Frenaron obras en comisarías por el ex Corona

En octubre de 2011, nueve comisarías y delegaciones policiales de varias localidades de la provincia debieron esperar para que el Gobierno realice mejoras en esas dependencias. Sucede que por una decisión del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Brito, los materiales para la refacción de esas dependencias policiales -se encontraban en un depósito de la DAU- tuvieron un destino diferente: el ex Hotel Corona.

Así lo confirma la documentación firmada por el actual jefe de depósito de la DAU, Carlos Barrera, y a la que tuvo acceso LA GACETA. Para justificar el imprevisto traslado de materiales, Barrera firmó una nota argumentando que "por pedido de la superioridad" los insumos fueron transferidos para la refacción del ex hotel, obra que demandó un gasto de más de $ 3,2 millones y que fue realizada sin un llamado a licitación, de acuerdo a la información que la propia repartición publica en su página web.

Las nueve dependencias policiales que vieron postergadas las obras son las comisarías de La Ramada, El Mojón, Río Colorado, de Menores de Concepción, de Cebil Redondo, de Garmendia y Martín Miguel de Güemes; y las direcciones de Homicidios y de Comunicaciones Policiales.

En la denuncia penal que la legisladora radical Silvia Elías de Pérez presentó ante la Justicia por la presunta comisión de fraude a la administración pública, se detalla acerca del manejo discrecional que tuvieron los materiales dentro de Arquitectura.

"En lo que respecta al manejo de los materiales adquiridos por la DAU para determinadas obras, se observa un desorden generalizado, producto de acciones administrativas poco claras y transparentes, como el informe del encargado de depósito y que fue elevado a Brito ante su pedido. En dicho informe se indica el stock de materiales adquiridos por la DAU para ciertas obras de arquitectura y de reacondicionamiento de espacios verdes en distintos lugares de la provincia, como así también el movimiento de esos materiales", reza un párrafo del documento presentado en los tribunales penales. "Destacamos que en dicho informe se indican materiales comprados para obras y se resalta el faltante en el depósito. Me pregunto: ¿qué pasó con ese faltante? ¿Dónde está?", advirtió Elías de Pérez en el escrito judicial. La denuncia revela también que se habrían comprado elementos para la construcción y que habrían sido dejados en el depósito para algunas obras, pero sin la documentación correspondiente y sin los respectivos presupuestos. "Hay materiales que fueron adquiridos para una obra y por orden de la superioridad fueron usados en otros trabajos, como los que fueron retirados de las comisarías y llevados hacia ex Hotel Corona para su remodelación", expresó.

Fragmentación

La Ley Nº 7.960 facultó a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a evitar el llamado a licitación en contrataciones de obras y servicios cuyos montos sean inferiores a $ 150.000. Para ello, la repartición sólo debe declarar que los trabajos revisten el carácter de prioritarios y/o urgentes.

Un caso paradigmático de la aplicación de esta norma fueron las obras que se realizaron en el edificio del expropiado ex Hotel Corona, frente a la plaza Independencia, con el objetivo de que funcionen allí varias dependencias del Estado; por ejemplo, el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad.

Para evitar realizar el llamado a licitación pública de una obra que demandó un monto global de $ 3,2 millones, la DAU resolvió subdividir los trabajos en 28 partes, con montos que no superaron nunca los $ 150.0000.

"Esta ley dio pie para que desde dicha dirección se montara un mecanismo plagado de gruesas irregularidades en las tramitaciones para la ejecución de obras y trabajos realizados por contratación directa, previo cotejos de precios, de bienes o e servicios, en el marco de la Ley N° 7.960. Esto lo pudo constatar el Tribunal de Cuentas -existen innumerables acordadas donde se advierten tales irregularidades- y las investigaciones realizadas por mi persona, que dieron origen a esta denuncia", añadió Elías de Pérez en la presentación.

"Sólo en los años 2010 y 2011 -según la información publicada en la página web del organismo- la Dirección de Arquitectura y Urbanismo contrató de manera directa obras y servicios por montos que superaron los $ 40 millones", expresó la legisladora.

Contrataciones llamativas

En julio, la DAU pretendió arreglar la iluminación de la fachada de la Casa de Gobierno, con motivo de su centenario. El Tribunal de Cuentas halló sobreprecios de un 128% y frenó la operación.

LA GACETA publicó el acuerdo del TC y, un día después, Brito dejó la DAU por pedido del gobernador. En su descargo, adujo que esa obra fue gestionada por el subdirector, Roberto Bianchi.

Un corralón, propiedad del suegro y del cuñado de Brito, le facturó servicios por casi $ 1 millón a Arquitectura y Urbanismo, según denunció Silvia Elías de Pérez, legisladora por la UCR.

Un proveedor de la DAU inscribió sede en Emilio Castelar 450. La dirección no existe: al lado (en la numeración 448), reside un vendedor ambulante, según pudo constatar LA GACETA.

Constitución 215 es la dirección que informaron ante la DAU dos empresas distintas, que en total facturaron $ 3,6 millones. En esa casa vive una mujer que trabaja como empleada doméstica.

Otro proveedor del organismo, que facturó $ 2,5 millones, registró avenida Roca 1.534 como domicilio comercial ante la DAU. En esa vivienda funciona una iglesia evangélica.