Mursi choca con la Justicia y los militares están en alerta
EL CAIRO.- Diez días después de asumir el nuevo presidente de Egipto, MohammedMursi, estalló el primer conflicto institucional en el país. Su decisión de reinstalar el Parlamento por decreto, desoyendo un fallo judicial que determinaba que hubo errores en las elecciones de las bancas, fue rechazada por el Tribunal Constitucional (TC) y generó tensión con los militares.
El TC, reunido de emergencia, declaró ilegal el decreto presidencial y ratificó la sentencia que declaró ilegítimas las elecciones legislativas, en las que los islamistas moderados de los Hermanos Musulmanes y los radicales salafistas habían obtenido la mayoría de los escaños. Los jueces consideraron que el fallo "es definitivo, no puede ser objeto de apelación y es vinculante para todas las instituciones del Estado".
La objeción judicial se debe a que numerosos candidatos de diversos partidos obtuvieron mandatos en una votación directa que estaba reservados a los postulantes independientes, no afiliados a ninguna expresión política.
El tribunal aseguró que "no toma partido en ninguna pugna política" y que su misión era "proteger la letra de la Constitución". El magistrado supremo, Tarek Shebl, consideró que la medida de Mursi "es un intento de eludir" las órdenes judiciales.
Tensiones renovadas
Los cruces de decisiones enrarecen aún más el complejo ajedrez político y de poder en el país árabe, ya que le correspondería al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumir los poderes legislativos (la cúpula militar celebró una reunión de urgencia por esta polémica, pero no trascendió ninguna posición). Sólo está claro que los militares, liderados por el mariscal Mohammed Hussein Tantawi, no quieren renunciar a sus privilegios.
Pocas horas antes del pronunciamiento judicial, el titular de la Asamblea Popular (Congreso), Saad al Katatni, había anunciado que el cuerpo reanudaría su trabajo hoy. La Policía le permitió ayer entrar en el edificio parlamentario a algunos diputados.
El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los Hermanos Musulmanes, a su vez, anunció que movilizará a sus partidarios desde las mezquitas capitalinas hacia la emblemática plaza Tahrir (epicentro de la revolución de 2011 contra Hosni Mubarak), en apoyo al decreto de Mursi. El objetivo es lograr que la Cámara Baja funcione hasta que se celebren nuevas elecciones, 60 días después de la entrada en vigor de una futura Carta Magna.
Las cotizaciones bursátiles de las empresas egipcias, que tras el juramento de Mursi habían aumentado ligeramente, volvieron a derrumbarse ante esta nueva lucha de poder. (Télam-AFP-DPA)
