03 Febrero 2012 Seguir en 
La controversia por la reforma del Código Tributario (CT) promete agudizarse en las próximas semanas. El reciente rechazo del gobernador, José Alperovich, a rever algunos ítems impulsó a la oposición parlamentaria y a algunas entidades empresarias y de profesionales a buscar alternativas.
Además de la iniciativa de realizar debates abiertos, en algunos de esos sectores ya se analiza la posibilidad de recurrir a la Justicia. Ocurre que los detractores de los cambios aseguran que hay ítems de la nueva normativa fiscal que contienen errores técnicos, y otros, que son inconstitucionales.
Debate
Preparan un diálogo público para la semana entrante y se aferran a la posibilidad de que el gobernador deponga su postura. El conjunto de organizaciones empresarias, comerciales y de profesionales que encabeza el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (Cgcet) presentó un documento técnico en la Casa de Gobierno hace semanas y aún no recibió una respuesta. Así lo consignó ayer la titular de esa entidad, Patricia Manso. "No nos sorprende la actitud del gobernador. Pero está desoyendo la parte técnica. En realidad, planteamos temas que a la larga a la Provincia le costará, porque habrá presentaciones en la Justicia por parte de contribuyentes y ningún juez le dará la razón al Estado", advirtió con énfasis.
La contadora expresó que, por el momento, tratarán de que los puntos discutidos se modifiquen mediante el análisis, el diálogo y el consenso.
"Aguardamos que Alperovich reconsidere su postura. Anhelamos una solución armónica. Estamos en democracia y el mayor valor que tiene es el diálogo", instó Felipe Salas, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, que también suscribió el documento crítico. El industrial manifestó que los pasos a seguir serán debatidos entre todos los factores que participan de los encuentros.
Oídos sordos
A los repudios públicos de varios legisladores radicales y de José Páez (Democracia Cristiana) se sumó un proyecto de ley que propone la modificación del CT. "Los legisladores no podemos hacer oídos sordos frente a pretensiones que deben ser analizadas en el respetuoso marco de las instituciones, entendiendo que los representantes del pueblo integramos un poder que, en la República, no es asimilable a las antiguas cortes monárquicas", consignaron los parlamentarios Roberto Sánchez y Federico Romano Norri en los fundamentos de la iniciativa. El texto incluye la modificación de al menos una docena de disposiciones.
Por su parte, Ariel García, integrante del otro bloque radical junto a Silvia Elías de Pérez, recordó que presentó un proyecto para que se reglamente el Tribunal Fiscal. "Es el ámbito natural al que puede recurrir el contribuyente ante una resolución de la Dirección de Rentas. Antes que pensar en reformarlo (al CT) deberían haberlo hecho cumplir", afirmó.
El CT fue reformado integral e intempestivamente por la Legislatura en la última sesión de 2011. El rechazo de los cambios fue inmediato por parte del empresariado local.
Además de la iniciativa de realizar debates abiertos, en algunos de esos sectores ya se analiza la posibilidad de recurrir a la Justicia. Ocurre que los detractores de los cambios aseguran que hay ítems de la nueva normativa fiscal que contienen errores técnicos, y otros, que son inconstitucionales.
Debate
Preparan un diálogo público para la semana entrante y se aferran a la posibilidad de que el gobernador deponga su postura. El conjunto de organizaciones empresarias, comerciales y de profesionales que encabeza el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (Cgcet) presentó un documento técnico en la Casa de Gobierno hace semanas y aún no recibió una respuesta. Así lo consignó ayer la titular de esa entidad, Patricia Manso. "No nos sorprende la actitud del gobernador. Pero está desoyendo la parte técnica. En realidad, planteamos temas que a la larga a la Provincia le costará, porque habrá presentaciones en la Justicia por parte de contribuyentes y ningún juez le dará la razón al Estado", advirtió con énfasis.
La contadora expresó que, por el momento, tratarán de que los puntos discutidos se modifiquen mediante el análisis, el diálogo y el consenso.
"Aguardamos que Alperovich reconsidere su postura. Anhelamos una solución armónica. Estamos en democracia y el mayor valor que tiene es el diálogo", instó Felipe Salas, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, que también suscribió el documento crítico. El industrial manifestó que los pasos a seguir serán debatidos entre todos los factores que participan de los encuentros.
Oídos sordos
A los repudios públicos de varios legisladores radicales y de José Páez (Democracia Cristiana) se sumó un proyecto de ley que propone la modificación del CT. "Los legisladores no podemos hacer oídos sordos frente a pretensiones que deben ser analizadas en el respetuoso marco de las instituciones, entendiendo que los representantes del pueblo integramos un poder que, en la República, no es asimilable a las antiguas cortes monárquicas", consignaron los parlamentarios Roberto Sánchez y Federico Romano Norri en los fundamentos de la iniciativa. El texto incluye la modificación de al menos una docena de disposiciones.
Por su parte, Ariel García, integrante del otro bloque radical junto a Silvia Elías de Pérez, recordó que presentó un proyecto para que se reglamente el Tribunal Fiscal. "Es el ámbito natural al que puede recurrir el contribuyente ante una resolución de la Dirección de Rentas. Antes que pensar en reformarlo (al CT) deberían haberlo hecho cumplir", afirmó.
El CT fue reformado integral e intempestivamente por la Legislatura en la última sesión de 2011. El rechazo de los cambios fue inmediato por parte del empresariado local.







