -siempre de acuerdo al planteo- viviría una familia de apellido Rasgido: "(uno de los hijos) trabajaría en negro en la EAS, cumpliendo funciones de ordenanza".
López pretende que la Justicia investigue el destino de fondos que, según dice, vienen ingresando a la EAS desde hace casi seis años. "Se trata de $ 600 que cobra Grasso por cada uno de los 600 alumnos de la EAS, en nombre de una cooperadora que no existe -fue disuelta por él en 2006 aproximadamente-, a lo que se suman $ 600 que deben pagar los casi 350 aspirantes, lo que constituye un manejo delictivo de $ 570.000 por año", afirma.
Finalmente, el letrado indica en su denuncia que la EAS viene comercializando productos y servicios con facturas falsas desde hace muchos años: "(se dio una) contabilidad delictiva durante los últimos 14 años, merced a la utilización de recibos adulterados con un código inválido -N° 0001-, en tanto el código válido es el N° 0035".
En tribunales
El abogado de Grasso, Agustín Ferrari, señaló que desconocía la existencia de la presentación. "Ingresar en una polémica sobre el contenido o no de la denuncia no forma parte de mi modo de ejercicio de profesión: las disputas jurídicas se dirimen en Tribunales", afirmó el profesional. Y ratificó que su representado está a disposición de la Justicia. "La conducta de Grasso siempre será la de comparecer ante la Justicia, para brindar la información que resulte necesaria", subrayó.
El conflicto en la EAS inició el 10 de julio, cuando alumnos empezaron medidas de fuerza en reclamo de cuestiones académicas y administrativas. Piden, en especial, realizar las guardias de campo de 24 horas, los 365 días del año. Además de la denuncia de López, se elevaron dos planteos en la Justicia: un amparo firmados por alumnos y por un padre, para que se garanticen las guardias de campo por 24 horas, todo el año y una denuncia penal contra Grasso, presentada por el coordinador del área pecuaria, Germán Cornejo.
López pide que se analice la supuesta ocupación irregular de dos casas ubicadas en el predio de la EAS. Según la denuncia, en una viviría una familia, cuyo jefe "estaría contratado en negro (encargado de galpones de pollos parrilleros), sin ningún tipo de seguro por accidentes, obra social, ni beneficio social". En la segunda casa -siempre de acuerdo al planteo- viviría una familia de apellido Rasgido: "(uno de los hijos) trabajaría en negro en la EAS, cumpliendo funciones de ordenanza".
López pretende que la Justicia investigue el destino de fondos que, según dice, vienen ingresando a la EAS desde hace casi seis años. "Se trata de $ 600 que cobra Grasso por cada uno de los 600 alumnos de la EAS, en nombre de una cooperadora que no existe -fue disuelta por él en 2006 aproximadamente-, a lo que se suman $ 600 que deben pagar los casi 350 aspirantes, lo que constituye un manejo delictivo de $ 570.000 por año", afirma.
Finalmente, el letrado indica en su denuncia que la EAS viene comercializando productos y servicios con facturas falsas desde hace muchos años: "(se dio una) contabilidad delictiva durante los últimos 14 años, merced a la utilización de recibos adulterados con un código inválido -N° 0001-, en tanto el código válido es el N° 0035".
En tribunales
El abogado de Grasso, Agustín Ferrari, señaló que desconocía la existencia de la presentación. "Ingresar en una polémica sobre el contenido o no de la denuncia no forma parte de mi modo de ejercicio de profesión: las disputas jurídicas se dirimen en Tribunales", afirmó el profesional. Y ratificó que su representado está a disposición de la Justicia. "La conducta de Grasso siempre será la de comparecer ante la Justicia, para brindar la información que resulte necesaria", subrayó.
El conflicto en la EAS inició el 10 de julio, cuando alumnos empezaron medidas de fuerza en reclamo de cuestiones académicas y administrativas. Piden, en especial, realizar las guardias de campo de 24 horas, los 365 días del año. Además de la denuncia de López, se elevaron dos planteos en la Justicia: un amparo firmados por alumnos y por un padre, para que se garanticen las guardias de campo por 24 horas, todo el año y una denuncia penal contra Grasso, presentada por el coordinador del área pecuaria, Germán Cornejo.







