Bussi propone que la Policía sancione a los contraventores

El séptimo proyecto para modificar el inconstitucional Código de Contravenciones Policiales (CCP) ha llegado a mesa de entradas de la Legislatura. Esta vez, la iniciativa lleva el sello de Fuerza Republicana (FR). Y el autor del texto, Ricardo Bussi, dejó en claro que pretende una norma que les sirva a los oficiales para prevenir delitos.

"Se pretende quitarle a la Policía el poco poder que hoy ostenta para la prevención", dijo Bussi en alusión a las demás iniciativas. "Como siempre -agregó- están haciendo las cosas al revés: el Estado debe tener como prioridad proteger a la gente de bien y respetuosa de las normas; no primero a los delincuentes y -si se puede- a los demás".

El CCP fue declarado inconstitucional por la Corte de la Nación en 2010 debido a que no respeta garantías constitucionales (derecho a defensa, a juicio justo, entre otras).

En la Cámara surgieron varias propuestas para reformar la norma, creada durante la dictadura. En diciembre, la UCR envió el primer proyecto al respecto. Este año, parlamentarios del bloque oficialista Tucumán Crece avanzaron, en paralelo, con cuatro textos (dos de ellos ya fueron presentados). El Partido de los Trabajadores también hará su aporte. Y el Ministerio de Seguridad Ciudadana y la Policía adelantaron que también formularán una propuesta.

En este contexto, Bussi envió ayer el proyecto de ley que deberá ser analizado por la comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara (a cargo de su rival político e ideológico fuera y dentro del recinto, Gerónimo Vargas Aignasse, quien además lleva adelante su propio plan).

Bussi, al fundamentar la iniciativa, opinó que la norma vigente "no por ser vieja deja de ser efectiva". Por eso, contempló que la autoridad de aplicación siga llevando traje azul. "La Policía de la Provincia tendrá a su cargo la investigación de las contravenciones y la aplicación del presente Código", reza el texto de FR. El parlamentario aclaró que el oficial a cargo del procedimiento deberá notificar al Juzgado Correccional de turno antes de que transcurran 24 horas de la detención del infractor. "Si se pretende que (la Justicia) intervenga por cada contravención que ocurre, la ciudad va a ser un caos", añadió.

Hasta 60 días

Bussi consideró varias penas posibles para estas faltas: el arresto (hasta 60 días); la multa (hasta 30 unidades de multa, cuyo monto debe determinar el PE); y la clausura del establecimiento en que se produzca una falta, entre otras. Además, enuncia como sanciones complementarias el servicio comunitario en tiempo libre; la restricción para acudir a determinados lugares; la prohibición de conducir vehículos; o un tratamiento médico obligatorio.

Por lo general, los demás proyectos para reformar el CCP consideran necesaria la creación de Juzgados Contravencionales y buscan limitar las potestades de los uniformados. Bussi, además de plantear otras ideas, delimitó como faltas sociales actos que prometen generar polémica por su contraste con las postuladas por varios de sus pares.

Por ejemplo, FR establece sanciones máximas para "el que injustificadamente no se desplazara por sendas peatonales y/o ciclovías debidamente señalizadas" (30 días de arresto); para "el que profiriere voces, gritos o emitiere sonidos o ruidos o inmisiones que perturben el reposo o la tranquilidad de las personas. Idéntica sanción se aplicará al propietario del can u otro animal que provoquen similares molestias" (hasta 15 días, que pueden duplicarse si el hecho se produce a la noche); y para "las prostitutas o travestis que se exhiban en las puertas de sus casas o recorran las calles deteniendo, llamando o provocando a los transeúntes" (hasta 30 días de arresto).