Investigan a empresa que controla el SUBE

BUENOS AIRES.- Un contrato de concesión millonario, contratos laborales de gerentes y supervisores de seis cifras anuales, oficinas vacías, domicilios inexistentes, teléfonos de atención al público que nunca respondían y una tarea de contralor cuyos resultados muy pocos conocían, impulsó al Gobierno nacional a suspender la ejecución del contrato y de los pagos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que llevaba adelante la supervisión de la Tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico).

SUBE, según señala el sitio web, es un servicio para abonar con una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes y trenes adheridos, en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de un medio de pago simple y moderno, que convive con los medios tradicionales.

En ese contexto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el Gobierno "no es juez ni fiscal", pero que cree "conveniente" la suspensión del contrato de la empresa que supervisa a la tarjeta SUBE, y sostuvo que será la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Auditoría General de la Nación (AGN) las que decidirán los pasos a seguir. Si bien no explicó los motivos de la suspensión del contrato, que se dio en medio de denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación a favor de un consorcio liderado por la empresa inglesa Global Infrastructure (GI) y ex funcionarios de la Secretaría de Transporte, Randazzo dijo que será su cartera la que se encargará momentáneamente de la supervisión.

"Nosotros hemos hecho una evaluación con respecto a este contrato, pero creemos conveniente y lo hemos conversado con la Presidenta, la suspensión de la ejecución del contrato como así también los pagos", refirió Randazzo.

El titular de la AGN, Leandro Despouy, consideró que la decisión gubernamental de suspender el contrato con la empresa que supervisa la tarjeta SUBE "es un hecho prudente" ante "la posibilidad que exista una irregularidad o un hecho de corrupción".

En tanto, diputados opositores atribuyeron a la "improvisación" en la gestión del Gobierno la decisión de suspender el contrato con la empresa prestadora. Asi se expresaron el diputado radical Oscar Aguad, quien aseguró que "éste es un Gobierno que ya no tiene rumbo"; mientras que Patricia Bullrich (Unión por Todos) estimó que la suspensión del contrato "era lo que se tenía que hacer". Por último, Jorge Triaca (PRO) opinó que "una vez más el Gobierno muestra falta de gestión y transparencia para las políticas de transporte". (DyN)