01 Febrero 2012 Seguir en 
La maquinaria de los Tribunales provinciales recuperará hoy su máxima capacidad productiva. El ir y venir de empleados, funcionarios, jueces, litigantes y clientes despertará a los pasillos, mostradores, oficinas y cafés del sueño profundo de la feria estival. Comienza un nuevo año para lidiar con miles de expedientes pendientes de resolución y, también, para revertir las endémicas demoras tribunalicias, reto que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) pretende abordar con la puesta en marcha de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y del Cuerpo de Auditores (CA).
Ambos órganos fueron creados en 2010 con el objetivo expreso de mejorar el servicio que prestan los Tribunales. El presidente de la CSJT, Antonio Estofán, está seguro de que así será pese a que un sector de la familia judicial planteó sus dudas respecto de que los medios propuestos sean oportunos para los fines declamados. "Aquí no hay nada raro. Dejemos que las auditorías funcionen y veamos qué pasa", pidió Estofán en referencia al revuelo que generó el CA en la Asociación de Magistrados, que terminó 2011 oficializando su resistencia al proyecto en un texto donde ventiló que la Corte había hecho caso omiso de las críticas que formalizó en al menos tres notas dirigidas a su titular.
En lo esencial, la entidad alegó que las auditorías ponían en riesgo la independencia de los jueces y se superponían con la tarea asignada a la OGJ (posición compartida por la vocal Claudia Sbdar en su voto en disidencia en la acordada que aprobó el manual de funciones y procedimientos del CA). Por último, la Asociación notificó su disposición a judicializar el asunto.
El cuestionamiento es injustificado, según Estofán. "El objetivo del CA es controlar y evaluar el funcionamiento de las oficinas en armonía con la gestión judicial. No hay superposición entre ambos institutos. La Acordada 743, de creación del CA, que fue firmada por los cinco vocales de la CSJT, dice específicamente que las auditorías respetarán la independencia de los jueces. Hace tiempo leí que hay que sembrar transparencia para cosechar confianza... Veamos cómo funcionan", insistió.
El presidente del alto tribunal apuntó que concederá la audiencia que pidió la Asociación de Magistrados presidida por Liliana Vitar (vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción): "vi la nota recién este lunes (por el 23 de enero) y, bueno, los recibiré para tranquilizarlos en los primeros días de febrero". A continuación, manifestó que la Corte sí receptó los planteos de los magistrados durante el proceso de diseño del CA: "nos reunimos con la Asociación, hubo un planteo de objeciones y después seguí trabajando el proyecto con Eudoro Albo (par de Vitar en la Cámara y ex representante de los jueces en el Consejo Asesor de la Magistratura), que corrigió a mano alzada el borrador del manual de funciones y procedimientos... Yo acepté todas sus observaciones. Al final, solicitó la regulación de las auditorías de reacción inmediata o correctivas, cosa que haremos en el futuro" (el manual sólo desarrolla las llamadas auditorías preventivas).
El presidente de la Corte diagnosticó un "exceso de celo"; prometió que, si hace falta, hará reformas y declaró: "no soy un obtuso". Con tono conciliador, anunció: "nuestra política de Estado es lograr un acceso adecuado, razonable y oportuno a la justicia. Para ello, nos vamos a apoyar en un trípode: gestión judicial, auditoría y capacitación. Tenemos la facultad y el deber de ejercer la superintendencia".
Las primeras auditorías dependen de que el alto tribunal designe a los auditores (serán funcionarios y empleados de Tribunales). "La prensa no tendrá acceso a sus conclusiones porque esta instancia es de control o de evaluación, no para sancionar. Yo no voy a publicar en qué está fallando tal o cual juzgado", anticipó Estofán. Y formulada la pregunta "¿quién controla a los que controlan?", respondió: "la Corte es la garante del funcionamiento correcto del Cuerpo de Auditores".
Ambos órganos fueron creados en 2010 con el objetivo expreso de mejorar el servicio que prestan los Tribunales. El presidente de la CSJT, Antonio Estofán, está seguro de que así será pese a que un sector de la familia judicial planteó sus dudas respecto de que los medios propuestos sean oportunos para los fines declamados. "Aquí no hay nada raro. Dejemos que las auditorías funcionen y veamos qué pasa", pidió Estofán en referencia al revuelo que generó el CA en la Asociación de Magistrados, que terminó 2011 oficializando su resistencia al proyecto en un texto donde ventiló que la Corte había hecho caso omiso de las críticas que formalizó en al menos tres notas dirigidas a su titular.
En lo esencial, la entidad alegó que las auditorías ponían en riesgo la independencia de los jueces y se superponían con la tarea asignada a la OGJ (posición compartida por la vocal Claudia Sbdar en su voto en disidencia en la acordada que aprobó el manual de funciones y procedimientos del CA). Por último, la Asociación notificó su disposición a judicializar el asunto.
El cuestionamiento es injustificado, según Estofán. "El objetivo del CA es controlar y evaluar el funcionamiento de las oficinas en armonía con la gestión judicial. No hay superposición entre ambos institutos. La Acordada 743, de creación del CA, que fue firmada por los cinco vocales de la CSJT, dice específicamente que las auditorías respetarán la independencia de los jueces. Hace tiempo leí que hay que sembrar transparencia para cosechar confianza... Veamos cómo funcionan", insistió.
El presidente del alto tribunal apuntó que concederá la audiencia que pidió la Asociación de Magistrados presidida por Liliana Vitar (vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción): "vi la nota recién este lunes (por el 23 de enero) y, bueno, los recibiré para tranquilizarlos en los primeros días de febrero". A continuación, manifestó que la Corte sí receptó los planteos de los magistrados durante el proceso de diseño del CA: "nos reunimos con la Asociación, hubo un planteo de objeciones y después seguí trabajando el proyecto con Eudoro Albo (par de Vitar en la Cámara y ex representante de los jueces en el Consejo Asesor de la Magistratura), que corrigió a mano alzada el borrador del manual de funciones y procedimientos... Yo acepté todas sus observaciones. Al final, solicitó la regulación de las auditorías de reacción inmediata o correctivas, cosa que haremos en el futuro" (el manual sólo desarrolla las llamadas auditorías preventivas).
El presidente de la Corte diagnosticó un "exceso de celo"; prometió que, si hace falta, hará reformas y declaró: "no soy un obtuso". Con tono conciliador, anunció: "nuestra política de Estado es lograr un acceso adecuado, razonable y oportuno a la justicia. Para ello, nos vamos a apoyar en un trípode: gestión judicial, auditoría y capacitación. Tenemos la facultad y el deber de ejercer la superintendencia".
Las primeras auditorías dependen de que el alto tribunal designe a los auditores (serán funcionarios y empleados de Tribunales). "La prensa no tendrá acceso a sus conclusiones porque esta instancia es de control o de evaluación, no para sancionar. Yo no voy a publicar en qué está fallando tal o cual juzgado", anticipó Estofán. Y formulada la pregunta "¿quién controla a los que controlan?", respondió: "la Corte es la garante del funcionamiento correcto del Cuerpo de Auditores".
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