El pasado lunes comenzó el Salta un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La noticia fue dada a conocer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ayer estalló en los pasillos de la Casa de Gobierno de esta provincia, debido a que en el listado de los acusados se mencionaba a un funcionario del Poder Ejecutivo.
Se trata de Fernando Antonio Chaín, quien ayer presentó la renuncia a su cargo como subsecretario de Control de Gestión, que depende del Ministerio de Seguridad. Su nombre ya no figura en la página web del área en la que se desempeñaba.
Mariana Lucenti, jefa de Prensa del ministerio, confirmó esta mañana que Chaín elevó anoche su dimisión al titular de Seguridad, Mario López Herrera, y que fue aceptada de manera inmediata. Detalló que el ex funcionario había llegado al cargo cuando Pablo Baillo estaba a cargo de la repartición. Chaín se encuentra por estas horas en Salta y ayer se abstuvo de declarar.
En el banquillo
Este juicio resolverá la situación de 20 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. Durante el desarrollo de las audiencias, que se desarrollarán los lunes y martes en doble jornada, y que se extenderán por lo menos hasta el 18 de diciembre próximo, alrededor de 250 testigos brindarán sus testimonios.
El juicio es seguido por teleconferencia desde Rosario el imputado por Milton Modesto Mendia, en tanto que desde Buenos Aires hacen lo propio Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Gentil y Carlos Mulhall.
En este debate también están imputados Joaquín Guill, Juan Carlos Alzugaray, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Abel Vicente Murúa, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, y Virtom Modesto Mendíaz. A ellos se suman Juan Manuel Ovalle, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, Ricardo Benjamín de la Vega, Marcelo Diego Gatto, Joaquín Cornejo Alemán y Víctor Hugo Almirón.
La causa principal fue caratulada "Guill, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda".
A esta causa se le acumulan otras 17 causas, por 34 víctimas, muchas de las cuales estaban vinculadas con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), institución que se constituyó como una de las partes querellantes en el juicio. LA GACETA ©
