Una parte de la historia oficial se relató tras las elecciones de fines de octubre. La relacionada con la quita de subsidios y su consecuente incremento gradual en las tarifas de los servicios públicos privatizados. La mala costumbre tal vez haya sido dejar para otro momento -con menos impacto electoral- las medidas irritativas para el bolsillo de los argentinos. Hoy hay que pagar la fiesta. La gestión del gobernador José Alperovich ha decidido incrementar el gasto público en torno de un 40%. Casi en el mismo orden (un 37%) aumentará el impuesto Inmobiliario. Y ahora el agua, con una suba proyectada del 25%, se pone en esa sintonía fina de reajustes por doquier. Tal vez con tan elevado porcentaje el Poder Ejecutivo esté reconociendo que la inflación no es la que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sino más bien la del supermercado, esa que el otrora incondicional líder cegetista, Hugo Moyano, pregona que reclamará en las próximas paritarias. Es muy difícil que el próximo reajuste en los salarios esté en torno de aquellos aumentos en los servicios. Sencillamente porque ni el sector público, ni el privado tienen la espalda financiera suficiente para afrontarlo. Pero el que viene será un verano caliente.

Enero concentrará los incrementos del agua, del Inmobiliario y la discusión acerca de cuánto puede llegar a subir la boleta del servicio de electricidad (nadie arriesga aún cuánto será el porcentaje). Más o menos en el mismo período también quedará más claro qué sucederá con el gas. Hasta allí aquella parte del relato oficial. Sucede que para conocer los otros capítulos del ajuste, habrá que esperar algunos meses. Y es factible que sean dos años a puros aumentos. La lógica de la política sostiene que los dos primeros años de gestión generalmente sirven para acomodar los tantos y aplicar toda la cirugía necesaria en materia fiscal, con el fin de transitar el último bienio de mandato sin contratiempos. Ese ha sido, históricamente, el período de gracia que tuvo el gobernante, los años de vacas gordas o de fuerte peso institucional. Pero con Alperovich, que ya lleva ocho años en el poder, y con Cristina Fernández, que va por el quinto año como Presidenta, aquella lógica se trastocó.

La bonanza fiscal ha permitido al oficialismo disimular muchas de las antipáticas medidas que afectan al bolsillo de la familia argentina. El escenario 2012 parece que se modificará en tanto el precio de la soja siga bajando en el mercado internacional. Hay varios funcionarios provinciales que están preocupados por el panorama que se viene. Y más aún cuando desde la Casa Rosada no envían señales claras sobre el mecanismo de apoyo financiero para los distritos más endeudados de la Argentina. O más afines al poder del kirchnerismo, como Tucumán.

¿Por qué dos años a puros aumentos? Esto encuentra respuesta en dos instrumentos legales emanados desde el Gobierno. El decreto 292 que convalidó el reajuste del 37,55% en el impuesto Inmobiliario a partir de 2012 también da una pauta que más tarde que temprano, el Ejecutivo volverá a la carga con ese tributo, porque afirma que el índice oficial ha dado que la suba debería ser de un 73%. Así las cosas, es posible que el aumento también se evidencie en 2013, revalúo inmobiliario mediante.

Otro dato: al justificar el aumento del 25%, en el decreto 550, el Gobierno sostiene que la tarifa promedio comercial por metro cúbico de agua y cloaca en Tucumán es un 208% y un 34% menor a las prestadoras de Jujuy y Salta respectivamente. En la misma Casa de Gobierno afirman que, como están las cosas, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) no es rentable. A buen entendedor...