27 Febrero 2012
BUENOS AIRES.- El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego prohibió hoy el amarre de un crucero con bandera inglesa, amparado en una ley vinculada al reclamo del país sudamericano a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Es la primera vez que una autoridad de la nación adopta esta medida, que coincide con una escalada diplomática entre Argentina y Gran Bretaña, 30 años después de la guerra por el archipiélago situado en el Atlántico Sur.
La gobernadora, Fabiana Ríos, dispuso la medida a la embarcación con bandera de las Islas Bermudas que transportaba a unos 2.600 pasajeros con destino al austral puerto de Ushuaia, donde había arribado en oportunidades anteriores.
Las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) decidieron aplicar esta vez la ley provincial del 25 de agosto del 2011 que prohibe la "permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia", según indica el texto de la norma.
El titular de la DPP, Alejandro Berola, confirmó a Télam que la decisión fue tomada por la gobernadora Ríos y admitió la existencia de un pedido por escrito realizado por ex combatientes de Malvinas y de sindicatos portuarios para que fuera adoptada la medida. (Reuters)
Es la primera vez que una autoridad de la nación adopta esta medida, que coincide con una escalada diplomática entre Argentina y Gran Bretaña, 30 años después de la guerra por el archipiélago situado en el Atlántico Sur.
La gobernadora, Fabiana Ríos, dispuso la medida a la embarcación con bandera de las Islas Bermudas que transportaba a unos 2.600 pasajeros con destino al austral puerto de Ushuaia, donde había arribado en oportunidades anteriores.
Las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) decidieron aplicar esta vez la ley provincial del 25 de agosto del 2011 que prohibe la "permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia", según indica el texto de la norma.
El titular de la DPP, Alejandro Berola, confirmó a Télam que la decisión fue tomada por la gobernadora Ríos y admitió la existencia de un pedido por escrito realizado por ex combatientes de Malvinas y de sindicatos portuarios para que fuera adoptada la medida. (Reuters)
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