02 Febrero 2012
LA NUEVA SEDE. La Caja Popular se comprometió a pagar $ 11.500 mensuales durante cuatro años por este local. LA GACETA / FOTO DE IRENE BENITO
La intención de la Caja Popular de Ahorros (CPA) de mejorar su imagen institucional en Tafí del Valle oculta decisiones que deben ser investigadas en sede judicial, según Enrique Romero, justicialista disidente y presidente del partido Cruzada Peronista. El dirigente, que presentó una denuncia en los Tribunales, aseveró que la entidad formalizó un contrato de alquiler de una propiedad tafinista sin informar las condiciones edilicias del inmueble, como había solicitado el Tribunal de Cuentas (TC) y que, luego, ese órgano de control autorizó la operación pese a que faltaba el recaudo previamente exigido.
"El TC aprueba un contrato de 48 cuotas de $ 11.500, pero, extrañamente, se procedió a librar una orden de pago a favor de la señora María Eugenia Galindo Chenaut de Danielsen (propietaria del local) por la suma de $ 276.000. La CPA se encuentra confeccionando la segunda orden de pago para enero", expuso Romero en la presentación que dedujo el 28 de diciembre del año pasado.
En ese escrito dirigido al fiscal de turno, el ex director de Transporte del ex gobernador Julio Miranda acusó al ex interventor de la Caja Popular de Ahorros, Francisco Sassi Colombres, de cometer los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos. "Conforme a la Constitución provincial, toda contratación mayor de $ 10.000 debe hacerse mediante licitación pública, pero Sassi Colombres, célebre por haber sido designado como vocal de la Corte Suprema de Justicia y por no haber podido asumir en el cargo por su pasado ?procesista? (sic).., hizo un simulado concurso de precios". Además, expresó que el ex interventor nunca dijo que la Caja pagaría el equivalente a 48 meses de alquiler en dos cuotas al inicio del contrato. "Tampoco fue autorizado a hacer eso por el TC", reprochó. Y afirmó que los oferentes podrían haber mejorado sus propuestas si hubiesen sabido la decisión de pagar por adelantado.
De acuerdo con el expediente 996-360-11, al que accedió LA GACETA, el subgerente general a cargo de la Gerencia General de la CPA, Luis Alberto Córdoba, encomendó al Departamento Inmobiliario de la entidad la búsqueda de un inmueble en Tafí del Valle acorde a la política de modernizar las sucursales del interior.
Tres semanas después, en junio de 2011, el Departamento Inmobiliario elaboró un cuadro con tres propuestas, de donde surge que la más barata era la de Chenaut de Danielsen (un local ubicado sobre la avenida Gobernador Critto y Guillermo Chenaut). Esa dependencia concluyó que esta oferta era la que mejor se adaptaba a las necesidades de la CPA, y que el valor de locación propuesto por cuatro años era adecuado y razonable para el mercado local.
El 4 de agosto, Sassi autorizó el contrato de locación. Cuatro días después y ya en la etapa del control preventivo del TC, el arquitecto Juan Logusso solicitó un informe sobre las condiciones edilicias actuales del local elegido. El expediente fue a la CPA y volvió al TC, se hicieron algunas rectificaciones al contrato que, finalmente, fue suscrito el 29 de agosto. Un día después, Chenaut de Danielsen pidió el adelanto del pago según lo pautado en el contrato (las partes convinieron esa modalidad siempre que la Caja contase con partida presupuestaria para tal fin sin alterar el precio). Durante esa misma jornada, Sassi solicitó a la Gerencia General que arbitre las medidas administrativas para pagar de inmediato el 50% del monto total estipulado y el saldo en el plazo de 30 días.
"El TC aprueba un contrato de 48 cuotas de $ 11.500, pero, extrañamente, se procedió a librar una orden de pago a favor de la señora María Eugenia Galindo Chenaut de Danielsen (propietaria del local) por la suma de $ 276.000. La CPA se encuentra confeccionando la segunda orden de pago para enero", expuso Romero en la presentación que dedujo el 28 de diciembre del año pasado.
En ese escrito dirigido al fiscal de turno, el ex director de Transporte del ex gobernador Julio Miranda acusó al ex interventor de la Caja Popular de Ahorros, Francisco Sassi Colombres, de cometer los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos. "Conforme a la Constitución provincial, toda contratación mayor de $ 10.000 debe hacerse mediante licitación pública, pero Sassi Colombres, célebre por haber sido designado como vocal de la Corte Suprema de Justicia y por no haber podido asumir en el cargo por su pasado ?procesista? (sic).., hizo un simulado concurso de precios". Además, expresó que el ex interventor nunca dijo que la Caja pagaría el equivalente a 48 meses de alquiler en dos cuotas al inicio del contrato. "Tampoco fue autorizado a hacer eso por el TC", reprochó. Y afirmó que los oferentes podrían haber mejorado sus propuestas si hubiesen sabido la decisión de pagar por adelantado.
De acuerdo con el expediente 996-360-11, al que accedió LA GACETA, el subgerente general a cargo de la Gerencia General de la CPA, Luis Alberto Córdoba, encomendó al Departamento Inmobiliario de la entidad la búsqueda de un inmueble en Tafí del Valle acorde a la política de modernizar las sucursales del interior.
Tres semanas después, en junio de 2011, el Departamento Inmobiliario elaboró un cuadro con tres propuestas, de donde surge que la más barata era la de Chenaut de Danielsen (un local ubicado sobre la avenida Gobernador Critto y Guillermo Chenaut). Esa dependencia concluyó que esta oferta era la que mejor se adaptaba a las necesidades de la CPA, y que el valor de locación propuesto por cuatro años era adecuado y razonable para el mercado local.
El 4 de agosto, Sassi autorizó el contrato de locación. Cuatro días después y ya en la etapa del control preventivo del TC, el arquitecto Juan Logusso solicitó un informe sobre las condiciones edilicias actuales del local elegido. El expediente fue a la CPA y volvió al TC, se hicieron algunas rectificaciones al contrato que, finalmente, fue suscrito el 29 de agosto. Un día después, Chenaut de Danielsen pidió el adelanto del pago según lo pautado en el contrato (las partes convinieron esa modalidad siempre que la Caja contase con partida presupuestaria para tal fin sin alterar el precio). Durante esa misma jornada, Sassi solicitó a la Gerencia General que arbitre las medidas administrativas para pagar de inmediato el 50% del monto total estipulado y el saldo en el plazo de 30 días.
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