26 Abril 2012
BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) decidió cerrar el capítulo de las advertencias verbales contra Hungría y pasar a los hechos concretos: ayer llevó al país magiar ante el Tribunal de Justicia europeo, por la presunta violación del derecho comunitario en dos expedientes que afectan a cuestiones vertebrales de la Unión Europea (UE). El objetivo es lograr que modifique su legislación interna y la ajuste a las normas comunitarias.
En concreto, se cuestiona la independencia del sistema judicial húngaro y de la autoridad nacional de protección de datos, tras la remoción de su titular. La CE exigió también cambios en la normativa que obliga a jubilar a los jueces a los 62 años, lo que obligaría al retiro del 10% de los magistrados.
Las concesiones que prometió Budapest a la Comisión Europea para adecuar su legislación en esos dos puntos no han bastado para disipar las dudas de Bruselas y su Dirección Ejecutiva, presidido por José Manuel Durao Barroso, efectuó la presentación ante el Tribunal europeo de Luxemburgo, tras una frustrante reunión con el primer ministro conservador húngaro, Viktor Orban, cuestionado en su país por haber reformado la Constitución y concentrado poder.
Si los magistrados le dan la razón a Durao Barroso, la consecuencia directa sería la imposición de una cuantiosa multa pecuniaria al país centroeuropeo, el congelamiento temporal de desembolsos de cuantiosos fondos de cohesión de la UE y otra clase de sanciones. Además, hay un tercer expediente en discordia, relacionado con la independencia del Banco Central húngaro, que podría quedar cerrado tras las promesas oficiales de un cambio del estatuto de esa entidad. Esta situación echó por tierra la confianza de los inversionistas en el endeudado país.
Hungría soporta una dura crisis y busca iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades globales, para recibir ayudas que mitiguen su difícil conyuntura, a través de un crédito urgente. (DPA)
En concreto, se cuestiona la independencia del sistema judicial húngaro y de la autoridad nacional de protección de datos, tras la remoción de su titular. La CE exigió también cambios en la normativa que obliga a jubilar a los jueces a los 62 años, lo que obligaría al retiro del 10% de los magistrados.
Las concesiones que prometió Budapest a la Comisión Europea para adecuar su legislación en esos dos puntos no han bastado para disipar las dudas de Bruselas y su Dirección Ejecutiva, presidido por José Manuel Durao Barroso, efectuó la presentación ante el Tribunal europeo de Luxemburgo, tras una frustrante reunión con el primer ministro conservador húngaro, Viktor Orban, cuestionado en su país por haber reformado la Constitución y concentrado poder.
Si los magistrados le dan la razón a Durao Barroso, la consecuencia directa sería la imposición de una cuantiosa multa pecuniaria al país centroeuropeo, el congelamiento temporal de desembolsos de cuantiosos fondos de cohesión de la UE y otra clase de sanciones. Además, hay un tercer expediente en discordia, relacionado con la independencia del Banco Central húngaro, que podría quedar cerrado tras las promesas oficiales de un cambio del estatuto de esa entidad. Esta situación echó por tierra la confianza de los inversionistas en el endeudado país.
Hungría soporta una dura crisis y busca iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades globales, para recibir ayudas que mitiguen su difícil conyuntura, a través de un crédito urgente. (DPA)
Lo más popular
